Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat de igual título. La aplicación del artículo 155, el art. de la dictadura "constitucional", en la forma desmesurada e ilegal en que se ha hecho, ha puesto todas las cartas boca arriba. Directamente responsables de la aplicacion de esta norma injusta, arbitraria e ilegal son el PP, PSOE y C's, como muy bien lo ha aseverado Joan Tardà en una intervención parlamentaria. Tres cuartas partes del Congreso, a favor del establecimiento de la dictadura de un gobierno corrupto en Cataluña. Si se añaden los 71 diputados de Podemos que, al parecer, no pueden (porque no quieren) presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a la norma, lo cual los convierte en cómplices indirectos de este atropello, la proporción llega al 92 por ciento de los diputados. Prácticamente toda la cámara y todo el electorado.
Así que el que ejerce la dictadura en Cataluña, vulnera los derechos y libertades de los catalanes y actúa de modo tiránico no es solo el gobierno, sino todos los partidos españoles, a los que se añaden entusiastas, los jueces, los curas y los periodistas a mogollón. Todos rivalizando a ver quién miente más sobre Cataluña, quién provoca más, quién es más insultante y opresor.
Los indepes no cuentan con apoyo alguno en España, ni en las instituciones, ni en los partidos ni en los medios, ni en la opinión. El solecismo "a por" ellos, aparte de demostrar la incultura de la gente revela que quienes se orientan contra los catalanes no son solamente el gobierno o los partidos, sino el conjunto del pueblo español. Es una dictadura de la mayoría española sobre la minoría estructural catalana.
Aquí, la versión castellana:
La dictadura española
254 diputados del Congreso, los
del PP, PSOE y C’s, apoyan activamente el estado de excepción encubierto del
155 en Cataluña, esto es, una norma de plenos poderes que suspende de hecho la
Constitución. Ya no es una dictadura del PP, sino de casi las tres cuartas
partes de la cámara. Si añadimos los 71 diputados de Podemos que, sin formar
parte del bloque del 155, lo toleran pues, pudiendo, no lo han recurrido ante
el Tribunal Constitucional, llegamos a 325 escaños, el 92 por ciento de la
cámara. Prácticamente todos los representantes españoles. Esto es ya una
dictadura española a secas, una dictadura de la mayoría española sobre la
minoría nacional catalana, sobre una minoría estructural. ´
Que se trata de una dictadura es
evidente, por más que el gobierno y sus aliados españoles, así como su frente
propagandístico mediático, hoy encabezado por El País, la SER y el grupo PRISA traten de embellecerla y
disfrazarla de algo distinto. No hay duda viendo sus muestras: el vandalismo
policial del pasado 1/10 (por el que, lejos de sancionar a los policías y
guardias civiles, se los ha condecorado), la virtual ocupación de Catalunya por
una fuerza policial/militar de más de 10.000 agentes, la intervención y asfixia
económica de la Generalitat, la persecución y encarcelamiento de unos
dirigentes y el exilio de otros, la aplicación del derecho penal del enemigo,
el proceso inquisitorial de convicciones hecho a los acusados, la censura y
manipulación de los medios públicos de comunicación, el hostigamiento
permanente de los independentistas por medio de la Junta Electoral, utilizada
como brazo ejecutor del gobierno, la posible persecución judicial a Marta
Rovira.
Todo ello muestra un régimen de
persecución ideológica y arbitrariedad administrativa y judicial que ignora la
división de poderes y conculca los derechos y libertades de los ciudadanos. O
sea, una dictadura civil apoyada en una norma de excepción, ella misma ilegal y
con el apoyo directo o indirecto de todas las fuerzas políticas representativas
de España.
Es una dictadura española sobre
Catalunya, la manifestación permanente de la tiranía de la mayoría española
sobre la minoría estructural catalana. Lo que siempre ha sido por debajo de la
retórica unionista de la nación española el intento de asimilación cultural y
aniquilación de la nación catalana que ha pasado de ser latente a ser
manifiesto con el aplauso del conjunto del pueblo español, salvas
insignificantes excepciones. Esta dictadura es la que impone a palos la
oligarquía española, con la colaboración de la oposición parlamentaria, el
recurso a la guerra sucia policial, el respaldo del ejército, presto a
intervenir, el apoyo activo del capital del Ibex35, la bendición de la Iglesia
católica y la justificación de los medios de comunicación.
O sea, lo de siempre. Pero ahora
más evidente que nunca debido a la internacionalización del proceso, que obliga
a tener en cuenta procedimientos y garantías nada habituales en España pero sí
en el extranjero y, sobre todo, en Europa que, aunque a regañadientes, se ha
visto obligada a prestar atención a este conflicto y a no ignorar las
consecuencias del evidente rebrote del fascismo español. Y tendrá que ser
beligerante cuando el 21D triunfe el independentismo y ese fascismo pretenda
intensificar sus atropellos y prácticas dictatoriales contra una población
pacífica e indefensa que pretende gobernarse a sí misma.
La dictadura española en Cataluña
ya no es un “asunto interno” sino que involucra a la comunidad internacional y
a la Unión Europea en concreto cuando el gobierno y sus aliados del PSOE y C’s ignoren
el resultado de las elecciones y pretendan seguir reprimiendo mediante la
arbitrariedad y la violencia. El derecho internacional llamado “humanitario”
reconoce el deber de injerencia de la comunidad internacional en los casos en
que un Estado proceda con represión e injusticia en contra de su propio pueblo
o parte de él.
No se puede dejar la ciudadanía
de un Estado al arbitrio de un gobierno tiránico. Los catalanes no pueden
esperar apoyo del resto del Estado, ni de sus partidos y organizaciones ni de
sus ciudadanos. Tienen que alcanzar sus objetivos con sus solas fuerzas, las de
una sociedad movilizada y unas instituciones sociales y políticas dirigidas por
quienes han demostrado voluntad de sacrificio por defenderlos.
Solo pueden –y deben-recurrir al
amparo internacional, el único foro en el que encontrarán eco. Corresponde
hacerlo en un sentido estricto y otro más amplio. En el sentido estricto, se
debe exigir la presencia de observadores internacionales en las próximas
elecciones que garanticen su limpieza e impedir que el gobierno encargue el
recuento a una empresa corrupta a su servicio con la misión de manipular y
falsificar dichos resultados.
En un sentido más amplio,
Catalunya debe acudir a todos los foros internacionales a hacer valer sus
derechos y, si necesario es, por la inercia y los compromisos institucionales
de los Estados, reclamar la constitución de un tribunal internacional para
Cataluña, una especie de nuevo tribunal Russell, que haga justicia a las
legítimas aspiraciones de un pueblo, aplastadas por el último Estado fascista
en Europa.
