Revolución catalana. Acto III: El exilio y el reino

A veces me tachan de hiperbólico por hablar de Revolución catalana. No será para tanto. Pero sí, bien se ve, para la rebelión. Grandes palabras. Aquí se avecina la habitual polémica jurídica sobre la tipificación del delito presunto. ¡Falta el inexcusable requisito de la violencia! se indignan algunos. Eso ya lo ha pensado este fiscal que está en todo, incluido el mundo de la fición novelesca. El asunto depende, razona el jurista, de lo que se entienda por violencia y, para ello, nada mejor que proporcionar una medida objetiva: la votación del referéndum (ese que no existió, según doctrina de su jefe) fue en realidad, un "levantamiento violento". El mismo fabulador ya había dado muestras de su encendida prosa en su requisitoria para procesar a los dos Jordis ante el TSJC, calificando las multitudes o muchedumbres causantes de los supuestos ilícitos de turbas. No le salió en el TSJC que, al parecer, no apreció delito en las turbas y su señoría llevó los papeles a la Audiencia Nacional, dándose la feliz circunstancia de que estaba de guardia la jueza Lamela quien entendió enseguida la perversidad de las turbas y encerró sin mayores miramientos a los dos Jordis.

No hubiera sido preciso hilar tan fino (si tal puede decirse) con las turbas. La jueza Lamela ya dio en su escrito justificando la prisión preventiva sin fianza prueba de una fecunda imaginación para encajar tipos delictivos a su buen criterio. De forma que, oh nueva dicha y felicidad, Lamela vuelve a estar de guardia cuando el fiscal presenta la querella por rebelión contra Puigdemont. Suena, ¿verdad? "Puigdemón a prisión" gritan los manifestantes y coreaban hace poco unos funcionarios del Tribunal Supremo, en evidente muestra del clima de imparcialidad de todos los estamentos de la justicia.

Fulminante, la jueza, cita a declarar al MHP y sus colaboradores mañana y ya les ha preparado fianzas de seis millones de euros. Como es altamente previsible que no comparecerán, habrá de librarse una orden europea de detención que iniciará un largo proceso de actos administrativos, judiciales, recursos, alegaciones, contrarrecursos, apelaciones. 

A lo largo de él habrá tiempo para acumular pruebas más que de sobra para demostrar que no hay ninguna posibilidad de garantizar un juicio justo a Puigdemont. No es muy trabajoso. Basta recordar que España ocupa el lugar vigésimo segundo de los  28 Estados de la UE y el septuagésimo segundo de los 148 analizados en el Foro Económico Mundial en punto a independencia judicial y es probable que hasta el ministro Català entienda que alguna relación hay entre las garantías de juicio justo y la independencia judicial. Cuando se tienen estas calificaciones es muy difícil convencer a nadie (salvo quizá a los croatas o a los iraníes, que aun están peor) de que en España cabe garantizar un juicio justo a nadie. Con mayor razón a Puigdemont, cuya peripecia jurídica resume nuestro fiscal literato como "Más dura será la caída". Es decir, el hombre llevaba tiempo pensando en su desquite.

Pero se va a quedar con las ganas y es de temer que la jueza Lamela también. Deberán conformarse con administrar su justicia en tonos menores, procesando aquí a allá a quien puedan y desmantelando organismos e instituciones de la Generalitat. En esto, Rajoy ha entrado como el ejército imperial en Roma en 1527, a saco. Parece poseído de un frenesí destructivo: ha suprimido el Consejo Nacional para la Transición (quizá en un acto fallido) y todos los institutos y órganos del autogobierno, con especial saña el llamado Diplocat.

Y no iba a suspender la autonomía de Cataluña, no. La ha aniquilado. Para nada. Porque es imposible que la virreina y el consejo del virreinato puedan hacer algo con una administración animada de un espíritu de resistencia pasiva y desobediencia no violenta en todos los niveles, desde el autonómico al municipal. 

No hace falta remontarse al Duque de Alba. Basta señalar los tres ejes que definen el momento español como una remake del franquismo: tenemos cientos de miles de emigrantes ganándose la vida como pueden, tenemos presos políticos y un gobierno en el exilio. Lo suficiente para convencer a cualquier autoridad belga, administrativa o judicial, unipersonal o colectiva. No hay garantías de un juicio justo para Puigdemont porque esta sigue siendo la España de Franco.

Ese periodo de pugna jurídica irá paralelo a los preparativos para las elecciones del 21D, convocadas, obviamente, por presión europea y a regañadientes del gobierno. Las elecciones dilucidarán la pugna judicial: si los indepes las ganan, Puigdemont regresará a España como presidente del govern; si las pierden, como presunto delincuente.  La sociedad catalana, el electorado catalán está forzado a una decisión entre salvar a su presidente o dejarlo a merced de unos vencedores que de sobra han demostrado no tener ninguna. El voto se volcará a favor del Presidente. Es de prever una mayoría independentista superior a la de diciembre de 2015. 

Frente a ella, la derecha afila dos guadañas. Una es la grosera: se aplica de nuevo el 155 y se vuelve a aplicar hasta que los catalanes voten como Santiago y cierra España manda. La otra es la refinada: se recuerda que unos resultados electorales no pueden eximir de responsabilidades penales y, por tanto Puigdemont deberá ser procesado aun habiendo sido elegido. 

La inopinada finta de Puigdemont ha internacionalizado de golpe el conflicto y lo ha situado en el corazón de Europa que ahora seguirá el desarrollo de las elecciones con suma atención. Al igual que lo hará con el trato que reciba durante la campaña electoral una población muy activa y muy movilizada en materia de derechos y libertades. 

Querían unas elecciones autonómicas y se han encontrado con el referéndum que se negaron a aceptar de principio y por principio y, encima, bajo los focos de la atención mundial.

Si ganan los independentistas, Cataluña habrá consolidado su República. ¿Es o no una revolución?  Y los reconocimientos exteriores empezarán a llegar.  

Puigdemont en el exilio

Ironías de la vida. Quiere el destino que Puigdemont esté hoy paseando por esas calles de Bruselas por las que también anduvo Karl Marx, en su exilio belga entre 1846 y 1848, periodo en que se escribió El manifiesto del Partido Comunista. Hoy no es el fantasma del comunismo el que recorre Europa. Es el del nacionalismo. Algunas de las fuerzas que entonces se unieron para conjurar el primero siguen presentes; las más, han desaparecido, pero su lugar lo ocupan otras nuevas. Ayer:  el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Hoy: el Papa y Juncker, Rajoy y Macron, los progres griegos y la CIA yanqui. 

Aquí mi artículo de hoy/mañana en elMón.cat, titulado "Desde Bruselas con firmeza y dignidad". No es necesario extenderse mucho. Creía el triunvirato del 155 (el Sobresueldos y sus dos monaguillos) que bastaría con dar un golpe de Estado, tomar medidas represivas y prevenir a sus jueces de guardia para que cumplieran con su rol de sombríos ejecutores para que la resistencia del independentismo se desmoronara.

Es el lenguaje típico de la derecha española (esa que es extrema derecha, pero se llama "centro derecha"): represión, violencia, agresión. No saben gobernar sin montar guerras. Gobernó Aznar y nos metió en una guerra internacional (doscientos muertos y mil heridos); gobierna el Sobresueldos y nos mete en una guerra interna (por ahora, mil heridos, pero no ha hecho más que comenzar), marca de la casa que la izquierda socialista, convertida en barragana del poder, aplaude con grititos de alegría. 

Pero esta vez, las cosas serán distintas. El enemigo de esta coyunda de oligarcas, curas, ladrones, fascistas y miserables comparsas socialistas que se manifiestan junto a los franquistas mientras los suyos, asesinados por estos, siguen en las cunetas está más fuerte que nunca, más únido que nunca y tiene unos dirigentes de probada voluntad independentista. Es posible que Puigdemont, como Marx, como Trotsky en su día, como Asange hoy, tenga que seguir peregrinando en busca de asilo. Pero la victoria del independentismo está cantada.

Aquí, la versión castellana:

Desde Bruselas, con firmeza y dignidad

¿Qué cabe pensar de un Estado cuyo Fiscal General, reprobado por el Parlamento, encabeza un escrito de querella judicial contra unos ciudadanos con el título (por lo demás bastante manido) de “Más dura será la caída”? Obviamente, que el Fiscal no es digno del cargo. Pero que este funcionario, movido por el odio, revele su talla moral de pigmeo, muestra también que el Estado no existe como Estado de derecho, sino como una partida de la porra. Una partida que se mueve al grito ese de sus cultas huestes del “a por” (sic) ellos”.

Que el Estado español –al que la prensa del régimen llama “democrático de derecho”- es un Estado del “a por” ellos se demuestra también por el hecho de que haya encarcelado sin base jurídica y por razones políticas a dos ciudadanos a los que mantiene en prisión como rehenes. Un Estado con presos políticos y cargos públicos democráticos en el exilio no puede ser de derecho. Por el partido del gobierno que lo rige, el partido de la Gürtel, parece y actúa más como una mafia que como un Estado.

La mafia del 155, nieto del artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919, con el cual se abrió el camino a Hitler, el holocausto y la guerra. El artículo de la llamada “dictadura constitucional” que el presidente de los sobresueldos está dispuesto a emplear hasta sus últimas consecuencias que, por fortuna, ya no incluyen la de contar con esbirros que le entreguen al presidente de la Generalitat para hacer con él lo que su portavoz Casado anunciaba con fruición, convertirlo en un Companys.

Frente a este atropello a la tradición de libertad y democracia de Europa, Puigdemont ha tenido el acierto de presentarse en el corazón mismo del continente, en ejercicio de sus derechos de ciudadanía europea. La ciudadanía cuya naturaleza desconoce Rajoy porque también desconoce la de la ciudadanía española en la medida que tenga algo de dignidad y, por supuesto, la catalana, que le produce urticaria.

Aparte de este valor simbólico de la comparecencia de Puigdemont, deben considerarse dos factores más. En primer lugar, el presidente sigue al mando y cumpliendo su función de legítimo representante de la República Catalana, a la par que dando a esta una visibilidad y proyección internacionales que jamás han conseguido los grises miembros de la partida de la porra que pasa por gobierno de la “gran nación”.

Es decir, toda la maledicencia, el veneno, el odio en bruto que destilan los medios del régimen de la restauración (todos, públicos y privados) y la suciedad que vierten los plumillas y esbirros a sueldo no pueden ocultar que Puigdemont está en donde tiene que estar. Sin defraudar, ni traicionar, ni acobardarse, ni fallar o engañar a sus seguidores como sí han hecho, en repetidas ocasiones sus adversarios, Rajoy, Sánchez e Iglesias.

En segundo lugar, la comparecencia tiene un valor estratégico. Puigdemont, al frente de un movimiento independentista fuerte, pacífico, democrático y más cohesionado que nunca, acepta el reto de las elecciones del 21D, impuestas por la fuerza bruta del ocupante con la ineptitud que lo caracteriza. Porque todo este caos, vandalismo policial, arbitrariedad política, odio de la fiscalía y manipulación de las instancias judiciales (el fiscal ha presentado la querella estando de guardia la jueza Lamela, con lo que ya se sabe de antemano cuál será el resultado), se hizo para evitar un referéndum de autodeterminación. Pero el resultado es que ahora será el propio gobierno del partido más corrupto de Europa el que tendrá que organizarlo legalmente y bajo supervisión directa o indirecta de las autoridades extranjeras ya que nadie, absolutamente nadie, se fía de una gente acostumbrada a “ganar” elecciones haciendo trampas y cometiendo presuntos delitos.

Las elecciones del 21D son el referéndum que el triunvirato nacional español (Rajoy, Sánchez, Rivera) ha tratado de impedir sin conseguirlo. Los más listos del bloque español (alguno hay) ya se han percatado de la metedura de pata de poner como castigo precisamente la consulta por la que el independentismo lleva años luchando ¡y sin poder hacer trampas!

Para arreglarlo, el vicepresidente del Senado del PP, que no se cuenta entre la minoría mencionada, ya ha hecho saber que, si el resultado de las elecciones vuelve a ser mayoría independentista, volverá a aplicarse el artículo de la dictadura y, es de suponer, así se seguirá hasta que los catalanes se dobleguen y voten a los representantes de la España eterna oé, oé, oé, PP, PSOE, C’s, Podemos, los Arrimadas, Albiols, Icetas o Colaus, putas y ramonetas todas juntas.

Proclamar la voluntad de eternizar la dictadura, cuando la Europa democrática se encuentra directamente involucrada en un conflicto del que no ha podido escaparse gracias a la visión y la capacidad de liderazgo (plurilingüe, por cierto) de Puigdemont es, quizá, la penúltima prueba de cómo aquellos a quienes los dioses quieren perder, primero los vuelven locos.

Aguas bravas

La revolución catalana ha entrado en zona de rápidos. Los dieciocho meses de la anunciada hoja de ruta transcurrieron más o menos según lo previsto en medio de la indiferencia, la incomprensión y el desdén de las autoridades centrales y sus oposiciones. La prometida transición de la autonomía a la pre-independencia culminó cuando el pasado 27 de octubre, el Parlament votó la independencia de Cataluña en cumplimiento del mandato recibido en el referéndum del 1/10. Éxito rotundo.

Precisamente ese éxito provocó la abrupta respuesta del gobierno de activar el 155 y entrar a saco en el autogobierno de Cataluña, convocando al mismo tiempo elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. El 155 es, en realidad, una ley de plenos poderes puesto que el único limite es el control del Senado, en donde el partido de la Gürtel tiene mayoría absoluta. Es una dictadura sin más, amparada en un artículo de la Constitución para cargarse la Constitución, para suspenderla sin decirlo, para hacer normal el estado de excepción. El empleo de la coerción es máximo, teniendo en cuenta que el bloque independentista mantiene su actitud radicalmente pacífica.

Fastidia mucho pero debe recordarse que, en todos estos años, la violencia en Cataluña solo ha venido de fuera, con las fuerzas de seguridad y militares de la Guardia Civil y las bandas de nazis, sembrando el terror por donde pasan.

Ese espíritu de resistencia pacífica es el que va a encontrar la administración colonial que pretende gobernar Cataluña como gobierna el conjunto de España. Descabezado el movimiento, con unos dirigentes en la cárcel y otros que se han salvado por los pelos pero están en el exilio, el cálculo de la autoridad ocupante es que esa resistencia se mostrará los primeros días y, luego, irá amainando hasta apagarse por entero.

Efectivamente, es una posibilidad. Pero una que choca con dos hechos: uno pasado y otro presente. El pasado es el referéndum del 1/10, los tres millones de votantes, los dos millones doscientos mil votos con un 90% de síes, los más de mil heridos. Es un hecho que supone un legado y un compromiso ahora. Porque el independentismo es un proceso vivo, no un plan de laboratorio y se siente moralmente obligado a continuar una tarea que viene de atrás. El presente es la realidad de una sociedad muy movilizada y organizada en redes con un gran dominio del universo internet. Una estructura, una organización distribuida, no necesitada de grandes jerarquías, capaz de actuar con rapidez y que solo necesita comunicación con sus líderes, cosa imposible de impedir en nuestra era. 

Y esa es la cuestión. ¿En dónde deben estar los líderes? Sin duda hasta cuando están en la cárcel, como los dos Jordis, mantienen un grado alto (aunque mermado) de visibilidad y capacidad de orientación como símbolos. Pero serán más útiles a los fines colectivos manteniendo plena capacidad operativa, esquivando la prisión y constituyéndose en el exilio. Aquí interviene la habitual mala fe del debate político, cuando muchos críticos entienden el paso de Puigdemont a Bruselas, como una huida, una cobardía, un dejar en la estacada a sus seguidores. La política es así: si, además de criticar al enemigo se puede desmoralizarlo, seguro que se hace. 

Sin embargo, la marcha al exilio de Puigdemont tiene más interpretaciones. En primer lugar, mayor internacionalización del conflicto, más debate, más escándalo, más atención internacional sobre la situación en Cataluña, cosa que odian el gobierno y su auxiliar, el PSOE. Con ello, además, mantenimiento de la legitimidad de la República Catalana en el exterior con la expectativa de que haya reconocimientos. En segundo lugar, conservación del liderazgo del independentismo. La cabeza está en el exilio; pero está y en fluida comunicación con las redes del movimiento. Las acibaradas dudas sobre si Puigdemont huye o se mantiene en su puesto chocan con una experiencia: desde el comienzo de la hoja de ruta no ha fallado nunca. El exilio y el reino. La República frente a la Monarquía.

El asunto entrará en los intríngulis judiciales, unas corridas que no serán tan prolongadas como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto pero tampoco tan rápidos como las prohibiciones que ese mismo tribunal llueve sobre Cataluña prácticamente a diario. Tanto que hay quien lo llama TCpC, Tribunal Constitucional para Cataluña.

La ocupación del Principado tiene como objeto organizar las elecciones del 21D. El independentismo se inclina por participar. La ANC ya lo pide claramente. Esta previsión de elecciones ipso facto tiene pinta de ser una exigencia exterior. La vicepresidenta calculaba un plazo de seis meses 155 en ristre y quizá más. En dos meses hay una alta probabilidad de que el resultado sea una mayoría independentista. En todo caso, pues Europa está atenta, el partido de la Gürtel no podrá hacer las habituales trampas o, al menos, no tan descaradas. Y, por su formidable inteligencia se encuentra, al organizar estas elecciones con que, en realidad, está organizando el referéndum que quería evitar a toda costa.

Porque, es obvio, no pueden hacerse trampas. No cabe ilegalizar las opciones independentistas, ni excluir de las candidaturas a los represaliados. Puede ser un voto masivo independentista para sacar a los Jordis de la prisión y devolver su cargo a los miembros del Govern.

"¡Ah!"- afirma el vicepresidente del Senado, - "si vuelven a ganar los indepes, volvemos a aplicar el 155". Bienaventurados los pobres de Espíritu porque de ellos será el Senado. Eso ya sería la reválida de la dictadura.

Poder dual, acto II

El conflicto catalán ha entrado en una fase de enfrentamiento institucional y configura lo que Palinuro aventuraba hace una semana (casi un año para tiempos de normalidad) como una situación de poder dual. Más o menos, lo que está configurándose en la actual pugna entre el poder del Estado y el de la Generalitat. Este parece consistir en realidad en el que ejerzan quienes no acaten la decisión del gobierno de destituirlos. Se perfila un liderazgo fuertemente pesonalizado en las figuras de Puigdemont y Forcadell y que cuenta con una apoyo social generalizado. Solo así entiende el mensaje del presidente pidiendo una oposición pacífica y perseverante al 155. Es un mensaje dirigido a la sociedad en su conjunto.

La suspensión de la autonomía catalana (pues suspensión es, diga Rajoy lo que diga) no va a ser fácil de gestionar. Si las autoridades catalanas se niegan a acatar su destitución y siguen tomando medidas en infracción de la decisión de la autoridad, esta tendrá que emplear medios coercitivos mayores, sin que quepa excluir la detención, el encarcelamiento del Presidente y, quizá otros cargos. En ese momento se habrá acabado la historia del poder dual. Desde la cárcel, se puede poco. 

¿O no? Para quien las toma (el gobierno y sus aliados del triunvirato nacional) las medidas represivas contra las personas en rebeldía, resolverán el problema catalán porque desmovilizarán la resistencia social. De hecho, la permanencia en prisión de los dos Jordis, presos políticos, demuestra que la represión funciona. Insisto. O no. O esas medidas deben ampliarse a otras autoridades y cargos menores en otros niveles que también se nieguen a cooperar. Por ejemplo, es imaginable que muchos colegios que abrieron el 1/10 para el referéndum prohibido piensen ahora en cerrar para una elección decidida por una autoridad extranjera. Y no serán los únicos casos de desobediencia punible. De los 700 alcaldes independentistas muchos se negarán a acatar otra autoridad que no se la Generalitat. Habrá que procesar o sancionar a media Cataluña. 

Es el famoso poder de los sin poder, una vez que tienen un objetivo por el que movilizarse y sacrificarse y cuentan además con unos líderes competentes. 

Hoy hay en Barcelona una manifestación por la unidad de España convocada por la Societat Civil Catalana, una organización conservadora con tintes reaccionarios, al menos en su fundación. Se prevé sea multitudinaria, para mostrar la fuerza del nacionalismo español. Acuden representantes de todo el abanico político, desde el extremo comunismo de Paco Frutos a la tibia socialdemocracia, por la izquierda. La asistencia de la derecha está toda garantizada. A saber hasta dónde, si hasta la extrema derecha, que suele hacerse presente agrediendo a alguien. Eso también dependerá de la cantidad de autobuses que lleguen. Esta vez Borrell no habla, pero llama a participar. Ignoro si, además, se ha pedido que los asistentes no lleven demasiados símbolos franquistas. 

Es un conflicto político y constitucional. Ya se vio que no podía tratarse como un mero problema de orden público, con medidas represivas ordinarias. Ha habido que intensificar la represión y no hay trazas de arreglo sino de lo contrario, de agudización de la crisis. Y eso con un gobierno embadurnado de la corrupción de la Gürtel hasta las entretelas, empeñado en que Cataluña pague el coste de ocultar su implicación y responsabilidad en una trama criminal.

Así que sí, sigue, el poder dual. 

Vía libre a la dictadura

Breves horas ha tardado el gobierno del partido de la Gürtel en responder al mejor estilo autoritario. Siguiendo su costumbre, Rajoy da por no declarada la independencia ni la República Catalana, igual que decretó la no existencia del 9N, del Referéndum, de la DI. Pero, acto seguido, destituye 52 cargos públicos de la Generalitat, entre ellos el govern en pleno, clausura el Parlamento catalán (con la secreta nostalgia de hacerlo como Franco, por 40 años), prohíbe las manifestaciones públicas que no sean autorizadas por el ministerio del Interior y convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, jueves. Quienes se asombran deben recordar que el domingo es 24 de diciembre, cuando los españoles escuchan arrobados a su Rey, que el jueves siguiente es 28 (cosa arriesgada) y el domingo siguiente, 31, cava (no catalán, por supuesto) y Nochevieja.

Lo peculiar aquí no es el día concreto de la convocatoria sino el hecho de que esta (así como los otros actos) se haya producido. Habiendo declarado el Parlament la independencia de Cataluña y proclamado la República Catalana, lo lógico será preguntar desde cuándo un presidente de un gobierno convoca elecciones del tipo que sean en el país de otro. Para el gobierno, el triunvirato nacional español y los dos referentes de la "auténtica izquierda", Garzón y Podemos, que van por ahí tachando de ilegítima la DI, por supuesto, la independencia y la República Catalana son ilegítimas, ilegales, delictivas... de acuerdo con su legislación. Ningún país del que otro se separa reconoce la legalidad de las medidas de este; no lo hizo Inglaterra con los EEUU ni España con los países latinoamericanos. Ninguno. Esas medidas serán siempre ultra vires, fuera de las competencias del país que se separa. A su vez, para este, las leyes y medidas del país del que se separa no son válidas en su territorio.

Dicho en otros términos más crudos. ¿Qué sucede si las autoridades destituidas y los órganos disueltos se niegan a ser disueltos y destituidas? Es un problema de prevalencia de normas que tiene dos aspectos, uno político y otro jurídico. El político es muy sencillo: ningún Estado admitirá jamás un poder rival en lo que considera su territorio, una dualidad en la que el otro Estado no reconozca su autoridad. Tendrá que proceder contra él aplicando la coerción. En qué medida, dependerá de la resistencia que el otro ejerza. Incluso es posible que, ante una situación de previsible desobediencia muy generalizada, el Estado no consiga imponer su autoridad como monopolio legítimo de la violencia. En ese momento, el problema estará resuelto por la vía de hecho.

El aspecto jurídico también es sencillo. El Gobierno (el Estado) se ampara en el artículo 155 de una Constitución que está obligado a respetar y hacer respetar. Cerremos los ojos a la circunstancia de que ese gobierno no se caracteriza por respetar mucho la Constitución. Eso es aquí irrelevante. Pero ¿y el hacer respetar? Ahí está su punto fuerte: se ampara en un artículo de excepcionalidad para salvar la Constitución en peligro. El artículo 155, traducción literal del 37 de la Ley Fundamental vigente en Alemania y reproducción del 48 de la Constitución de Weimar, el llamado "artículo de la dictadura constitucional", es justo el que invocó el presidente von Hindenburg para dar paso a Hitler que, a continuación, se cargó la Constitución. Lo más probable es que quien pone en marcha la dictadura constitucional (un verdadero oxímoron) vaya por la Constitución, como los policías de Huelva iban "a por ellos" al dirigirse a Cataluña.

Y es así. El 155 es deliberadamente impreciso para dejar manos libres al gobernante y que haga mangas capirotes con las libertades y derechos de los ciudadanos, la democracia y el mismo Estado de derecho. Habla de adoptar las "medidas necesarias" para los fines del gobierno, en el entendido de que por "medidas necesarias" entenderá lo que le dé la gana: por ejemplo, convocar elecciones cuando le plazca, pero permitir que se presenten solamente partidos de su bola y no otros. Por ejemplo: elecciones en Cataluña habiendo prohibido los partidos independentistas.

Sería, más que dictadura, verdadera tiranía. Y por eso, se dice, no puede pasar porque el mismo 155 tiene una clásula garantista: las medidas propuestas por el gobierno deben ser validadas por el Senado. Estamos en un sistema democrático parlamentario, caballero. Lo mismo hace el 37 de la Ley Fundamental alemana: exige el acuerdo del Bundesrat o cámara de representación territorial que, a primera vista es equivalente al Senado. Pero solo a primera vista porque a segunda y sucesivas, son radicalmente distintas: una, la alemana, es una cámara seria, no legislativa (excepto en cierto tipo de leyes que precisan su aprobación), no electiva y compuesta por representantes de los gobiernos de los Länder. La española es un chiste, pues es cámara legislativa (aunque, en realidad no legisla ni hace nada de relieve), es electiva (pero con un sistema distinto del Congreso y pensado para privilegiar la representación de las zonas agrarias, menos pobladas del país) y está compuesta por los mismos partidos políticos del Congreso. Los senadores suelen ser "ángeles Sí Señor" de sus grupos. A los efectos prácticos, este remedo de cámara, además, padece una mayoría absoluta del partido del gobierno con lo que este tiene garantizado que el Senado, servicial, validará lo que se le presente. 

Rajoy asegura que no suspende la autonomía de Catalunya y, por una vez en la vida, dice verdad. No la suspende: la elimina. Como elimina el Parlamento, al tiempo que se apresta a gobernar en un plano de relación metrópoli y colonia más o menos rebelde. ¿Hasta qué extremo? Hasta el que considere "necesario". ¿Hasta qué extremo considerará "necesario"? Dependerá de dos factores que, obviamente, el triunvirato nacional ha infravalorado: la resistencia de la gente y el apoyo exterior. Puigdemont avisó en su día: "no menosprecien al pueblo de Cataluña". Buen consejo, aunque no para la derecha que quiere derrotarlo precisamente porque conoce su fuerza y la teme, sino para la izquierda. A ver si los de la "verdadera" etc., dejan de contar los pelos al rabo de la esfinge de la legitimidad y se enteran de que se quiere perpetrar un ataque contra un pueblo que lucha por su emancipación democrática y pacíficamente. Que esté equivocado, como sostienen los dos genios Iglesias y Garzón, conocedores siempre de la verdad, no quiere decir que no sea una lucha democrática, popular y, con perdón, señorías, revolucionaria. Es una desgracia, desde luego, que no la dirijan ustedes, pero tengan cuando menos la honestidad de reconocerla. Del PSOE nada que decir: comparte gustos y disgustos con la derecha y, como demostrará mañana el PSC manifestándose con los de SCC, también actividades prácticas.

El 155 es la vía libre a la dictadura y la arbitrariedad. Solo la parará el propio movimiento independentista perseverando en su actitud democrática y no violenta. Y la vigilancia exterior. El govern confía en el trabajo hecho hasta hora en Diplocat y espera recoger los frutos en forma de tempranos reconocimiento. Mucha gente está algo desilusionada porque los países europeos no hayan reconocido la República Catalana a la media hora de proclamarse. Estas cosas llevan tiempo, poco, sí, pero alguno para algunos trámites de iniciativa, debate y decisión. Cierto que algunos reconocimientos exteriores serían límites serios a la arbitrariedad del gobierno en Cataluña. Tusk ha mandado un aviso de urgencia y media docena de países europeos, Eslovenia, Estonia, Letonia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, podrían reconocer la República Catalana. Y, según mis noticias, se abre paso una acción colectiva en varios países latinoamericanos para hacer lo mismo.

No tengo nada claro que vayan a celebrarse esas elecciones. Pero sí empiezo a sospechar que quizá se celebren antes en España, si alguien cae en la cuenta del majestuoso fracaso protagonizado por la nacionalismo español, que tuvo 18 meses de plazo (la hoja de ruta) y no hizo nada, salvo llevar el país a una situación de fractura en la que inevitablemente tendrá que intervenir la UE. 

Las horas vivas

Ayer, durante unas horas, un país entero pasó por el diván del psiquiatra. Unos entraron con depresión y salieron eufóricos y otros entraron triunfantes y salieron, literalmente, sin voz. ¡Cuántas cosas se dijeron y cuántas se callaron que serán pienso de arrepentidos!

Habrá, hay ya, todo género de interpretaciones. Que si las dudas, los miedos, las presiones, el Ibex, el Rey, el Pentágono, Putin, los finlandeses, la UE y el sursum corda. Por cierto, en un aparte, para no enfurecer más a la fiera, vaya con el "asunto interno" español. Las negociaciones frenéticas, las amenazas aquí, los desplantes allí, dimisiones, acusaciones, los muy buena tinta e informaciones de buena fuente. Ni Puigdemont sabía a las 10:00 lo que diría Puigdemont a las 13:00, a las 14:00, a las 17:00. Claro que no; porque dependía de la respuesta que obtuviera del gobierno a la primera oferta -hecha en plan de rumor- de convocar elecciones a cambio de la retirada del 155 y, de paso, de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Y este es el meollo del asunto, el charco al que el gobierno se tiró de cabeza con su habitual ineptitud. Ayudaron mucho los socialistas cuya alma buena de Sechuán está consiguiendo destrozarlo todo y que, encima, le caiga sobre la cabeza. Habiendo apoyado la aplicación del 155, se lo cambian a la desesperada a Puigdemont por unas elecciones que eviten la DI. Pero ellos no son quienes para prometer nada porque el 155 depende del Senado con mayoría absoluta del PP. Cuando Puigdemont puso en marcha el rumor de aceptar la oferta, al PP le faltó tiempo para destruirla, afirmando que las elecciones no pararían el 155. Los socialistas se quedaron agarrados a la brocha y sin escalera. Y luego llegó la seria y solemne declaración en el Palau, cuyo aire gótico dejó a la vicepresidenta sin voz.

El MH fue muy contundente al calificar el 155 de abusivo y fuera de la ley y sostener que no hay garantías democráticas para la celebración de elecciones. Obsérvese cómo, quien iba a hacer (e hizo) un referéndum "sin garantías" tiene hoy fuerza moral para denunciar la falta de garantías de unas elecciones que habrían de celebrarse bajo el 155, es decir, en condiciones de dictadura del PP, el partido de la Gürtel.

En la misma comparecencia, Puigdemont residenció la posible declaración de independencia en el órgano al que corresponde, el Parlamento, representación de la voluntad del pueblo de Cataluña. No es apropiada la metáfora de la "pelota" o la "patata caliente". A raíz del referéndum del 1/10 (ese que no se celebró, según Rajoy) Puigdemont anunció que pediría al Parlamento un pronunciamiento sobre el resultado del referéndum, no ya porque no hubiera existido, sino porque dos millones doscientas mil personas acudieron a votar arrostrando una represión y una brutalidad policial cuyos efectos negativos para el nacionalismo español aun no se han acabado. Y ahora, cayendo en la trampa de su propia incompetencia, el gobierno se apresta a intensificar la violencia, la agresión.

Conviene recordar que en la convocatoria del referéndum fantasma se preveía que su resultado sería vinculante. Caben, pues, pocas especulaciones. El mandato del 90% de los votantes el 1/10 es la independencia. De eso se votará hoy. 

Es imposible que los genios del triunvirato nacional español, Rajoy, Sánchez, Rivera, entiendan lo que tienen enfrente. No es su estilo de hacer política. Siguen creyendo -o fingiendo creer- que el llamado "órdago"  o "desafío" o "reto" independentista es un capricho de un dirigente iluminado o una cuadrilla de locos que llevan al gran pueblo catalán al desastre, privándole, además, de sus derechos, según Sáenz de Santamaría, especialista, en cambio, en garantizarlos. No ven -o no quieren ver, aunque, por si las moscas, ya han tomado como rehenes a los dos Jordis, presos políticos- que dentrás de los dirigentes hay una sociedad organizada, animada de una voluntad colectiva de liberación, y muy movilizada. Y con un horizonte republicano. No ven o no quieren ver que es una revolución. Justo la que haría falta en España.

En legítima defensa

A pesar del ruido, del estrépito catalán, la Gürtel ha vuelto a manifestarse con unas conclusiones de la fiscalía que son una impugnación a la totalidad del PP, del gobierno, de Rajoy, durante más de veinte años: una asociación de malhechores para saquear las cuentas públicas a todos los niveles. Desde los sobresueldos del presidente con cargo a la caja B, hasta las comisiones en todas las adjudicaciones y la financiación ilegal. El PP lleva veinte años ganando elecciones ilegalmente, haciendo trampas. Todas sus decisiones son nulas e ilegales. Todas. Incluida la de aplicar el 155. ¿Con qué autoridad invoca la legalidad un gobierno todo él ilegal? Un gobierno que debería haber dimitido hace mucho y haberse puesto a disposición de los tribunales.

Con el PP en el gobierno, España no es una democracia ni un Estado de derecho, por más que los medios y publicistas nacionalistas españoles (prácticamente todos) así lo aseguren. Es imposible llamar Estado de derecho a un país gobernado por un partido fuera de la ley. No solo por encima de la ley, sino fuera de ella. Todos los actos de este gobierno son ilegales de origen y por lo tanto, de ejercicio. 

Por eso centra su atención el triunvirato nacional español en Cataluña. Para desviar la atención de ese hecho que, sin embargo, está en la conciencia de todos y empieza a ser valorado en el extranjero, en donde ya se piden explicaciones detalladas de cómo funcionan las instituciones en España. El hecho de la carencia de legitimidad del gobierno para abordar lo catalán. 

Esta le viene prestada por el apoyo del PSOE (C's no añade nada en punto a legitimidad), que quiere tranquilizar su conciencia moderando la aplicación del 155, como si eso fuera posible. Al estar ya activado, haya o no elecciones auonómicas, el gobierno ha impuesto su criterio de efecto "máximo". De entrar, entramos a saco. Pero hay un plazo de procedimiento y en él la Generalitat tiene previsto declarar la DI y la República Catalana en legítima defensa. Fin de fiesta.

Sigue siendo asombroso cómo, a la vista de los acontecimientos, el triunvirato nacional español no se entera de en dónde se ha metido. Da por hecho que destituir autoridades y cargos, clausurar el Parlamento, intervenir a los Mossos, cortocircuitar (supongo) las administraciones locales, secuestrar los medios de comunicación será coser y cantar. Enfrente tiene una rebelión ya anunciada y muy vigilada desde el exterior, en donde se multiplican las iniciativas intervencionistas. El Parlamento danés, por ejemplo, debate sobre la independencia de Cataluña. 

Aun suponiendo que esta ocupación fuera posible (y no se ve si no se hace con fuerza armada), queda vencer la resistencia de la calle. El gobierno parece dar por descontado que esa resistencia durará una semana y, después, la gente se resignará a ser gobernada desde fuera, como una colonia. 

Solo este propósito debiera poner sobre aviso al PSOE de que la situación no es de recibo. No es solamente que prestarse a reprimir sin más una movilización social durante una semana debiera repugnar a cualquier sensibilidad de izquierda. Es que, además, será inútil porque el alcance y la profundidad de la movilización social catalana son mucho mayores de lo que la capacidad represiva del Estado pueda controlar. 

El 155 es la puerta abierta a la dictadura. Que se invoque la democracia no quiere decir nada. Todas sus perspectivas hacen imposible un retorno a esta pero cada vez más posible un intento dictatorial renovado a base de prohibir partidos políticos independentistas. Algo que el PSOE tendrá que tragar o denunciar, corriendo el riesgo de que también lo prohíban a él. Nunca se sabe con la derecha que no suele defraudar en su gobierno: te mete en una guerra exterior o interior. 

Y como quiera que el gobierno anuncia su decisión de aplicar el 155 en cualquier caso y haga ya lo que haga la Generalitat solo deja a esta la posibilidad de proclamar la República Catalana en efecto, en legítima defensa.

La independencia de Cataluña

Mi artículo de hoy en elMón.cat titulado "La independencia es inevitable". No es solamente que el Estado sea incapaz de frenarla o impedirla, no. Es inevitable porque, llegados hasta aquí, nadie puede obstaculizarla, ni las dudas, temores y vacilaciones de última hora entre los indepes. 

A la vista de cómo ha gestionado el asunto el bloque nacional español, Cataluña no tiene más remedio que declarar la independencia mañana, si quiere sobrevivir. De otra forma, la maquinaria del 155 pretenderá aplastarla (otra cosa es que lo consiga) estableciendo la dictadura. Sabe el bloque que con un estado de excepción encubierto, suprimiendo el govern y el Parlamento, interviniendo a los mossos y controlando los medios audiovisuales no tendrá suficiente. Se verá obligado a suprimir los derechos de asociación, reunión y manifestación y, quizá, a imponer un toque de queda. Tendrá que prohibir los partidos y asociaciones independentistas. 

Al PP esto le parecerá muy bien porque está acorde con su espíritu y realidad franquista. 

¿Y al PSOE? ¿También le parecerá bien haberse convertido en un partido fascista?

Y aun peor: un partido fascista que sirve también para encubrir el saqueo sistemático del país por la banda de ladrones que apoya.

Sigue el texto en castellano: 

La independencia es inevitable

                                                                                              

Si se declara ya como si se deja en el limbo; si se consigue mañana o dentro de una semana o unos meses o para cuando Deulofeu anuncia el fin del imperio español, 2029. Da igual. La próxima independencia de Catalunya es una certidumbre con la que el mundo en general y Europa en particular tienen que contar y, de hecho, ya están haciéndolo.

Desde aquellos lejanos días del fallido y vigente Estatuto de 2006, hoy vulnerado por este golpe de Estado de matachines decimonónicos, estuvo claro que Cataluña no tenía encaje dentro de España. Y ello no porque chocara con el gobierno de turno y, confuso por ello, como señalan los españolistas menos tarugos, confundiera gobierno con Estado. Nada más falso.

En España no hace falta “confundir” el gobierno y el Estado porque todos los gobiernos tienen fundamento en el mismo Estado y este los condiciona, sean del color que sean. El primer ataque contra el Estatut de Maragall vino con el PP y Rajoy recogiendo firmas “contra Cataluña” y en defensa de, mirabile dictu, un referéndum. Era un ataque desde la oposición.

El segundo vino del Parlamento español de la mano del especialista en cepillados, Alfonso Guerra, y el pacto entre Zapatero y Mas para consensuar un Estatuto “cepillado”, “rebajado” . Era un ataque desde el Parlamento y el gobierno.

El tercero y definitivo, luego del voto afirmativo en referéndum catalán, vino del Tribunal Constitucional, que negó la condición nacional a Cataluña e inconstitucionalizó lo que le pareció bien. Era un ataque desde un órgano político que se hace pasar por Tribunal de justicia.

Así que si algo es atacado, rechazado, anulado por el gobierno, el Parlamento, la oposición y los tribunales, no parece exageración decir que es atacado por el Estado. No por este o aquel gobierno que son esencialmente transitorios sino por el Estado sin más, en conjunto, por todo el Estado. Si Cataluña insiste en su condición nacional, es decir, persevera en su esencia y naturaleza, el Estado español trata de aniquilarla.

Las últimas semanas han sido ricas en esperpentos. El gobierno se salta la legalidad que invoca y decreta una situación de excepción en Cataluña y una dictadura seudoconstitucional que quiere extender al resto del Estado, de momento a Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. En pleno siglo XXI. Sumisa y, en el fondo, cómplice de esta arbitrariedad, la izquierda socialista suscribe el atropello en Catalunya y se inventa una vergonzosa excusa para justificar que los socialistas se alíen con la derecha nacionalcatólica y franquista de siempre, con el PP: la de que, cuando se haya “pacificado” Catalunya, se procederá a una reforma de la Constitución que no se creen ni ellos.

Ya no basta con una reforma de esta Constitución que nadie respeta ni respetó jamás porque fue el enésimo engaño para perpetuar el dominio de la oligarquía parasitaria tradicional española y el sojuzgamiento de Catalunya. Ahora ya solo queda aceptar lo que una separación negociada de esta, convertida en flamante República Catalana, pueda deparar y ver si la izquierda española es capaz de imponer un referéndum sobre Monarquía/República en lo que quede de España.

Viéndose perdido, el nacionalismo español recurrió a su última carta, que ya no es un ejército cuya inclinación al golpe militar está coartada por la OTAN, sino su capitán general, el Rey. Lo ha sacado dos veces en un breve lapso, las dos intransigente, insensible, amenazador, jugándose la corona con el respaldo al partido más corrupto e ilegal de la historia de España. Un Borbón que seguirá el destino de su bisabuelo.

Porque a Catalunya ya no hay gobierno ni Estado españoles que puedan contenerla, ni con la ayuda de un PSOE convertido en diligente lacayo de la derecha más monárquica y reaccionaria. Su fuerza no reside en su poderío militar (inexistente), ni en su riqueza económica (que es mucha y muy codiciada por la metrópoli madrileña ), sino en la generalizada y decidida voluntad política de emancipación del pueblo  en su conjunto. Reside en la amplia movilización a través de las organizaciones sociales y los partidos políticos. Reside en la conexión entre esta sociedad y sus instituciones representativas que, habiendo reconocido el mandato del pueblo, lo ejecutan.

El Estado español (el gobierno y sus palafreneros socialistas y de C’s) blande un estado de excepción camuflado bajo un artículo 155 de la Constitución que, no sabiendo cómo se emplea, juzga le da carta blanca para actuar según su convicción y talante autoritarios, dictatoriales. Cree que censurando, reprimiendo, apaleando, procesando y encarcelando conseguirá reducir a Catalunya a su condición de colonia disimulada hasta la fecha y que ahora ha quedado patente.

En su falta de ética, principios y respeto a la ley, el Estado español, probablemente con el beneplácito del Borbón, puede tender una trampa a Puigdemont y valerse de cualquier leguleyería de la vicepresidenta para detenerlo y encarcelarlo. Una felonía de este tipo (frecuente, por lo demás, en el fascismo español) no solo no resolvería nada sino que aceleraría el proceso de independencia y el apoyo exterior que esté recibe cada vez más crecido.

Precisamente porque saben que la independencia es inevitable, quieren su nacimiento como dicta la Biblia, con sangre. Sangre que, derramarse (más) caerá sobre sus cabezas. Sobre todo las de una izquierda que ya no tiene de tal ni el nombre. 

Izquierda a la catalana

La idea empieza a estar manida: el independentismo catalán ha triturado la izquierda española. No solo en Cataluña, sino en toda España. Ahí está Podemos con una de sus habituales purgas, esta vez por lo nacional. Por Cataluña, en concreto. La angélica fórmula que los morados propusieron, esto es "Ni 155 ni DUI: RP (Referéndum Pactado)" no goza de universal aprobación en las filas españolas por tal variedad de razones que es imposible citarlas. El argumento de Bescansa es que la fórmula, en el fondo, es la de los indepes sin confesarlo. Cosa evidente. Seguro que también lo sabe la dirección. Así que la salida de Bescansa no es por lo que piensa sino por decirlo.

Podemos se dará cuenta alguna vez de que sus dificultades de articulacion en una España que ellos mismos definen como plurinacional radican en que la definen pero no la viven como tal. No acaban de ver que, en el caso del Estado/Cataluña, actúan, en realidad, en dos países distintos pero, al representar en el fondo una idea única de nación, pierden apoyos en los dos por razones antagónicas. Esto sucede asimismo con otras voces cualificadas de esta izquierda que no son ambiguas, sino contrarias a la independencia, Llamazares entre los más críticos, aunque no de los más originales y Garzón que, proclamándose comunista, afirma que ser comunista catalán e independentista es algo incoherente. Vuelve la ideología de la mano de la doctrina. No considera la posibilidad de que un comunista catalán pueda hacer el mismo juicio sobre él. Y no la considera porque Garzón, como muchos nacionalistas españoles de izquierda, sostiene no ser nacionalista y lo es, digamos, sin ánimo de pelea, por "inmersión monolingüística", que da la nación por descontada. Nacionalistas siempre son los otros. 

Si se descuida uno le enjaretan unas cuantas teóricas sobre cómo la izquierda no puede ser nacionalista porque es internacionalista. Por dogma y definición. Sin pruebas que lo demuestren. Al revés, abundancia de pruebas en contrario. La izquierda es tan nacionalista como la derecha, aunque lo disimule, que no siempre lo hace. Es inolvidable aquella foto de Sánchez en un escenario de esilo gringo con el fondo de una rojigualda tan grande como la aznarina de la madrileña Plaza de Colón.

También gusta mucho en la izquierda el argumento del nacionalismo insolidario, resultado de unas comunidades ricas y egoístas que no quieren compartir con las menos aventajadas. Al margen de que el asunto es de juicio moral más que de viabilidad, la dicotomía ricos/pobres simplifica de tal modo siglos de historia, de desarrollos distintos, que no merece mayor atención.

En la otra izquierda, la del PSOE, el impacto del independentismo catalán ha sido también destructivo. En lugar de hacer oposición al gobierno del PP en dos frentes distintos, la corrupción y el independentismo, ha decidido alinearse sin reservas con el partido más corrupto de la historia contemporánea y respaldar las medidas represivas que este tome en Cataluña. Es una posición perdedora por partida doble: de un lado cargará con la co-responsabilidad de la gestión de la crisis catalana y su previsible fracaso y de otro aparecerá como cómplice en la tarea del gobierno de ocultar la Gürtel tras la cortina de humo de Cataluña.

La integración del PSOE en la estrategia de la derecha es tan completa que se vale de sus mismos métodos. La operación por la que un editorial sin duda encargado de Le Monde, periódico del que PRISA tiene el 15% de las acciones, aterrizó el mismo día en la mesa de El Intermedio, leído a pantalla batiente por José Borrell es un ejemplo práctico. El mismo Borrell que unos domingos antes había dirigido unas ardientes y patrióticas palabras a una multitud llegada de toda España y sembrada de nazis. De esos que están en todas partes en España pero cuyo nombre se usa solo para insultar a los indepes catalanes.

Realmente, la situación es endiablada. Imagínese que una izquierda esclarecida llevara lo de la plurinacionalidad a sus últimas consecuencias y aceptara que, siendo Cataluña otro país, no le corresponde montar en él una sucursal suya, sino mantener fraternales relaciones (si acaso) de igual a igual con los autóctonos de su misma denominación. Un poco la relación CDU/CSU en Alemania pero más en serio y a la izquierda. El discurso en Cataluña estaría claro, pero no en España. Nada claro. Una propuesta así probablemente no tendría mayoría de sus bases. Causa de una crisis recurrente que ha puesto al PSOE al servicio del PP y a Podemos y aliados en un palco de espectadores y mal avenidos.

Culmina la hoja de ruta

Público ha tenido un curioso lapsus fotográfico. No se le saque punta. Nadie piensa que haya similitud alguna entre Montilla y Zoido. Son seres de galaxias distintas. Pero está claro que hay nervios en todas partes. Hasta en la sala de máquinas.

Si es así que Puigdemont prevé proclamar la independencia y, por ende, la República Catalana, el jueves a las 10:00, la perspectiva es de imprevisibilidad. A las 10:00 vencía el plazo de la requisitoria del gobierno para el retorno a la legalidad de la Gürtel. A las 10:00 empezará a tramitarse en el Senado la aplicación del artículo 155. Lo curioso es que en ningún caso parece el triunvirato nacional español haber anticipado una respuesta y tener prevista una reacción. Puigdemont lo sorprende siempre.

Por ejemplo, todos los cabildeos acerca de la hora y el lugar de la prevista comparecencia del MH son inútiles si hay DI porque, en tal caso, el Fiscal Maza pediría la detención de Puigdemont allí donde se le encontrara bajo la acusación de media docena de presuntos delitos, los más graves del Código. El interesado no llegaría a pisar el noble edificio de la Plaza de la Marina Española, en donde Franco había instalado la sede del Consejo Nacional del Movimiento... nacional, claro.

Si no se declara la DI, seguirá habiendo cierto peligro pero, en principio, sin base jurídica para echarle el guante, Puigdemont volverá libre a su tierra tras haber expuesto por enésima vez sus reivindicaciones y hecho su habitual apelación al diálogo. Pero inmediatamente empezará a moverse la maquinaria del 155.

Y aquí es donde viene la agitación. No porque, PP y PSOE discrepen sobre si unas elecciones paralizarían o no el 155. Eso es indiferente dado que no va a haber elecciones catalanas, como ya han asegurado los indepes. La agitación y el desconcierto arrancan de que, en el fondo, nadie sabe cómo aplicar de modo efectivo el 155 sin provocar una crisis que sería un desastre interno y saltaría las fronteras . Sustituir a unos mandos, cargos, personas por otras puede no ser tan fácil si los substituibles se niegan a aceptarlo. Es obvio que la coerción y todas sus ramificaciones tiene que aumentar y la intensificación de la violencia. Y eso en el contexto de una población muy organizada y muy movilizada en defensa de sus representantes.

Siguen sin entender que no es un problema de orden público sino una crisis constitucional muy profunda que afecta a la organización territorial del Estado y, de rebote, a la Corona. 

Una revolución.

De la tierra del sin fin

Hay algo épico en la posibilidad de que Puigdemont comparezca en el Senado. Si comisión o pleno es irrelevante porque lo darán todas las televisiones, salvo que se atengan al criterio de impacialidad y equilibrio del gobierno, en cuyo caso emitirán la final de Wimbledon de 1998.

La cuestión es la comparecencia en sí misma. Desde los tiempos de Yugurta hay algo extraño en la presencia de rebeldes ante un solemne cuerpo legislativo cuya autoridad aquellos niegan. Extraño y siniestro. Lutero, citado a la Dieta de Worms, fue provisto de un salvoconducto de su protector, Federico III, Elector de Sajonia. Aun así, hubo que salvarlo de las consecuencias del terrible Edicto de Worms por un episodio de capa y espada. No se está haciendo comparación alguna, que sería desmesurada. Aquí no hacen falta salvoconductos. Estamos en un Estado de derecho. Lo de la dieta de Worms fue durante las guerras de religión. En efecto, en donde chocaban pasiones muy profundas. Como ahora con las guerras nacionales o por la nación. Pasiones tan profundas como para obnubilar la razón.

Puigdemont vendría al Senado en Madrid en un clima de franca y generalizada hostilidad. Es verdad que se trata de una buena ocasión para explicarse ante el conjunto de la ciudadanía y al extranjero. Es de suponer que su declaración sea transmitida íntegra por las televisiones. Y también es de suponer que habrá voces pidiendo su detención. Ayer las redes discutían acaloradamente esta eventualidad y así seguramente lo hace el govern. El fiscal general, reprobado por el Parlamento, recuerda que, si se proclama la DI, Puigdemont puede darse por preso. Y dado que la cuestión de la proclamación de la DI es tan insegura como el santo grial, así como que el fiscal Maza gusta de ser expeditivo, bien pudiera pedirse la detención del presidente de la Generalitat al bajar del AVE en Madrid.

Es impensable, ¿verdad? Pero según lo impensable va haciéndose realidad se hace menos impensable.

El plan del gobierno no deja lugar a dudas: un 155 máximo, equivalente en realidad a un estado de exepción, con intervención política (la económica ya funciona hace semanas), en la seguridad y en los medios públicos de comunicación. Esto último ha provocado situaciones tan vergonzosas como ese comunicado del consejo de redacción de RTVE oponiéndose al 155 en los medios catalanes mientras el gobierno siga teniendo la RTVE a su servicio. Un gesto de profesionalidad que ayuda a los trabajadores de TV3 y CAT Radio a negar acatamiento a las directrices de intervención. La intervención de los mossos, que estos también rechazan, así como de las autoridades políticas catalanas (govern y Parlamento) que también anuncian desobediencia, configura una dictadura "constitucional" al estilo del artículo 48 de la Constitución de Weimar. Y más allá. La vicepresidenta del gobierno ya hace saber que la intervención (en realidad, ocupación) de Cataluña podrá prolongarse más de seis meses. Es decir, que se han saltado el último requisito que todavía quedaba en pie de la dictadura constitucional. Es la dictadura sin límite de tiempo, la de Mussolini, Stalin, Hitler y el discípulo de todos ellos y maestro de los actuales gobernantes, Franco.

Y roto el límite de tiempo, por el mismo precio, también se rompe el territorial y, sobrados de 155, los halcones del PP proponen aplicarlo asimismo en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. Menudo éxito el de la Transición.

Con esta perspectiva de dinámica de fascistización, que trata de provocar conflictos sociales para justificar políticas represivas más intensas, la comparecencia de Puigdemont en el Senado es un gesto de enorme importancia. Por si hay alguna duda, invito a considerar lo que Puigdemont representa para las dos partes del conflicto. Para el gobierno y sus aliados, un obstinado rebelde contra la ley y la Constitución, un iluminado, un demagogo, en último término, un delincuente. En su animadversión incurren en el argumento típico de los matones de culpar a la víctima del maltrato: el responsable del 155 es Puigdemont, no quienes lo ponen en marcha. Un sujeto así, que pide que lo maltraten no merece respeto.

Para los independentistas y gran parte de los no independentistas es su presidente, el hombre que representa al pueblo catalán, cuyo ánimo de entendimiento pacífico y concordia está él encargado de exponer en el Senado. Se ha convertido en el símbolo de una lucha que se quiere secular de un pueblo masivamente alzado por su dignidad. Es un delirio, dicen los adversarios. Delirio, iluminación, pero es colectivo y, por cierto, republicano. Y lo representa este hombre.

Sea cual sea el resultado del evento, el nacionalismo español a la antigua usanza, representado en el triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, tiene la batalla perdida porque carece de proyecto viable a medio y largo plazo. A corto es evidente puesto que anda a porrazos. Los de Podemos tratan de mantener la cabeza por encima del agua enunciando una tercera vía, consistente en el referéndum pactado que los indepes estuvieron proponiendo hasta que se hartaron. Como siempre, la tercera vía no existe. Es una de las otras dos más o menos vergonzante.

Porque, en efecto, cuanto más artificio represivo despliegue el Estado, más costará después desmontarlo cuando se compruebe que no ha servido para nada.

La llamada cuestión catalana que, sí, es en realidad cuestión española como se prueba hoy en Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra, no es un problema de orden público, tampoco de legalidad; no es una cuestión jurídica siquiera. Es una cuestión de legitimidad, de principios que solo puede abordarse políticamente en una mesa de negociación, con un referéndum pactado por medio. Y lo sabemos todos.

Sustituir este escenario por otro de represión, censura, intervención, prohibiciones, detenciones, controles, multas, sanciones en una sociedad del siglo XXI, organizada en redes distribuidas es ridículo e inútil. Pero puede causar mucho daño y sufrimiento.

Las caras de la legalidad

Se aplicará el 155 para volver a la legalidad de la Gürtel. Y eso es lo que hay. Se escriben centenares de miles de palabras de todo tipo y calibre, se emplean miles de horas en atiborrar las ondas en la diatriba sobre la independencia/secesión de Cataluña. El ruido es espantoso. Se apresta una máquina de guerra que, si cuanto tiene de teatral lo tiene de eficaz, del enemigo no quedará ni el recuerdo.

Pero los hechos son tozudos: el partido de la Gürtel, con más de 700 imputados y condenados (exministros, expresidentes, etc), él mismo imputado por entenderse que es una presunta organización para delinquir, dirigido por un personaje acusado de cobrar sobresueldos en B y que ha comparecido ya como testigo, con una declaración que muchos consideran falsa, ese partido se encarga a sí mismo de imponer la legalidad en Cataluña. 

Y nadie piensa que será otro desastre.

Entre Carl Schmitt y Lenin: Cataluña y el poder dual

La aplicación del 155 tiene un eco schmittiano que han señalado algunos analistas. Del Schmitt muy preocupado por la defensa de la Constitución y la figura del "defensor de la Constitución", que venía a ser una forma de dictadura legal, a imitación de la figura del derecho romano.

Efectivamente, el 155 es una traducción literal (con alguna variante garantista) del 37 de la vigente Constitución alemana; tan literal que reproduce los mismos dos apartados con idéntico contenido. Pero es que el 37.1 de la Ley Fundamental es, a su vez, reproducción literal, aunque dulcificada, del primer apartado del famoso art. 48 de la Constitución de Weimar. Así que el 155 español reproduce en lo esencial el 48 de la Constitución alemana de 1919, el nido de la dictadura constitucional que daba plenos poderes al Presidente, aunque controlado por el Parlamento, que podía revocar sus medidas. Friedrich Ebert recurrió a él en algunas ocasiones cuando juzgó que se daba una amenaza seria al Reich y, con ello, acabó configurando la imagen práctica de lo que luego Schmitt teorizaría en 1929 como El defensor de la Constitución. Hay discrepancias sobre si la aportación del ilustre jurista sirvió de modelo para que, en 1933, el entonces presidente del Reich, el mariscal Von Hindenburg, diera paso a la dictadura nazi o si el viejo soldado firmó lo que Hitler, presidente del gobierno, le puso ante las antiparras sin leerlo. El hecho fue que, invocando el artículo 48, von Hindenburg promulgó el Decreto Presidencial para la Protección del Pueblo y el Estado que, junto a la Ley de Plenos Poderes, abrió el camino a aquella dictadura, una de las épocas más siniestras de la historia de la humanidad. Y ha habido algunas.

Así que ya sabemos en dónde estamos. Rajoy, el presidente del partido de la Gürtel, se proclama defensor de la Constitución o dictador constitucional con el firme apoyo del PSOE y C's. No debe el presidente temer incordio alguno del lado parlamentario. Ya no lo temía antes de un parlamento que, en realidad solo existe como club de debate televisado. Y hay que reconocer que algunas sesiones son divertidas. Pero no existe como cámara de control. Ni siquiera como cámara legislativa. En un año de legislatura el Congreso ha aprobado dos (2) leyes, y una de ellas es la de Presupuestos, mientras que el gobierno ha bloqueado (vetado, de hecho) 43 proposiciones de ley. Los plenos poderes que le da el 155 ya los tenía de antes, pues gobierna de modo absoluto sin respeto alguno por el Estado de derecho que no se cansa de invocar. De cómo maneja el Poder Judicial y los medios de comunicación, con qué maestría, no hace falta ni hablar. El 155 viene a consagrar como constitucional una dictadura de hecho. 

Toda justificación de la dictadura constitucional insiste en su carácter provisional, transitorio, "hasta que se restablezca el orden constitucional" suele ser la fórmula. "Hasta que vuelva la normalidad", es la que se emplea la presentar el 155. Concepto vagaroso ese de "normalidad". La cuestión es: ¿y si la normalidad no se restablece o no se restablece a gusto del normalizador? ¿Se perpetúa la dictadura?

Que se vuelva o no a la normalidad, por desgracia para el triunvirato Rajoy-Sánchez-Rivera, no depende de su firme e indudable voluntad de que así sea. Depende de la capacidad de la otra parte, la Generalitat y el movimiento independe, de resistirse a la aplicación del 155 y sus medidas represivas. Algo así ni siquiera cabe en la triple testa de los triunviros. Es imposible. No se producirá. Rajoy piensa que si él prohibe algo, ese algo no se da y, si se da, no se ha dado. Esa forma mágica de enfrentarse a la realidad es contagiosa y ya ha inficionado a Sánchez y Rivera. Tan convencidos están de que aquí se hace lo que ellos dicen que calculan los tiempos de sus medidas 155 contando con los plazos que tendrá Puigdemont para convocar esas elecciones autonómicas que ellos le ordenan  so pena de males terribles. Elecciones ya expresamente rechazadas por los indepes. 

No lo oyen. No lo ven. No lo entienden. No les cabe en la cabeza. ¿Cómo que las órdenes, prohibiciones y medidas del gobierno central no se acatan? Bueno,  tampoco es nuevo. No se acataron el 9N, ni el 1/10, ni con motivo de la DI y cola epistolar. Pero ahora sí van a acatarse porque se va a emplear la coerción estatal con fuerza armada siempre para garantizar el retorno a la normalidad. ¿Y si no se consigue? Una hipótesis excluida en los planes del triunvirato por lo que no se formula un plan B: si no se consigue se intensifica el uso de la fuerza hasta conseguirlo. ¿Es esto posible? Seguramente, no.

¿Por qué? Porque, como se han desarrollado las cosas, la revolución catalana se encuentra ahora en un instante que los conocedores de los procesos revolucionarios llaman de poder dual o dualidad de poderes. Viene a considerarse el momento en el que el proceso revolucionario hace crisis en sentido médico y se decide la suerte de la revolución: triunfar o sucumbir. Es el punto álgido que en España se abre esta semana de prolegómenos tan teatrales. La Generalitat se alza como un poder por derecho propio en función de su propia legislación y, no reconociendo la autoridad del Estado y su gobierno, pretende hablarlos de igual a igual. 

¿Es esto verosímil? En la historia no hay criterio alguno de verosimilitud o inverosimilitud tratándose del futuro. Y no se olvide que el futuro empieza hoy, ahora mismo. Fue Lenin, autoridad universalmente reconocida en la teoría y práctica revolucionarias el que, a raíz de las Tesis de abril, desarrolló la teoría del poder dual. Luego de la revolución de febrero, el poder quedó dividido entre el gobierno provisional de Lvov y Kerenski después, y los soviets, sobre todo el de Petrogrado. Lenin sostuvo la dualidad mientras no tuvo otro remedio. Pero su fin era acabar con el gobierno de la burguesía, arrebatarle el mando. De ahí vino la consigna de "todo el poder a los soviets" que se materializó en la revolución de octubre, cuando el poder dual se convirtió en la monocracia bolchevique. Por supuesto, lo interesante aquí no son los hechos históricos que más disímiles de la situación actual no pueden ser. Cualquier parecido con lo de hoy solo puede ser producto de la fantasía. En La Moncloa no hay un Kerenski (¿o sí? Ay, la fantasía), ni en el Palau habita un Lenin. 

Lo que nos interesa es el principio mismo, la teoría del poder dual, que se ha dado en muchos otros casos con circunstancias distintas, en la Comuna de París, en la revolución china, etc. Allí en donde un poder se enfrenta a otro en un mismo territorio y no como invasor. El Estado contemporáneo está basado en el supuesto de la soberanía interna que es causa y efecto al mismo tiempo del monopolio legítimo de la violencia. El Estado no puede tolerar un par a él en su territorio porque entonces el monopolio sería un duopolio. La forma Estado es excluyente y está obligada a suprimir por la violencia cualquier otra rival, por razonables que sean sus pretensiones. Eso, aparte de cargar a sus promotores con los tipos más graves de delitos previstos en el Código Penal.

Lo segundo, tildar de delincuentes a los dirigentes del movimiento es fácil; lo primero, extirpar este, no tanto. Me atrevería a decir que imposible. El Estado español no puede tolerar dualidad de poderes alguna en su territorio. La Generalitat aspira a ella y hoy o mañana habrá dado el paso decisivo para convertirse en un poder por derecho propio.  Habiendo sido durante años la única oposición en España, Cataluña se erige ahora en contrapoder, según terminología ya clásica. La República Catalana, con lo que toma forma uno de los dos poderes, de la dualidad de hecho que hay en España. Uno que se presenta a sí mismo en resistencia y lucha pacíficas, sin violencia alguna, contra el otro en cumplimiento de un mandato de autodeterminación de una mayoría social y parlamentaria. Una mayoría social (si se descuentan los abstencionistas en el cálculo y se añaden los partidarios del referéndum de autodeterminación, aunque no de la independencia) que ha venido actuando en los últimos años como una especie de poder constituyente popular fraguado en las calles y las redes sociales.

Veremos si, metafóricamente hablando, Schmitt gana la batalla a Lenin o no.

Golpe de Estado en nombre de la ley

El gobierno más corrupto, sostenido por un partido al que los jueces consideran una presunta asociación de malhechores, anunció ayer un verdadero golpe de Estado, dice que para defender la legalidad, la Constitución y el Estado de derecho. Una legalidad arbitraria e injusta, una Constitución que el mismo PP ataca con tan pocos miramientos como cuando sus fundadores franquistas votaron en contra de ella, y un Estado de derecho sin separación de poderes pues es el mismo gobierno que ignora el Parlamento, tiene al poder judicial a su servicio y controla todos los medios de comunicación. O sea, un poder corrupto y dictatorial anuncia un golpe de Estado que perpetrará en cuanto el Senado (que también controla con mayoría absoluta) dé el visto bueno a una aplicación del 155 mucho más allá de sus previsiones, en realidad, un artículo 116, un estado de excepción no declarado.

Para esta nueva fechoría cuenta con el apoyo del Rey y de los otros dos partidos dinásticos, C’s y PSOE. El respaldo ya expreso y reiterado del Monarca ha convertido a la Corona en parte beligerante en el conflicto y liga su suerte al más que dudoso triunfo del golpe. Al igual que su bisabuelo, el Rey se ha aliado con la dictadura. Tendrá su mismo final.

En cuanto al respaldo de los otros dos partidos dinásticos, el de C’s se daba por descontado. Ahora también lo está el del PSOE que, en tres meses (de julio a octubre), ha pasado de rechazar el 155 a apoyar fervorosamente su aplicación, de pedir la dimisión del de los sobresueldos por la corrupción y la catastrófica gestión del conflicto catalán a convertirse en su más firme apoyo. Al extremo de que el PP se vale de Sánchez como su portavoz exterior. El PSOE justifica este disparate invocando la “razón de Estado”, como si el Estado cuya razón invoca no fuera el de la tradicional oligarquía parásita, nacional-católica y catalanófoba que está en el origen mismo del conflicto. Este servilismo le hará perder el escaso apoyo que tenía en Cataluña y mucho del que conservaba en el Estado. Es una de las facetas del desastre que el independentismo catalán ha ocasionado en la izquierda española, incapaz de articular alguna alternativa al uso de la fuerza bruta.

La intervención anunciada por el bloque nacional español, en realidad, sigue siendo una baladronada por ver si la Generalitat retrocede y no es necesario pasar a mayores. Entre otras cosas porque no sabe cómo hacerlo, no está claro si puede y menos aun si la UE lo va a permitir. El gobierno quiere cañonear la Generalitat, pero el pago de la deuda y la prima de riesgo le han mojado la pólvora.

Dicen los golpistas que no se suspende la autonomía catalana (en realidad, el 155 no lo permite) sino que se limitan a sustituir sus cargos por otros designados a dedo en Madrid. Es una mentira tanto más irrisoria cuanto que, siendo innecesaria, ha puesto de relieve la condición colonial de Cataluña que el nacionalismo español siempre ha negado. Al gobernar el Principado desde Madrid, lo tratan como una colonia y dan la razón al independentismo cuando reivindica el derecho de autodeterminación por considerar Cataluña una colonia. Y lo es. El bloque nacional así lo confirma.

Otras mentiras adornan esta decisión demencial (demencial en la actual situación de España), como la de que la intervención será mínima. Al contrario, quiere ser máxima, pues se propone destituir al govern en pleno, clausurar de hecho el Parlamento, controlar las fuerzas de seguridad y adueñarse de los medios de comunicación públicos para ponerlos a su servicio. De los jueces no hablan porque ya los tienen. Intervención máxima, un golpe de Estado civil en toda regla. Apoyado por el PSOE que ha pasado también de acusar a la Generalitat de golpista a serlo él mismo.

Dice el bloque que todo acabará en tres meses, cuando se haya restaurado la normalidad y se convoquen elecciones. Una normalidad que solo él rompió con el hostigamiento a los indepes antes del referéndum y la jornada de vandalismo policial durante la votación el 1/10.

Probablemente, además, esas elecciones no se celebrarán y mucho menos cuando los golpistas las prevén. Hasta es posible que haya elecciones generales antes en España que en Cataluña. Es una de las cartas de Rajoy para prolongar su mandato con un posible triunfo electoral por mayoría guerrera y abrumadora. Desde luego,las autonómicas no se celebrarán o no lo harán en la fecha prevista porque, como ya suponía ayer Palinuro, la Generalitat no va a ceder.

Después de la cavernosa amenaza de Rajoy, aplaudida por sus palmeros, el gobierno recibió una múltiple respuesta desde Cataluña que apunta a la confrontación, unida en la consigna que se coreaba ayer en la enorme manifestación en Barcelona contra el encarcelamiento de los dos Jordis: No pasarán. A más de algún socialista le estarán zumbando los oídos de vergüenza. No pasarán.

Después de la manifestación, las distintas instituciones hicieron pública su posición:

Los mossos d’esquadra no aceptarán ser dirigidos por otros mandos que los de la Generalitat.

La mesa del Parlamento no aceptará ninguna merma en sus funciones ni dará un paso atrás.

El govern tampoco aceptará su destitución ni ninguna medida que recorte sus competencias.

TV3 no aceptará ser intervenida por dirección alguna que no sea la de la Generalitat.

La CCMA (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) tampoco aceptará la intervención.

Este frente institucional está respaldado por una movilización masiva de la sociedad catalana en defensa de sus representantes y actitud de desobediencia generalizada, desde los ayuntamientos a las escuelas, pasando por los servicios públicos, con un horizonte de huelga general. Para controlar eso sería necesaria una verdadera ocupación militar, cosa que el bloque español no puede permitirse.

No saben en dónde se han metido. En un escenario de uso de la fuerza y la represión violenta contra una sociedad que ejerce la desobediencia y la resistencia pacífica en defensa de sus representantes a los que quizá haya que encarcelar, como ya se ha hecho con los dos Jordis. Ello provocará más reacción social y más violencia de parte del Estado que puede acabar teniendo que decretar el toque de queda en las calles, para silenciarlas. Una perspectiva sin salida que obligará a la UE a intervenir forzando una negociación que ya solo puede hacerse en torno a dos posibilidades, las únicas viables: un referéndum de autodeterminación pactado o la independencia de Cataluña sin más, también negociada, por supuesto.

En su comparecencia, el MH hizo ver que el lunes o el martes se procederá a votar en el Parlamento la DI hasta ahora en suspenso. Obsérvese que el relato independentista sigue siendo ganador: se declara la independencia después de que el bloque nacional haya activado el golpe de Estado vía artículo 155, puesto que este se ha anunciado sin esperar a diálogo alguno, para lo que aún disponía de dos meses.

Breve flexión sobre la gran ausente en este conflicto: la otra izquierda no independentista pero con visos revolucionarios, la española de Podemos y la catalana de los Comunes. Sus angustias y ambigüedades teóricas y su evidente irrelevancia práctica la han dejado al margen de la historia, empujada hacia delante con la mirada vuelta hacia atrás, como el ángel de Klee/Benjamin. La prevalencia del eje nacional sobre el social en el que cifraba todas sus esperanzas la ha aplastado y ha sido incapaz de tomar ejemplo de la CUP (de cuya vitola izquierdista nadie duda) que ha entendido perfectamente el sentido de esa historia: la emancipación nacional como requisito para la social en un marco republicano.

Eso, en España, hoy, es una revolución.La única que hay.