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dissabte, 4 de març del 2017

En España rige el antiguo régimen

A mediados del siglo pasado se encendió una polémica en la historiografía acerca de si en España había habido revolución burguesa en el XIX, como en otros países. La abría Jordi Nadal con su tesis del fracaso de la revolución industrial en España; la polémica llenaría lo que quedaba del siglo XX y por aquí sigue, más o menos como siempre. Hay razones a favor y en contra. Y hay datos, aunque también la tendencia a interpretarlos según las previas razones. Será la conclusión que se quiera pues, al fin y al cabo, las interpretaciones son libres, pero hay algún hecho que merece cierta consideración.

La Revolución francesa se ha alzado como símbolo universal de la revolución burguesa sin serlo en absoluto pues son previas la independencia de Holanda, la revolución inglesa del XVII y la independencia de los Estados Unidos. Con todo, son los franceses quienes universalizan el mandato de abolir el antiguo régimen en favor de la nación. El antiguo régimen se caracterizaba por ser un Estado en el que el clero y la nobleza no pagaban impuestos que recaían todos en las clases burguesas y con rasgos de exacción en las campesinas. Las clases dominantes vivían en el privilegio y a costa de una población trabajadora que no solo no tenía privilegios sino que no tenía derechos. Los súbditos estaban expuestos a la arbitrariedad de los señores.

Más o menos, la situación actual en España. La Iglesia no solamente no paga ningún gravamen sino que recibe una elevada asignación de los presupuestos generales del Estado y, además, realiza numerosas actividades mercantiles por cuyos beneficios tampoco paga impuestos. Ello le permite financiar unos medios audiovisuales de propaganda, que son deficitarios, pero cumplen su función. Sin contar con el negocio de la enseñanza concertada, también a costa de los dineros públicos y, sobre todo, de la educación pública. La Iglesia en España es un Estado dentro del Estado, en una actitud de permanente beligerancia contra la ampliación de los derechos civiles de la gente y el avance en todos los terrenos de la actividad científica. Y siempre a cuenta del erario. La liberal Aguirre financió la fundación ultrarreaccionaria Hazte Oír con los fondos de la Agencia de Cooperación e Inmigración. Este es el problema: el Estado dentro del Estado vive de parasitar el Estado. 

Junto a la Iglesia, los nobles y los ricos en general tienen un tratamiento fiscal cercano a la gratuidad. Solo con recordar que las rentas del capital tributan menos que las del trabajo está dicho todo. Y eso cuando tributan, que también suelen tener sus dineros en los paraísos fiscales o en alguna SICAV, de esas que permiten pagar a Hacienda el 1% que es como no pagar nada. Y la oligarquía española, siempre nacionalcatólica, hace lo que le da la gana con el Estado. Lo esquilma, lo pone a su servicio y el de sus allegados y clientes en general. Para el personal a sus órdenes, el servicio al Estado es una forma de enriquecimiento personal, licito o ilícito.  

Es decir, el país lo mantienen los trabajadores, los únicos que pagan impuestos y lo bendicen y gobiernan los que no los pagan. Y no solamente eso sino también los que, mientras bendicen y gobiernan, roban a manos llenas. Y lo hacen sabedores de que después hay un generoso régimen de privilegios y hasta hace nada de indultos a los correligionarios que hubieran sido pillados y condenados. En cuanto a los privilegios, que son como marcas de fuego de la desigualdad incrustadas en la dignidad de la ciudadanía, abundantes casos: la infanta  Cristina absuelta no porque sea inocente en el sentido penal sino porque lo es en el del 28 de diciembre, cosa que no debiera constituir eximente; su marido, condenado a seis años no ingresa de momento en prisión y puede ir a vivir a Suiza;  Blesa y Rato, condenados en principio por estafadores, tampoco entrarán de momento en la cárcel porque ambos son personas cabales, unos caballeros que afrontarán sus responsabilidades, si llegan, y no unos vulgares rateros capaces de poner pies en polvorosa, quién sabe, quizá a Suiza.

Exención fiscal, impunidad, desigualdad, privilegio, latrocinio. Y todo consentido porque la gente vota mayoritariamente al partido más típico del antiguo régimen

El misterio del Discurso de la servidumbre voluntaria.

divendres, 3 de març del 2017

Un gobierno bajo sospecha

La costumbre democrática, desconocida en España, de dimitir ante las irregularidades cometidas, tiene la ventaja de ahorrar a los países la vergüenza de estar gobernados por gente que gasta más tiempo en las estrategias procesales en su propio provecho que en las políticas en provecho de la comunidad. Aquí no dimite nadie. El resultado es un gobierno al que ahora se le abre un segundo frente judicial a través de la caja B de Bárcenas. Una situación en que no es descabellado que alguna parte pida la comparecencia de Mariano Rajoy. Ya ha sucedido, pero sin resultado de momento.

De aquí puede salir cualquier cosa. Correa tiene ya una condena de 13 años y si no acorta lo que se le viene encima, van a darle las uvas del siglo en la trena. La cuestión es quién cae si Correa habla. 

Este clima general de cuentas judiciales por el gran latrocinio perpetrado en el país en los últimos años abarca todas las instituciones, estamentos y partidos. La historia de los procesos Noos, Gürtel, Púnica, etc., etc., es la historia de la corrupción en España. La corrupción, el privilegio, la impunidad, la injusticia. Este gobierno, el reino del clientelismo más desaforado, es seguidor de los anteriores de su partido que entiende el Estado como un cortijo con el que hace lo que quiere. 

Los tribunales, por otro lado, están empeñados en una batalla politica (ellos dicen que jurídica) en contra del independentismo catalán. Lo hacen instigados por este gobierno en el tiempo que le queda después de comparecer ante los otros tribunales por presuntos delitos comunes. 

dimecres, 22 de febrer del 2017

El referéndum

Aquí el artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado, 46/45. 46, las propuestas de Puigdemont de hace un año para debatir en La Moncloa; 45 las que La Moncloa está dispuesta a negociar un año después. No es rápida La Moncloa. Y la diferencia, la propuesta cuadragésima sexta, que el gobierno central excluye expresamente, es la del referéndum. Es decir, no hay, no puede haber diálogo.

Seguramente entre los cientos de asesores de que dispone Rajoy, todos cobrando una pasta de nuestros bolsillos, alguno le habrá dicho lo obvio: el referéndum es insoslayable. Aunque la comisión (supongo que se nombraría una comisión) negociadora alcanzara acuerdos en las 45 cuestiones de marras, el resultado habría de someterse a referéndum en Cataluña. No hemos llegado hasta aquí para que una reunión de sobremesa sustituya la voluntad democrática de los catalanes. Así que no se entiende el encabezonamiento de Rajoy salvo por un atavismo imperial muy típico de esta derecha reaccionaria: cualquier desacuerdo, discrepancia, se convierte en un asunto de principios enfrentados a muerte. Por eso lleva el Estado español cuatrocientos años de imparable decadencia.

Aquí la versión en castellano:

46/45

Hace algo menos de un año, en abril de 2016, Puigdemont se personó en La Moncloa con un repertorio de 46 cuestiones pendientes de tratar entre la Generalitat y el gobierno central, el doble de las que había ofrecido negociar a su vez Artur Mas el año anterior. Ambos presidentes recibieron el acostumbrado y arrogante “no” mesetario envuelto en la retórica flamígera del caduco imperio a cuenta de que una de las cuestiones era el referéndum: no se puede negociar con la soberanía del pueblo español.

¿Acaso no coinciden Rajoy y Felipe González en ese punto falaz de la soberanía innegociable del pueblo español? En ese y en muchos otros, pero ese es aquí decisivo porque explica por qué el nacionalismo español no se divide entre izquierdas y derechas. Es siempre de derechas. El de izquierdas, también.

Meses más tarde, en diciembre de 2016, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitía que el gobierno podía hablar de 45 de las 46 peticiones catalanas. Fuera quedaba la cuadragésimasexta, que no podía ni pronunciarse: el referéndum. De empeñarse en ello la parte catalana, no habría ningún diálogo. Y ese es el espíritu que destila la actitud actual del gobierno central: negociar sobre 45 de las 46 cuestiones, dejando aparte expresamente el referéndum que es precisamente la propuesta que da sentido a la posición de la Generalitat y constituye su fortaleza. Cosa, por cierto, que podría haber ofrecido ya hace un año de ser menos lento y algo más responsable.

Al final, por tanto, el gobierno se sienta a negociar a regañadientes, con un año de retraso y con imposiciones, como siempre. Pero lo hace. Los que no querían ni empezar a hablar han acabado comprendiendo que escenifican algo o la hoja de ruta catalana, en la que nunca han creído, va a barrerlos a ojos de la opinión pública internacional. La misma asustada sospecha de los socialistas que han pasado a hablar de “plurinacionalidad” de España pero tampoco quieren oír hablar de referéndum catalán.

Para disimular su insostenible posición, el gobierno ha conseguido ya que su Tribunal Constitucional, el órgano que actúa a sus dictados, haya anulado la decisión del Parlament de convocar el referéndum. De este modo, se sitúa fuera de la ley cualquier medida de las instituciones catalanas en prosecución de la hoja de ruta y se posibilitan más actividades represivas. De hecho, el TC ya ha instado a la Fiscalia a que afine una segunda causa penal contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

En estas condiciones la oferta de diálogo y entendimiento del gobierno español es una farsa dentro de su acostumbrada política de amenazas. A los efectos ha soltado también a sus voceros, pregoneros e intelectuales orgánicos de todo el espectro político para que exijan perentoriamente medidas contundentes. Si hace una fechas, Vidal Quadras recordaba que, cuando no se respeta el Estado de derecho (el Estado de derecho de la derecha española que ni tiene derecho ni, en el fondo, es un Estado) las cosas se resuelven por la violencia, su correligionario, Albiol, escenificaba gráficamente la amenaza pintando un futuro –que él decía querer evitar- con el ejército de desfile por la Diagonal. Menos belicosa la izquierda prefiere asustar por la vía administrativa y penal, y Guerra habla de suspender la autonomía con el artículo 155. El mismo artículo que invoca ese aparatoso prohombre, intelectual orgánico de la transición, Juan Luis Cebrián. El último cachorro del franquismo mediático, le añade un toque paramilitar hablando de la Guardia Civil, para cerrar el círculo con los escandalizados prohombres de la derecha.

En el fondo, quien mejor representa este espíritu de nacionalismo español por encima de sus tenues banderías es José María Aznar, que considera pusilánime toda intención dialogante del gobierno central con la Generalitat. El mismo Aznar que entregó el 15% del IRPF a la Generalitat a cambio del voto de Pujol a su investidura. Una concesión que evidencia el fondo real de la intención del nacionalismo español, especialmente el de derechas: está dispuesto a trocear España a cambio del mantenimiento de su privilegio sempiterno de gobernar lo que quede de ella. Lo que diferencia el independentismo catalán del nacionalismo español, sobre todo el de derechas, es que este último no cree en lo que dice defender.

Los franquistas salen del armario

Ya iba siendo hora de que Cebrián dejara de engañar y reconociera expresamente lo que es: un franquista. Lo hace introduciendo una inverosímil gradación: su familia era franquista, pero no tanto como la de Aznar. Pura miseria. El franquismo es un modo de ser, de pensar y de hablar. Puede que haya alguna distancia entre un hijo de un franquista y otro, pero será siempre mucho menor que la que haya entre cualquiera de estos dos y una persona normal de la calle. Porque ¿qué define el franquismo? Desde luego, hubo y hay franquistas muy variados: algunos eran monárquicos, otros sindicalistas, otros católicos, otros ateos, unos aristócratas, otros plebeyos. Pero todos, absolutamente todos, daban por buena una farsa de Estado regido por un puñado de delincuentes que impuso la arbitrariedad, la ley del más fuerte como el ordenamiento jurídico y definió toda la vida social en función de sus parámetros católicos, autoritarios, despóticosy conformistas. Todos los franquistas piensan que su idea es la única válida y las demás deben someterse, silenciarse o suprimirse.

El caso de Cebrián lo ilustra muy bien. Probablemente no sea tan estúpidamente fascista como Aznar, pero fue un enchufado del régimen anterior (director general de algo, ya se sabe) y sirvió inasequibla al desaliento. Luego tuvo que echarse una pátina de demócrata, para engañar a su jefe, Jesús de Polanco y a fe que lo consiguió porque lo ha reemplazado en el puesto de mando, aunque para poner El País al servicio de la derecha. No es tan reaccionario como Aznar, pero está lejísimos de tener una actitud de apertura mental y respeto por lo que no sean sus manías, aceptable en una sociedad moderna. Su idea de que la memoria histórica es admisible, pero no una ley que la consolide, afiance y haga productiva revela el fascismo disfrazado de buena conciencia de esta caterva de hijos de los vencedores de la guerra. ¡Estaría bueno que no le pareciera bien que la gente tenga memorias! Solo falta a estos siervos ponerse a decidir lo que la gente pueda pensar o no. No quiere Ley de la Memoria histórica porque, en el fondo, como todos esos mansos historiadores del olvido lo que trata es de conseguir que las víctimas y sus allegados no protesten, que se resignen, que se callen, para que ellos puedan seguir disfrutando de su posición de gente abierta y democrática.

En cuanto a Cataluña, el fascismo le sale a Cebrián por la orejas. Nada de independencia, nada de consulta o de referéndum. Como el caudillo Franco. Palo y tente tieso: los independentistas a los tribunales. Y, si hay que enviar a la Guardia Civil para meter en cintura a los independentistas, s la envía. Su idea de España es la única válida y quien proponga otra (o ninguna) que se atenga a las consecuencias. No hay diferencia alguna entre Vidal Quadras, Albiol, Alfonso Guerra y Juan Luis Cebrián. Todos creen que someter por la fuerza a los catalanes, inhabilitar o encarcelar a sus dirigentes, suprimir sus instituciones, quebrantar sus derechos es lo que debe hacerse. Exactamente igual que Franco

dijous, 16 de febrer del 2017

La realidad paralela

El viejo adagio latino de verba volant, scripta manent no se cumple en el caso del gobierno del PP en el que los escritos también vuelan, desaparecen, se hacen invisibles. El ministro no encuentra los informes paralelos de la policía sobre el 11-M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Ya es misterio. Con el caso Faisán, los medios de la derecha tuvieron agobiado al gobierno de Zapatero y su ministro Rubalcaba; con el 11M tuvieron agobiado al país entero dando pábulo a las hipótesis más delirantes; no sé qué perseguirían con el de Marta del Castillo pero alguna otra maniobra sucia.

Porque desde que llegó la pareja de lunáticos, Fernández y Cosidó, al mando de Interior, los asuntos de esta competencia dieron un giro siniestro, autoritario, represivo. Su culminación jurídica llegaría con la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley mordaza porque constituye un ataque en toda regla a los derechos y libertades de los ciudadanos, singularmente la libertad de expresión y las de reunión, circulación y manifestación. Una ley que pretende convertir a los ciudadanos en vasallos silenciosos. Pero ya desde el comienzo, el dúo arrancó a velocidad de crucero, creando una "brigada paralela" que Zoido acaba de disolver y era una especie de brigada político-social al servicio del gobierno.

La afición del ministro del Interior por valerse de todos los medios imaginables para hostigar y perseguir a los políticos de otras tendencias solo es comparable, al parecer, a su pasión por condecorar vírgenes o mandar a la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.

Hay pendiente de apertura en el Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de Fernández Díaz. No es posible que no haya responsabilidades por la froma de resolver el problema de El Tarajal; tampoco por los informes falsos filtrados a la prensa para desprestigiar al entonces alcalde de Barcelona, Trías; tampoco por la grabación de las conversaciones del ministro con un subordinado en las que complotaban para imputar falsedades a los adversarios y destrozar su sistema sanitario; tampoco por el culebrón de la grabación de La Camarga que destapó el caso Pujol.

Rajoy habla siempre de la obligación de cumplir la ley. Esto tiene su miga, aunque no hace ahora al caso. Lo que, sin embargo, no menciona es que las fuerzas de hacer cumplir la ley están dirigidas por un personaje por debajo de toda sospecha. Por ejemplo, la de que ha estado utilizando las fuerzas de seguridad del Estado en beneficio de su partido.

dimecres, 15 de febrer del 2017

Gobernados por delincuentes

Ayer ingresaron en prisión los primeros delincuentes de la Gürtel, Correa, el Bigotes, Crespo, etc. En ella se encuentran otros peperos no menos sinvergüenzas, como Matas o Fabra. Y en el próximo futuro se unirán bastantes más, según vayan viéndose los casos pendientes en los que el PP, una supuesta asociación de malhechores, tendrá que ir respondiendo de sus tropelías y latrocinios a lo largo de los últimos años. Años en que España ha estado gobernada en todos sus niveles por presuntos delincuentes que poco a poco van dejando de ser "presuntos" para convertirse en ladrones sin más. Una situación de escándalo permanente a la que se ha llegado porque, a base de financiarse ilegalmente, el PP ha ganado elecciones que, en realidad, habría que considerar nulas. Sin embargo Mariano Rajoy, representante de esta cuadrilla de facinerosos y a su vez acusado de llevar años cobrando sobresueldos ilegales de la caja B del partido, afirma que la corrupción quedó atrás, cuando la lleva él pegada a sus zapatos, y que es su gobierno el que más ha luchado contra ella, cuando es el que la ha amparado y protegido. 

Contra la corrupción lucha y sigue luchando ejemplarmente el pueblo rumano que ha obligado al gobierno a retirar el decreto que pretendía poner en la calle a cientos de corruptos encarcelados. Ha sido el resultado de manifestaciones multitudinarias y permanentes que ahora tratan de conseguir también la dimisión del gobierno socialdemócrata por su complicidad con la corrupción.

¿Podría pasar algo similar en esta país, gobernado por un partido corrupto con multitud de dirigentes bajo sospecha, acusados o condenados por corrupción? Seguro que no por el grado de resignación apática de la población y la complicidad de los partidos de la oposición según sosteníamos en otro post, cómo hemos llegado a esto. Al contrario, lo que cabe esperar de un gobierno del PP es que en poco tiempo indulte a los delincuentes condenados, como tiene por costumbre. Forma parte de su modus operandi, para dar seguridad a los malhechores en sus filas: "vosotros robad que luego os indultamos". La mafia es siempre solidaria y el partido gobernante en España es lo más parecido a la mafia.

Precisamente para evitar esta práctica, el Congreso estudiará una proposición de ley del grupo socialista que prohibirá los indultos a los delincuentes por corrupción y violencia machista. Todos los grupos parlamentarios apoyan la idea con la que, sin duda, simpatiza la gente en general. Luego llega la letra pequeña: para que se note bien la voluntad regeneracionista de los gobernantes peperos ayer mismo el gobierno indultaba a seis funcionarios del ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación. Innecesario decir nada más.

En realidad, lo que el PP ha establecido en España, ya desde los tiempos de Aznar, es un gobierno de rapiña y expolio por partida doble que también ha tocado al PSOE: a) en el orden colectivo, la política neoliberal ha consistido en privatizar todas las empresas que se ha podido (energéticas, telecomunicaciones, etc.) para entregárselas a los amigos quienes, a su vez, supieron recompensar a los políticos privatizadores con suculentos salarios, como el propio Aznar, González y una recua de aprovechados que se han forrado a costa de los contribuyentes y los clientes de las empresas. También han descapitalizado y destruido los servicios públicos no privatizados (singularmente sanidad y educación) para que se lucren otros amigos o ellos mismos; b) en el orden individual, barra libre para que los cargos, militantes y allegados del PP (o del PSOE en Andalucía) roben a manos llenas, malversen, prevariquen y se enriquezcan también a cuenta del contribuyente.

A veces ambos órdenes están entremezclados. Algo de eso hay en la imputación de la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿O no eran estos, especialmente el ínclito MAFO, los que remachaban de continuo la doctrina neoliberal de congelar o recortar salarios, subvenciones y vetajas del Estado del bienestar; los que con salarios estratosféricos pedían que no se aumentara el salario mínimo? En qué medida también se beneficiaron de los presuntos delitos de Bankia personalmente es algo que ahora tendremos ocasión de averiguar, gracias a la reapertura de un proceso que otras instancias judiciales, más afines al PP, intentaron bloquear.

Dos imputaciones más esperan en puertas, aparte, por supuesto, de las que seguirán cayendo porque, con el PP, España es un país gobernado por delincuentes presuntos o sin presumir. Un país en el que un hombre como Rato pudo ser vicepresidente del gobierno y, mientras se enriquecía al parecer ilegalmente, cultivaba el mito de ser "el milagro español" es, literalmente, un país gobernado por ladrones. Las dos imputaciones que aguardan son las del presidente del PP de Murcia y la del alcalde también del PP de Brunete. Pero vendrán más, muchas más. Y eso que todavía no hemos hablado de la parte que toca a la Iglesia católica en este desbarajuste.

Pero aquí no dimite nadie, empezando por el presidente del gobierno, principal responsable y presunto beneficiario y cómplice de esta realidad de robo, saqueo y corrupción que es hoy España. 

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

dimarts, 14 de febrer del 2017

¿Cómo hemos llegado a esto?

Mientras Rajoy era reelegido presidente del PP por mayoría búlgara, en Valencia caía una cascada de años de cárcel a algunos de los principales de la Gürtel, Correa, el Bigotes, una exconsejera del gobierno de Camps, etc., todo galaxia PP, primer partido en comparecer como acusado en un proceso penal. Y no un partido cualquiera, sino el partido del gobierno. El partido del presidente reelegido por aclamación y cuya comparecencia en otro procedimiento penal vuelve a solicitarse para que aclare su relación con la caja B de su organización de la que, supuestamente, cobraba unos sobresueldos, acusación que no se ha refutado, que yo sepa y que debería haber supuesto su dimisión fulminante desde que se conoció el cambalache.

La corrupción generalizada no se reduce a estos casos. Ayer mismo, al tiempo que el partido, comparecía en la causa la exministra de Rajoy, Ana Mato, quien trató de hacerlo prácticamente incógnito y resultó no saber ni recordar nada, como siempre. Hace un par de días, también, se sabía que Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno de Aznar venía al parecer defraudando a Hacienda desde desde 2004 a 2015. Métanse en un saco, por no hacer el relato interminable los múltiples casos de otros cargos, cargazos y carguillos del PP que llevan años deleitando las sobremesas televisivas: Camps y sus trajes; Matas y su palacete; González y su ático; Fabra y su aeropuerto para peatones; Granados y la Púnica; Barberá y su Ayuntamiento. Añádanse también sendos procelosos elencos de otros acusados de corrupción en la rama valenciana y, sobre todo, la madrileña, poblada de personajes curiosos.

Rancho aparte ha venido teniendo el increíble caso Bankia, protagonizado por el no menos increíble amigo de pupitre de Aznar, Blesa, aficionado a los safaris, como Hemingway. Una estafa de proporciones ciclópeas, con decenas de miles de afectados, lo que provocó ese rescate de Bankia que se ha hecho a costa de la hucha de las pensiones. Todo ese Monipodio celebrado a todo lujo en una francachela a cuenta de las black. Cuando el asunto fue a parar a la alta inspección del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el resultado llevó a imputar no a Bankia sino a los directivos de las dos entidades ya se verá con qué alcance.

Las vueltas que da la vida. En tiempos del gobierno de Felipe González, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, acabó en la cárcel. Por entonces se consideró que se había llegado al límite de lo soportable en materia de corrupción. Que te robe el gobernador del banco central es como para dudar de la racionalidad y eficacia de los mercados de razón neoliberal. 

La situación hoy es muchísimo peor. En tiempos de González, este estuvo a punto de ser llamado en el proceso de los GAL. En estos, Rajoy puede ser llamado por otro tipo de motivo. La corrupción es estructural y apabullante. La cuestión es, en efecto, ¿cómo hemos llegado a este extremo? Se me ocurren varias razones concomitantes: en primer lugar porque la sociedad tiene una umbral de tolerancia de la corrupción muy alto y una conciencia ciudadana muy baja. Entretenernos en esto sería prolijo y también innecesario porque es opinión generalizada. En segundo lugar por una llamativa  incuria de los partidos de la oposición que son cualquier cosa menos oposición. Su falta de beligerancia permanente contra la corrupción del partido del gobierno prácticamente los hace cómplices. Y, en tercer lugar, unos medios abrumadoramente a favor del PP. Los audiovisuales públicos son centros de propaganda del gobierno y su partido. Los privados, pese a algunos escarceos, al servicio de la derecha, como la prensa de papel. Función de investigación de la corrupción del poder, cero.

A todo esto debe añadirse un profundísimo sentido caciquil de la política, impuesto por el presidente de los sobresueldos que lleva toda su vida ejerciendo de político profesional gracias a sus pragmáticas (algunos dirían "cínicas") formas de proceder. Su gobierno ha abolido de hecho el principio de separación de poderes, desnaturalizado la democracia, colonizado las instituciones y politizado a su favor la administración de justicia. Y ha anulado el principio de rendición de cuentas de los gobernantes. Un verdadero destrozo.

Así es como hemos llegado a esto. Y parece muy difícil remediarlo.

diumenge, 12 de febrer del 2017

De caudillos y masas

El de ayer fue un día dedicado a la exaltación del carisma, del culto a la personalidad, de glorificación del heroico líder en las principales fuerzas políticas del extraño sistema político español. Un sistema político que tan pronto parece un bipartidismo difunto como un bipartidismo resurrecto. Por supuesto, cada una de esas fuerzas, el PP, el PSOE y Podemos, escenifican la glorificación del caudillo o caudilla, según sus circunstancias y características.

El PP se encuentra en un congreso de autocomplacencia. Solo hay un candidato a la presidencia y, una vez este elegido prácticamente por unanimidad llamada búlgara, procede a nombrar a los demás cargos del partido a dedo, como corresponde a los democráticos tiempos que nos ha sido dado vivir. El jefe hoy indiscutido, el artífice de cuatro prodigiosos años de mayoría absoluta, gobierno absoluto y que hoy promete otros cuatro de igual o superior prosperidad sin mayoría absoluta pero con la inestimable alianza con el PSOE, el otro partido dinástico. En el momento de los encendidos discursos se pronunciaron las sentencias en el primer juicio de la serie Gürtel que envían a la cárcel a una serie de delincuentes y miembros del partido, a veces personas distintas, a veces las mismas. Pero da igual: las noticias desagradables del exterior no entran en el multitudinario y agradecido cónclave del partido del gobierno. Sí, parece que en algún otro siglo, en otro país de ubicación imprecisa, hubo unos episodios de corrupción galopante. Pero eso no reza con nosotros. Según dice el Jefe, el partido ya pagó en las urnas el precio de la corrupción. Queda media docena de procesos pendientes de la Gürtel y la Púnica y el inefable Bárcenas, pero es de suponer que tampoco afectarán a la alta estima en que el PP se tiene a sí mismo. Solo hay una pequeña nube: si en alguno de los procesos que quedan se llama a declarar a Rajoy a cuenta de los sobresueldos en B. Téngase en cuenta que es el único secretario general del PP que todavía no ha declarado ante el juez. Los otros, anteriores y posteriores a él, ya lo han hecho, ¿Por qué no él?

En el caso del PSOE no ha sido un congreso sino un evento precongresual, una exhibición de músculo, dicen los medios, para que Susana Díaz compruebe a la par que muestra sus apoyos para la aventura de la SG, algo que nadie en el fondo cree factible excepto ella que irradia seguridad en sus más altos ambicionados destinos: tengo ganas, dice, apuntando a la SG sin mencionarla. Y me encanta ganar, añade, mirando ya a la presidencia del gobierno. No es un discurso conceptualmente rico sino, más bien, un par de exabruptos elementales pero seguramente lo que juzga conveniente la interesada para movilizar sus apoyos. Porque su principal apoyo es ella a misma, esa especie de ciega convicción que transmite con la fuerza del caudillaje de que le corresponde ganar por ser ella, quintaesencia del alma socialista de Triana. Ciega convicción, fuerza silenciosa casi telúrica, capaz de defenestrar un SG en veinticuatro horas y postularse sin más como su sustituta. Los apoyos de ayer, sobre todo alcaldes. El acto, una especie de alcaldada. Sobre todo porque carecía de justificación que no fuera el interés de la junta gestora por hacerle la campaña a Díaz sin que lo parezca. La exaltación de la caudilla no recompensaba los méritos pasados, como en el caso de Rajoy, sino los futuros, los que acumulará una vez haya sido votada por las bases en unas malditas primarias que la buena mujer no encuentra modo de soslayar.

El congreso de Podemos pone la nota sentimental, de color narrativo. El enfrentamiento clásico en las izquierdas entre una orientación más radical, revolucionaria, jerárquica, disciplinada y otra más moderada, reformista, democrática, easy going, pero ambas igualmente caudillistas lo ha invadido todo. Asombrados los militantes y dirigentes (y no se hable ya de los simpatizantes y votantes) de que les estuviera pasando a ellos lo que pasa a todo el mundo, salieron al ámbito público con los más divertidos (y previsibles) discursos: que no era cierto, que eran invenciones del enemigo, que la canallesca, ya se sabe. Que sí era cierto y lamentable y había que remediarlo. Que toda división es mala, todo enfrentamiento, dañino. (Lo cual tiene gracia para gente que siendo marxista en muchos casos, debieran horrorizarse menos al encontrarse ante lo que siempre predican como fuente del progreso, la contradicción). La propia historia de la organización, que resume su identidad, obliga a recomponer la unidad. Y así, a los gritos de las masas entregadas, hubo que escenificar una recomposición de la unidad del caudillo bicéfalo más falsa que los abalorios de las Indias. El congreso de Vistalegre II parecía un funeral. Y lo parecía porque lo era. El funeral correspondiente al entierro de la sardina: todos los excesos y demasías del pasado quedan sepultados y amanece un nuevo día de la mano del amado líder a quien sus fans identificaban con el mismo proyecto de Podemos cuando afirmaban que si Iglesias caía, caería Podemos.

divendres, 10 de febrer del 2017

Estado de corrupción

¿Es válido el resultado de un juego en el que se demuestra que la parte ganadora hizo trampas? El ganador, el campeón, pierde los títulos. ¿Por qué se da por válido el resultado de unas elecciones que se ganaron gracias a la financiación ilegal? No hay más "razones" que la arbitrariedad por la parte ganadora y la sumisión por la perdedora. Pero no es de recibo. En un Estado de derecho no es de recibo.

La cuestión es si España puede considerarse un Estado de derecho. Empecemos por arriba. El Senado rechaza la petición de Compromis de que el Estado responda si se pagaron "aventuras cárnicas" del rey Juan Carlos con dinero público. Ya solo la pregunta nos introduce en un jardín pintoresco, pero la respuesta de que esa información no puede facilitarse por ser materia reservada sujeta a la ley de secretos oficiales lleva el pintoresquismo a niveles surrealistas. ¿Por qué son "materia reservada" y "secreto oficial" los escarceos amorosos del anterior Borbón reinante de los que habla todo el mundo en la televisión, incluidas sus protagonistas? Notable tufo a ridículo. Y de Estado de Derecho, nada. ¿Por qué no puede conocer de cierto, por fuente oficial, la ciudadanía las alegrías del Rey con presuntos dineros públicos? Los del silencio suelen argumentar el art. 53,6 de la Constitución, el que hace inviolable y no sujeta a responsabilidad la persona del Rey. Ya es insólito un Estado de derecho en el que hay alguien por encima de la ley. Pero es que, además, es estúpido porque no se trata de si el Rey es o no inviolable sino de si tiene el derecho a gastarse el dinero de la ciudadanía sin dar cuentas por ello. Una cosa es ser inviolable y otra incognoscible. Claro que tampoco ha comentado nadie en la Casa Real la noticia publicada hace ya año en Forbes sobre la supuesta fortuna de Juan Carlos de 1800 millones de €. La inviolabilidad y la irresponsabilidad no producen invisibilidad.

Es un Estado de derecho en el que muchos cargos políticos del partido del gobierno pasan más tiempo luchando en los tribunales que gobernando. Y son docenas. En todos los niveles. Y las causas son siempre corrupción, malversación, apropiación indebida, cohecho, etc. Algunos jueces que han llegado a imputar al partido como persona jurídica lo tienen como una asociación con ánimo de delinquir. Es verdaderamente curioso que un partido parecido a una asociación de malhechores administre un Estado de derecho. Se percibe cierta incongruencia: un partido en el que han tenido importantísimas funciones de gestión personas como Fabra, Granados, Matas, Mato, Rato, Camps, Barberá y muchísimos otros de menor relevancia no parece el medio más idóneo para gobernar un Estado de derecho.

Sobre todo porque, además, si algo ha caracterizado la reacción del PP ante la corrupción ha sido una disonancia cognitiva total desde el primer momento. En el terreno declarativo pasó de negarlo todo ("no un montaje del PP sino un montaje contra el PP") a ponerse al frente de la manifestación y acaudillar el regeneracionismo con algunas normas anti-corrupción de las que nadie hacía el menor caso. En el terreno de la acción torpedeó sistemáticamente la acción de la justicia (destrucción de pruebas, mala fe procesal, etc) y encubrió cuanto pudo a los imputados, acusados o condenados.

En este terreno del encubrimiento -que genera una desconfianza grande de la gente en las instituciones democráticas- se juega todo el Estado de derecho. Si a día de hoy, el presidente del gobierno recibe a los familiares de las víctimas del Yak42 con catorce años de retraso y con ello, aunque sea vergonzantemente, se admite la responsabilidad del Estado (o sea, de Trillo, que aún no ha pedido perdón), esos catorce años ¿no han sido de encubrimiento?

Y es el caso que tal parece ser el contenido de la pelea en el PSOE, sobre si Estado de derecho sí o no. El campo de Susana Díaz, la Gestora, los medios, los barones, etc lleva al PSOE a la gran coalición en la que de hecho ya está. El mantenimiento de la alternancia de los dos partidos dinásticos, los dos leales a la III Restauración. La candidatura de Sánchez trae apoyos de naturaleza muy distinta, procedente de las bases, los militantes y da la impresión de que se orienta más a una alianza de la izquierda que restaure más que la monarquía el Estado de derecho en el que todos somos libres e iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. La tercera candidatura, la de López, no acabo de encontrarle perfil propio.

Por eso importa tanto a todo el mundo la solución del conflicto en el PSOE.

dijous, 2 de febrer del 2017

La raíz de la corrupción

En el post de ayer, titulado Corruptópolis, Palinuro comentaba tres asuntos de corrupción en España y vergonzosas y/o ruines actuaciones del presidente Rajoy: el nombramiento de su amigote Arsenio Fernández de Mesa como consejero de la Red Eléctrica (150.000 € al año), puesto para el que tiene tantos merecimientos como para ser director de la Guardia Civil, su cargo anterior: ninguno. Solo su amistad con Rajoy y su canina lealtad a este. La incapacidad para pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak42 que lo fueron por la imperdonable actuación del gobierno en el que él, Rajoy, era vicepresidente. El insólito homenaje póstumo que se tributó a Rita Barberá, con el mismo Rajoy (el que la echó del partido) cantando sus alabanzas. A los familiares, no, pero a Rita Barberá, sí. Todo ello coronaba un jornada en la que PP y C's impedían la mísera subida de 1,2% de las pensiones, mientras el PSOE, que lo pacta todo con este gobierno, no hacía nada.

El post era un florilegio de la corrupción que caracteriza a la España actual bajo el PP, una corrupción generalizada, estructural, procedente de un gobierno cuyo presidente está acusado de haber cobrado sobresueldos en negro y cuyo partido es considerado por algunos jueces como una "asociación para delinquir".

Me quedé pensando en que este fenómeno de corrupción generalizada, descarada, desvergonzada (repásense los vídeos de Rajoy, Trillo, Bárcenas y resto de esta cuadrilla), tenía que tener alguna explicación racional. No podía ser una plaga divina, sin causa terrena aparente. Y creo haberla encontrado. A ver qué opinión merece.

Mariano Rajoy Brey nació en 1955. Él y sus tres hermanos (dos chicos y una chica) sacaron unas de las oposiciones más difíciles del Estado (registradores y notarías) a la primera y apenas terminadas sus carreras. Hay quien relaciona estos milagros con el hecho de que fueran hijos de Mariano Rajoy Sobredo, el magistrado que presidía la Audiencia Provincial de Pontevedra cuando se juzgó el famoso escándalo del aceite de Redondela en la primera mitad de los setenta, un proceso lleno de misterios, con siete muertes escasamente investigadas y menos explicadas y en el que aparecía mezclado el hermano del dictador, Nicolás Franco, quien ni siquiera fue llamado a declarar. El juicio terminó sin pena ni gloria, condenándose a unos años de cárcel a tres pichichis y dejando todo lo demás en la oscuridad, incluido el destino de millones de litros de aceite de los que nunca más se supo. Todo lo anterior y más lo encontrará el lector en el documentado artículo de Eusebio Lucía Olmos, titulado  ¿Fue Mariano Rajoy un lumbrera o simplemente un beneficiario directo del caso 'redondela'"?

Luego, Rajoy no debió de ejercer su profesión ni tres años pues ya en 1981 lo encontramos activo en Alianza Popular (nombre anterior del PP) y diputado del Congreso en 1982. Desde entonces, hace ya 35 años, no ha abandonado la actividad política como presidente de diputación, ministro, vicepresidente del gobierno y actual presidente, secretario general del partido y también actual presidente de este. O sea, un político profesional con una formación escasísima (basta con oírlo y ver lo que lee) y prácticamente ninguna experiencia laboral que no sea intrigar para conseguir los cargos. No es pues exagerado considerar que al frente de los destinos del país se encuentra un absoluto mediocre que solo prospera en los tejemanejes políticos de los partidos. A la conocida idea de la sociología funcionalista estadounidense de mediados del siglo XX de que las sociedades industriales se rigen por el principio de la meritocracia, Rajoy contrapone una larga práctica demeritocrática.

Y es lógico. Nadie que ascienda por encima de sus dotes, cualidades y esfuerzo tolera a otros a su vera que puedan hacerle sombra. Los necesita más mediocres, más inútiles, con menos escrúpulos que él y completamente entregados a su voluntad pues, si no se benefician de los arbitrarios nombramientos del jefe, no son nada.

Ahora repásense los nombramientos de Rajoy desde siempre. ¿Se busca en ellos la experiencia, la competencia, la capacidad, la voluntad de trabajo, o basta con ser amigo y gozar de la confianza del jefe para ascender meteóricamente aunque no se sepa nada de trabajo (Báñez), de sanidad (Mato), de educación (Wert), de energía e industria (Soria), de seguridad (Fernández Díaz), de la Guardia Civil (Fernández de Mesa), del ejército (Cospedal), etc.? Y ese ejemplo se extiende de arriba abajo por la pirámide del Estado y se reproduce en todos los niveles, en los que se entregan competencias a gentes que carecen de ellas y solo se distinguen por su obediencia ciega y su afición a incurrir en comportamientos presuntamente delictivos y muy enriquecedores. En España, en política, y gracias a Rajoy, no se selecciona a la gente por su mérito sino por su entrega y su demérito.

Y esa es la raíz de la corrupción general imposible de atajar porque, milagrosamente (tan milagrosamente como la carrera política de Rajoy) la raíz está en la copa del árbol. 

(La imagen es una foto de la Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), bajo licencia Creative Commons).

dimecres, 1 de febrer del 2017

Corruptópolis

Con la que está cayendo a cuenta de las puertas giratorias y de las empresas eléctricas (un suculento negocio para los políticos y sus amigos a costa de que la gente pague unas de las tarifas más altas de Europa), cualquiera diría que este nombramiento muestra poco tacto o sentido de la oportunidad. Otra puerta giratoria y más que giratoria, una verdadera lanzadera. El puesto para el que se ha nombrado a este personaje con unos 150.000 € al año, queda vacante porque su anterior titular se incorpora al gobierno. ¿Habían oído hablar alguna vez del capitalismo de amiguetes? Son las reglas del mercado: las empresas no se arredran en contratar auténticos inútiles por una millonada porque saben que se las recompensa por otro lado. La experiencia del nombrado en asuntos de energía viene de haber sido director general de la Guardia Civil, puesto al que fue ascendido sin merecimiento alguno, como decisión personal de su amigo Rajoy. ¿Paganos? Los contribuyentes.

La idea de que este nombramiento muestra falta de tacto es, en realidad, una simpleza. Los que proceden a hacer nombramientos caciquiles se pasan el día haciendo cosas parecidas. El Estado es de su propiedad y hacen con él lo que quieren. Nombran a la gente que les da la gana, amigos, allegados, parientes. ¿Para qué van a necesitar tacto o sentido de la oportunidad? Hacen lo que quieren porque es lo que quieren y nadie protesta y, lo más grave, nadie lo impide. Es una desvergonzada conciencia de impunidad. Después de 14 años de humillar la memoria de las víctimas del Yak42, sin pedir perdón por el inaudito atropello, los mismos que son políticamente responsables de él reciben a los familiares como si les hicieran un favor y siguen sin pedir perdón.

¿Por qué habrían de hacerlo? El país es suyo. Si hubieran de andarse con remilgos y cuestiones de oportunidad, ¿cómo iban a homenajear póstumamente a Rita Barberá? "Era buena, decente y trabajadora; la echo de menos", dice Rajoy. ¿Sentido de la oportunidad? Debe de ser el mismo Rajoy que la obligó a dejar la militancia cuando las cosas se le pusieron feas, pero que ahora, llevado por el entusiasmo, ha llegado a comparar a Barberá con los ediles muertos por atentados terroristas.

Todo eso y mucho más, cotidiano, permanente: latrocinios, expolios, estafas, malversaciones...la corrupción en España es estructural y todo lo que se hace es funcional a esa estructura. Que, por lo demás, sigue manteniéndose sobre las costillas de los más débiles, los jóvenes, los parados, los dependientes y, en esta ocasión los jubilados pues el PP y C's han conseguido paralizar la subida de las pensiones de un 1,2%, siendo así que la inflación en enero ha sido del 3%.

A esta situación de trapaza y corrupción cotidiana, aquilatadamente española, hemos llegado con el impagable auxilio del PSOE al permitir con su abstención este gobierno de la derecha. Andan por ahí los voceros de la gestora diciendo que lo controlan y que son una oposición útil a la ciudadanía. A la vista está, en la impunidad con la que el gobierno hace lo que quiere.

Ahora amenazan con no aprobar los presupuestos. Será de ver hasta dónde llevan su negativa, teniendo en cuenta que Rajoy dispone de la llave de elecciones anticipadas. Y si, para evitar elecciones anticipadas, se forzó una abstención del partido que lo dejó fracturado, ¿qué no se hará para evitarlas de nuevo? Por ejemplo, aprobar los presupuestos con estos o aquellos retoques que el gobierno se encargará de ignorar olímpicamente, como hace con todas las proposiciones no de ley del parlamento mientras él procede por decreto.

divendres, 27 de gener del 2017

Estar al tanto

Y van dos en casa Alsina. Después del éxito arrasador de "¿Y la europea?" llega el "ahí me ha sorprendido usted". Vamos, que no sabe de qué están hablándole. Sostiene que él no está en estas cosas, como el que dice "menudencias", ya que está dedicado a gobernar. A gobernar lo que los apandadores de su partido han dejado, que no es mucho.

La responsabilidad del PSOE por propiciar que el país siga dirigido por alguien tan manifiestamente incompetente es inmensa. Si "gobernar" no es estar al tanto del mayor proceso por corrupción de la historia reciente, que afecta a su partido, su gobierno y él mismo, el presidente debiera explicar qué es gobernar.

En unos casos por defecto y en otros por exceso, los personajes públicos deben controlar más sus discursos. Si duda con la mejor intención del mundo y cierto sentido de la ironía, el juez independentista Santi Vidal ha metido a la Generalitat en un lío. Albiol ya ha ido corriendo a chivarse a la Fiscalía. La política requiere malicia. Su ausencia puede producir auténticos terremotos.

Puestos a declarar con malicia y eficacia y hasta perversa intención, los anteriores podían aprender del ministro del Interior, Zoido, un maestro del framing cuando anuncia un dispositivo especial de seguridad en Murcia para evitar peleas entre radicales. La noticia, que yo sepa, lo que se difundió por las redes, no era que fuera a haber "peleas entre radicales" en Murcia, sino que los grupos neonazis se daban cita en Murcia para apalear a quienes les diera la gana. Hay una poderosa diferencia de matiz que iguala sin razón a los agresores y los agredidos y fabrica una idílica imagen de moderación pues los "radicales" son los otros. Aunque no sea cierto. Un artista, este Zoido. Al lado de Rajoy, un virtuoso.

dijous, 26 de gener del 2017

Franco, totalitarismo/autoritarismo

Debate este que agita las nunca tranquilas aguas de la historia, la ciencia y la teoría políticas, la sociología, la economía. ¿Fue el régimen de Franco totalitario del principio al final? ¿Solo al principio y fue luego autoritario? ¿Fue las dos cosas alternadamente? Los partidarios de una u otra interpretación siguen debatiendo, porque no hay acuerdo. Fue una dictadura, claro, pero en la calificación está la discrepancia.

Hace unos días leía un magnífico artículo sobre este asunto de Manuel Pastor en el que recordaba que, con motivo de un homenaje a Juan J. Linz, entonces recién fallecido, servidor se lo rindió por la distinción totalitario/autoritario hablando del franquismo y reconoció que ningunearla había sido la posición tradicional de la izquierda. Touché por Manolo, hube de volver sobre el asunto y reconocerme que, en realidad, ninguna de las fórmulas me satisfacía, pero vivir en la contradicción, tampoco. En efecto, el régimen empezó siendo totalitario. El propio Franco se jactaba de ello. Pero, pasados los años, ya en los sesenta, no cabía duda de que las cosas habían cambiado. Existía un margen más bien alegal para la oposición y no se procedía tan salvajamente contra ella como en los tiempos de la primera posguerra. Justo es el tema de la famosa película de Alain Resnais, La guerra ha terminado, con guión de Federico Sánchez, es decir, Jorge Semprún. Pero no menos cierto es que, en sus postrimerías el mismo régimen murió matando a base de fusilar opositores, como si quisiera dejar constancia de que mantenía el rescoldo totalitario.

No cabe una interpretación correcta de este agitado proceso, de este rompecabezas, si se omite una pieza esencial, que, sin embargo, no suele aparecer en el debate: la iglesia católica, firme sostén y leal aliada del régimen desde el mismo alzamiento el 18 de julio hasta los últimos sacramentos y más allá. El régimen se permitió el lujo de no ser totalitario y presentarse como autoritario (con la mitología tecnocrática de las dictaduras desarrollistas) porque del frente totalitario se encargaba la iglesia que, con el ejército, cogobernaba el Estado. El régimen se cuidaba adusto del orden público (militarizado) y no necesitaba mostrarse totalitario metiéndose en la vida privada de la gente y en lo que esta pensara en su fuero interno porque eso lo hacían los curas.

El régimen nunca fue solo totalitario ni solo autoritario porque fue nacionalcatólico; un híbrido.

Por eso, el debate totalitarismo/autoritarismo no puede resolverse ya que falta por identificar un actor esencial. No se identifica como tal porque en los análisis de los estudiosos, tanto de derechas como de izquierdas, lo dan tan por supuesto que no lo ven. La iglesia católica. Un Estado dentro del Estado.

dimecres, 25 de gener del 2017

Los tres pies del gato

Esos tres apellidos perfilan las tribulaciones del presidente Rajoy: el ala conservadora, el panorama procesal y el conflicto catalán o, para decirlo más a la pata la llana, como suelen hacer los medios: la extrema derecha, la corrupción y el separatismo. Y las tres se retroalimentan. La extrema derecha percibe no una sino tres desvertebraciones de España y, por este camino, no atisba futuro para el país. Pero eso no es nuevo. En buena parte la corrupción se origina en la falta de confianza de los políticos en el país que gestionan y la corrupción viene de los tiempos de Aznar. A su vez, los catalanes, convencidos de tener los elementos necesarios para seguir su propio camino, así lo plantean, sacando buenos réditos de la confusión española actual y la evidente expectativa que esta situación suscita en Europa.

En esas circunstancias, el país tiene un presidente sin mayoría absoluta, zarandeado por la corrupción y con una endiablada crisis constitucional a cuenta del referéndum catalán de la que no tiene ni idea de cómo zafarse. Solo se visualizan los dos presidentes, el de España y el de Cataluña, repitiendo sus voluntades: "todo el mundo sabe que ese referéndum no va a celebrarse", reitera Rajoy. "El referéndum se celebrará, sí o sí" insiste Puigdemont "y será vinculante", añade. La situación es suspensiva, de donde viene el "suspense", hoy sustituido por "thriller".

Pero la cuestión, como siempre, es la confianza que, para afrontar esta delicada situación, ofrece Rajoy. Desde luego, oírlo no tranquiliza nada. En una conferencia en el Casino de Madrid (hasta en esto es la derecha fiel a su espíritu caciquil), el presidente ha amontonado su habitual sarta de particulares lugares comunes. Son particulares por ser muy suyos y son comunes porque los repite siempre, desde que tomó posesión, hace ya un contraplán quinquenal.

Rajoy es experto en comparecer para no decir nada. Y eso, cuando admite preguntas. Y eso, cuando no comparece en plasma. Sobre Aznar no tiene nada que decir, lógicamente. Cada cual es dueño de sus opiniones. Sobre el señor de cuyo nombre no quiero acordarme es cosa en los tribunales y tampoco hay nada que decir, más lógicamente aun. En cambio el presidente fue cumplidamente informado con dos horas de antelación del rotundo fracaso cosechado por el separatista catalán en Bruselas, razón por la cual barbotó eso de que le habían dado "lo que merece" sin saber que quizá "se lo merezca", pero aún no se lo habían dado. Lógica metedura de pata cuando se va por ahí sin saber lo que se dice.

Es sana opinión de la gente de sentido común, la gente previsible, como Rajoy, según asegura él mismo: "no hay que buscar tres pies al gato". 


divendres, 6 de gener del 2017

Sigue el diálogo

¿Por qué ordena la fiscalía a los mossos que hagan lo que tienen que hacer? Vigilar los delitos, impedirlos, denunciarlos, perseguirlos. Se trata de la función de los mossos. ¿Es que no la hacían? No debía de ser el caso puesto que la policía autonómica ya había mandado a la Audiencia Nacional un informe documentando 24 casos de delitos de este tipo. Prueba de estaba trabajando a pleno rendimiento. Más parece que el recordatorio de la fiscalía tiene una funcionalidad intimidatoria o amenazadora. Al hacer pública la advertencia de que los guardias estén atentos a la comisión del menor delito, a fin de reprimirlo, lo que se pretende es que sea de conocimiento general la plena disposición de las autoridades a reprimir cualquier conato de sedición o rebeldía. En el fondo, una amenaza del nacionalismo español al catalán.

Otra cosa es que se tipifiquen como delito los "ultrajes" a la corona. Eso sedicentes "ultrajes"no se refieren solo a la corona sino a prácticamente todo el orden político, desde la Constitución al ejército. En realidad, fue a causa de este último cuando se crearon estos delitos tan subjetivos como arbitrarios de los ultrajes e injurias a símbolos, objetos, entes, en la Ley de Jurisdicciones de 1906, aquella vergüenza por el que el Estado alfonsino se sometía a la arbitrariedad cuartelera. La República, con gran tino, la derogó; pero Franco, siempre dispuesto mostrar su faz de dictador, la incorporó a su legislación de seguridad, de delitos contra el ejército y al Código Penal.

Y ahí sigue. Dentro de poco veremos más acciones de desobediencia civil en Cataluña, muchas de las cuales podrán interpretarse como intolerables ultrajes a la corona o a la Constitución y así lo harán los segmentos más profranquistas de la judicatura, como ya está sucediendo. Admitir que un "ultraje" a la corona, a la Constitución, a la casa real sea un delito, cuando es materialmente imposible delimitar objetivamente el alcance del ultraje es abrir las puertas de par en par a la censura, a la represión a la negación de libertad de expresión. Se trata de algo a lo que este gobierno neofranquista es muy proclive, como se muestra por el hecho de haber aprobado una norma tan represiva, dictatorial y odiosa como la ley mordaza, por la que se pretende yugular todo atisbo de debate público.

dijous, 5 de gener del 2017

Fulminado, por fin, pero en diferido

Para los tiempos que marca La Moncloa, la destitución de Trillo ha sido fulminante. Y eso que el Consejo se demoró unos diez años en llegar a su conclusión. La lentitud de antaño es la celeridad de hogaño. Dictaminar el Consejo de Estado su responsabilidad en la tragedia del Yak 42 y declarar el gobierno zafarrancho de limpieza en 72 embajadas (entre ellas, claro, Londres) fue todo uno. Es estilo de la casa: disfrazan una destitución multiplicándola por 72. Trillo debe de sentirse como Sansón en Gaza: le han sacado los ojos, pero él muere derribando el templo sobre los filisteos o el conjunto del servicio exterior sobre el gobierno.

La exigencia de responsabilidad política ya la había excluido Rajoy, al decir que se trataba de un asunto sustanciado en sede judicial y que, además, había sucedido hacía muchísimo tiempo. Exonerado judicialmente en su día por los tribunales y ahora políticamente por quien podía exigirle la responsabilidad aparte de su conciencia, de la que parece andar escaso, Trillo se suma a una operación burocrática general sin aceptar ningún tipo de responsabilidad y en la esperanza de incorporarse a otro puesto público de relumbrón. La asociación de víctimas del Yak 42 reclaman el ostracismo para el exministro, su indignidad para ningún puesto representativo. Pero está por ver que el gobierno no lo nombre en algún destino que el interesado quizá ambicione. Con Rajoy llegó a La Moncloa un espíritu político caciquil, clientelar, corrupto, impuesto a caballo de una mayoría absoluta que lo libraba del control parlamentario. En esa especie de asociación con ánimo de delinquir (según algunos jueces) nadie dimitía, hiciera lo que hiciera. No había dimitido su jefe cuando se descubrió la Gürtel y se supo de los sobresueldos en B, ¿por qué habrían de dimitir sus subordinados? La dimisión estaba excluida por definición y, si no quedaba más remedio que aceptarla, se compensaba de inmediato a la "víctima" con un cargo en Bruselas (Mato), París (Wert), Londres (Trillo), el partido (Sepúlveda). Nadie quedará desamparado si mantiene silencio. Esa es la clave de las ambiguas relaciones entre el PP y Bárcenas al albur de algún tipo de negociación.

Está claro que a Trillo lo ha echado una opinión pública realmente harta de la arbitrariedad y la connivencia del gobierno con la corrupción. Buscar el pretexto del relevo planificado y en diferido no excusa el hecho de que el gobierno ha cedido a las reclamaciones de la opinión. La posición de Trillo era insostenible incluso para alguien tan coriáceo como él. Por cierto, es de averiguar si en el relevo general está también comprendido el embajador en la OCDE, el señor Wert, quien vive a todo lujo con cargo al contribuyente en Paris, nombrado para un puesto para el que está tan capacitado como lo estaba para el de ministro de Educación.

dilluns, 2 de gener del 2017

La gran nación

Conocida es la afición de los políticos españoles a la grandilocuencia. De todos los colores pero, sobre todo, de la derecha. En cuanto se descuidan les sale el imperio por la boca, junto los gritos de rigor. Así va Rajoy por ahí repitiendo a quien quiere escucharle que España es una gran nación. Le hace eco Felipe VI, fiel repetidor del santo y seña del día. España es una gran nación.

No existe una forma universalmente admitida de medir la grandeza de las naciones. En esto nos movemos a ojo de buen cubero. Si hay que decidir entre las respectivas "grandezas" de los Estados Unidos y Trinidad y Tobago, seguramente la decisión se aproximará a la unanimidad; pero si hay que hacerlo entre el Reino Unido o Alemania o Francia y los Estados Unidos, la cosa no estará tan clara. Intervienen muchos factores de muy diversa naturaleza (aparte de la convicción de muchos naturales de tales lugares de que su respectiva nación en una gran nación porque sí) y habría que saber cuáles son los decisivos a los ojos de Rajoy para averiguar qué entiende por gran nación. A veces ha señalado su antigüedad, pero ese criterio es irrelevante: se puede ser antiguo y grande o muy pequeño, casi insignificante. Los otros criterios que emplean Rajoy y su pupilo, Felipe VI, son un enigma. Prácticamente en todos los índices, escalas y clasificaciones internacionales en las más diversas materias, el país ocupa un lugar modesto cuando no bochornoso, como en el índice del paro general, del paro juvenil, de la emigración de mano de obra, de pobreza, etc.

Llamar a esto una gran nación indica una falta escrúpulos y de compromiso con el requisito habermasiano de la sinceridad o un acto de fe mística en la función performativa del lenguaje. El presidente de los sobresueldos, capaz de dar cuenta de su gestión en un año sin mencionar la palabra corrupción, se convierte en el taumaturgo Rajoy que no está definiendo la gran nación española, sino sacándola de la chistera mediante un conjuro mágico.

Con ánimo de ayudarlo, le propongo argumente su enunciado de la gran nación basándolo en un criterio sólido, esto es la multiplicidad de procesos judiciales en que está involucrado su partido, su gobierno y, según vayan las cosas, él mismo. Realmente es lo que cabe llamar el gobierno desde el juzgado o desde el banquillo. La lista de investigados, imputados, procesados, es impresionante. Probablemente no se ha dado jamás otro caso en que un partido en el gobierno tenga tantos miembros y cargos inmersos en procesos judiciales. No pierda Rajoy el tiempo y no se conforme con predicar la consigna de la gran nación; presente ya la instancia para incluir a su gobierno en el Guinness World Records como el gobierno con mayor concentración de presuntos delincuentes por metro de despacho.

dissabte, 31 de desembre del 2016

Buen fin de año que viene

Traigo lo que se llama una "comparativa" de dos lenguajes que señalan dos mundos distintos; dos lenguajes excluyentes. Si Rajoy cumple su voluntad de gobernar él los cuatro años, Puigdemont no podrá hacer el referéndum. Si Puigdemont consigue hacer el referéndum es poco probable que Rajoy gobierne más allá de septiembre. Poco probable, no imposible, porque Rajoy está probando que para él no hay imposibles. Que su vida es un firme acto de voluntad, ya que no de razón.

¿Con qué medios cuenta Rajoy para frustrar el referéndum catalán? Aparte, naturalmente de su reiterada negativa a darle vía libre con el escueto argumento de que no puede hacerse porque la Constitución no lo permite. Tiene muchos, desde luego, algunos ya está usándolos como la supuesta "guerra sucia" desde el ministerio del interior o la persecución judicial de los independentistas y su hostigamiento. El juez Ismael Moreno, un expolicía del franquismo tardío, magistrado de la Audiencia Nacional, el que instruyó la causa contra los titiriteros, ha mandado traer a Madrid esposado al independentista Joan Coma a declarar acerca de una metáfora sobre que para hacer una trucha, hay que partir los huevos. A lo mejor lo que se le reprocha a fuer de contumaz independentista catalán es que diga "trucha" en vez de "tortilla", que es para lo que se parten los huevos en el imperio. (Me advierten amables lectores que en catalán "truita" es tanto "trucha" como "tortilla". Pues más divertido aun si cabe. Ya decía yo que no encajaba bien lo de los huevos con la trucha). 

No se crea que los medios a disposición de Rajoy tengan todos este nivel. Los hay serios. El procesamiento de las autoridades de la Generalitat, empezando por Carme Forcadell, por presuntos delitos de desobediencia o prevaricación, apunta a empeños de más graves consecuenciass. Detrás de estas medidas judiciales puede llegar la aplicación del art. 155 según el cual el gobierno puede ordenar a las autoridades autonómicas el cumplimiento de la ley. Y, por descontado, también cuenta con la posible declaración de algún estado excepcional, en el caso de encontrarse con una actitud de desobediencia civil de las autoridades quizá apoyada por una mayoría de la población. Llegados a este punto se certificaría el absoluto fracaso del gobierno español que, por su absoluta cerrazón a toda forma de negociación, habrá llevado el conflicto a una situación sin salida. Una intervención excepcional de la autonomía catalana, manu militari o no, sería más de lo que la UE estaría dispuesta a tolerar. Asustadas las instituciones europeas por el bloqueo político de España, acabarán imponiendo una mediación que se basará en un referéndum, digan Rajoy y el nacionalismo español (PP, PSOE, C's) lo que digan. 

Muy pocos en Europa admitirán que se niegue a una minoría nacional de más de siete millones de personas el derecho a decidir por su cuenta. 

La Generalitat está articulando un buen argumentario político y jurídico para posibilitar una transición, como dice Puigdemont, de la postautonomía a la preindependencia. La independencia se dará después del referéndum.

En el supuesto de que gane el sí. En la actualidad, el sí y el no están muy igualados. Por ello, ese referéndum es el momento político más importante en el Estado. Prohibirlo y tener sojuzgada una comunidad en la que el 85 por ciento de la población lo reclama, no es de recibo. Admitirlo y atenerse a las consecuencias, sean estas las que sean, abriría el camino a la democracia en España.

divendres, 30 de desembre del 2016

Mariano, sé fuerte

La oposición tiene preparado un via crucis al presidente del gobierno. Acaba de arrancar la legislatura y ya está obligado a comparecer en el Parlamento, cosa que, en su anterior omnímodo mandato, solo hizo una vez, un primero de agosto y para mentir descaradamente. Los tiempos han cambiado y la mayoría parlamentaria también. Eso es decisivo. Tanto que el gobierno puede verse obligado a hacer lo que lleva más de cinco años sin hacer: rendir cuentas.

Esa comparecencia que se pedirá en la inevitable comisión de investigación sobre la financiación del PP  promete ser muy movida y provocar todo tipo de turbulencias. Siempre se ha dicho que un problema de las comisiones parlamentarias de investigación es que interfieran en procedimientos judiciales en marcha. Y aquí, justamente, se pedirá la comparecencia del presidente del gobierno para responder en una investigación sobre la financiación de su partido que los tribunales están juzgando por otro lado dentro del macroproceso de la corrupción Gürtel. En breves días se espera la declaración del mismísimo Bárcenas, de la que también podría salir una petición de que Rajoy declare en sede judicial. De hecho, quienes piden la comparecencia solicitan también a la presidenta de la cámara que recabe información de los juzgados y tribunales en los que se esté viendo este asunto.

Al mismo tiempo, es de notar que la petición de comparecencia se hace para declarar algo que no solamente está sub-iudice, sino que está siendo objeto de renovada práctica ahora mismo, como se prueba por el nuevo pufo del AVE a Murcia, 18 millones del ala que tendrán o no que ver con la financiación del partido cuyo presidente es llamado a comparecer.

Esta comparecencia amenaza con intensificar los conflictos. El PP o su presidente pueden intentar boicotearla amenazando con disolución y elecciones anticipadas y eso es lo último que quiere la oposición, en especial la de izquierda. Sus dos formaciones principales están inmersas en sendas luchas intestinas que sin duda tienen fondo político e ideológico más o menos fácil de entender pero que, en la sociedad mediática, aparecen como peleas personales: susanistas, sanchistas, pablistas y errejonistas son los trasuntos actuales de los fulanistas y menganistas de que hablaba Unamuno. Ir a unas elecciones en esas circunstancias sería suicida. Y en el PP lo saben, de modo que la comisión de investigación acabará pactándose.

No se olvide que en el horizonte de la política española está la nube permanente del independentismo catalán. Unas elecciones convocadas a lo largo de este año dejarían al país con el gobierno del PP de nuevo en funciones, esto es, según su propia doctrina, sin control parlamentario. Quizá lo que esté planeando ese mismo gobierno para enfrentarse a la llamada "cuestión catalana" con las manos libres