La encrucijada

La afirmación de Puigdemont es aplastantemente cierta. Si se cede, se habrá perdido todo. Por eso, nadie parece dispuesto a ceder. Los tres partidos independentistas y las fuerzas sociales siguen siendo independentistas de debò. Pero también puede perderse todo sin que nadie ceda. Basta con dividirse y enfrentarse. No es solo una cuestión de resistencia, sino de resistencia eficaz.

Sigue dando que hablar la cuestión de la unidad con la que, tengo la impresión, nadie está cómodo. No se ha juzgado posible una lista de país. Quienes contemplamos la política y opinamos sobre ella pero no la practicamos, nos enteramos de las decisiones una vez tomadas y suponemos que quienes lo hayan hecho habrán tenido sus razones. La controversia es muy viva y se esgrimen motivos de distinto peso pero variados en un sentido u otro, con mezcla de consideraciones de todo género, incluso personales y sentimentales. Es comprensible. Cataluña está asistiendo a su propio parto como República Catalana. Es la parturienta, el recién nacido y la comadrona al mismo tiempo. Todos deben esmerarse. Especialmente, la comadrona.

Los indepes merecen un voto de confianza respecto a que la división en candidaturas independientes es meramente táctica y el objetivo estratégico sigue incólume por la única vía por la que es posible: la de la unidad. Y tengo una razón para sostenerlo. Las tres listas que se perfilan (la del presidente, con o sin PDeCat, la de ERC y la CUP) tienen un elemento en común muy significativo: las tres quieren ser transversales. A falta de una, hay tres listas de país. Es lógico, la transversalidad manda.

La transversalidad de los tres millones de ciudadanas que el 1/10 votaron en el Referéndum, arrostrando una brutal represión y con los cuales todas las listas independentistas, sean una o mil, tienen una deuda de sangre.  

La Gürtel contra el Estado de derecho

La pregunta que se hacen numerosos analistas es ¿cómo puede seguir en el gobierno un presidente y un partido metidos hasta el cuello en la Gürtel? Suelen añadir que en ningún país de Europa pasaría algo así. Pues, una de dos, o esto no es Europa o Rajoy no tiene nada que ver con la Gürtel. Elijan.

Rajoy tiene todo que ver con la Gürtel. No solo la ha amparado y se ha beneficiado de ella, sino que es razonable pensar que fuera su instigador. El instigador de una asociación que los jueces consideran delictiva.

En efecto, ¿cómo es posible que alguien así siga siendo presidente del Gobierno? Muy sencillo, porque la Operación Cataluña no solo es guerra sucia del Estado, sino amplia cortina de humo para tapar la corrupción estructural del gobierno y su partido. Mientras, tanto, probablemente se seguirán saqueando las arcas públicas. Se tapa así la prueba fehaciente de que España no es un Estado de derecho, diga El País lo que diga. Y no lo es porque no solamente hay quien está por encima de la ley sino también quien está fuera de la ley, en el gobierno y en su partido.

Añádese a esta penosa situación el hecho de que Rajoy gobierna de forma dictatorial. No solo en Cataluña, sino en todo el Estado. Lo que el periódico llama caritativamente "paralizar a sus rivales políticos" en realidad es paralizar las instituciones. Los rivales políticos están literalmente aniquilados desde el momento en que ni siquiera han conseguido derogar la ley Mordaza y la reforma laboral, ni poner una moción de censura, ni... nada. La paralización de las instituciones, en realidad, su destrucción, es más grave. Rajoy veta todas las proposiciones de ley de la oposición con ese ridículo "privilegio presupuestario" y, a su vez, gobierna por decreto. Si no yerro, en lo que va de legislatura, el Congreso ha aprobado dos leyes.

Es una dictadura de hecho por la irresponsabilidad absoluta del ejecutivo, la irrelevancia del legislativo y la sumisión del judicial. De democracia no tiene ni la fachada; basta pensar en los medios. Y la oposición no hace más que el ridículo. 

La revolución y sus enemigos

Ayer, Alfred Bosch subió a tuiter el tuit de la izquierda, esa impresionante manifestacion a la luz de los móviles en Barcelona con una leyenda tan conmovedora como la imagen: Que la llum de tot un poble arribi a les cel·les més fosques. Alfred es un literato y tiene el don de la palabra. Yo soy más de imágenes y esa foto me recordó una de las litografías con que Marc Chagall ilustró el Éxodo en los años sesenta, en concreto, la que muestra a Moisés y el pueblo elegido entre las aguas del Mar Rojo que luego se cierran sobre los ejércitos del Faraón. La naturaleza imita al arte, dijo Wilde. Más, la naturaleza humana.  Y en esta revolución catalana hay humanidad a raudales. Un poble, dice Alfred, un poble con sus dirigentes en el foscor de la prisión o en el exilio. Aixo no ho atura ningú. Y menos que ningú decisiones judiciales que parecen seguir la lógica jurídica de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. 

La manifestación nocturna ha sido impresionante y ha abierto telediarios en multitud de cadenas internacionales. Porque, además de pacífica, cívica, masiva, ha sido bella. Es una rebelión ética a la par que estética, porque cada revolución tiene su creatividad que, por supuesto, tendrá admiradores y detractores. Por ejemplo, ya se oyen sarcasmos acerca de cómo los nazis hacían también manifestaciones a la luz de las antorchas. La reductio ad hitlerum tiene aburrida hasta la cabra de la legión. Los ataques a la manifestación, su significado, sus consecuencias vienen por otros lados.

El primero el censor sin más, el preventivo. El señor Albiol pidió a la Junta Electoral que prohibiese a TV3 dar la manifestación. Le hacía falta una razón que no fuera su derecho a prohibir lo que le dé la gana. Con TVE no hacen falta razones; se prohíbe y ya está; el canal presenta un programa de corte y confección. Pero en Cataluña hay que justificar y el peticionario ha ido a basarse en los plazos de la ley electoral, que no le amparan en absoluto. En realidad, lo pedía por si caía la breva de impedir que hubiera imágenes de la reacción popular masiva a la política de persecución y encarcelamiento que su gobierno aplica. O sea, engañar a la ciudadanía. Una vez más. Pretenden imponerse por la fuerza, lo que hace que los catalanes quieran marcharse cuanto antes. 

Otros se han puesto a discutir las cifras de asistencia.  La Guardia Urbana habla de 750.000, El País, de "cientos de miles", otros de millón y medio. La cuestión carece de sentido. Nadie se atreve a negar su carácter masivo, cívico, pacífico y reivindicativo. Y eso, después de una huelga general que paró el país. Y eso después de movilizaciones masivas en apoyo a los presos. Y eso, después de una DI simbólica, política, no reglamentaria, pero muy real. Y eso después de un referéndum en el que participaron tres millones de personas. Y eso... ¿De verdad creen el gobierno, el triunvirato, el bloque nacional español que cabe detener algo así, incluso extirparlo? ¿A qué coste?

Otro grupo de ataques viene de la obvia consideración de que no es con manifestaciones callejeras por muy cívicas que sean como una sociedad democrática encara la acción de la justicia. Ciertamente. Cuando se trata de la justicia. Esta no viene garantizada sin más por los criterios formales. Como todo el mundo sabe, hay justicia formal materialmente injusta. Pero, cómo, ¿es que va a ponerse en duda la justicia de la justicia española? Pues sí, ese es el coste del intento de reprimir y suprimir el independentismo que es una convicción en conciencia.

El coste de la democracia y el Estado de derecho que en España son realidades brillantes, según doctrina de El País en un editorial tan metafórica como falazmente titulado Franco ha muerto. Obvio.  Lo que se   da a entender es que el franquismo ha muerto. Y eso, ni el audaz editorialista se atreve a ponerlo de título. Anda el escriba enfadado porque el gobierno está perdiendo la batalla del relato del Estado democrático de derecho frente a las demagógicas acusaciones de "presos politicos", "franquismo", "fascismo", etc. No cae en la cuenta de que, si eso sucede -que sucede- es porque el relato es falso ya que el gobierno hace sistemáticamente lo contrario de lo que dice. Es una costumbre acrisolada desde el programa electoral de 2011.  

El País se escandaliza de que medios y políticos extranjeros se hagan eco del discurso ultracrítico con España, que llamen a Rajoy "franquista autoritario" o que pregunten al auditorio si España está comportándose como un Estado fascista. Sí, es una opinión que se extiende cada vez más, alimentada por los hechos del gobierno español y frente a ella de nada sirve que el periódico recurra a los historiadores o a su más profundo deseo disfrazado de convicción de que el franquismo haya muerto. Daremos más motivo de indignación al diario: también se dice en algunos círculos que más valdría un Spainexit que un Britexit y que una UE que pierde a Gran Bretaña pero se queda con España no ha hecho un buen negocio.

En un país en el que aún hay estatuas de Franco, una Fundación Nacional Francisco Franco legal, un Valle de los Caídos, un Arco de la Victoria, un Pazo de Meirás, y muchos otros símbolos e instituciones de este jaez, el franquismo no ha muerto. Darlo por tal es un intento descarado de negar la evidencia aquí y ahora, ante nuestros ojos. Y eso es, precisamente, el franquismo.

Procesos patrióticos

El gobierno puede, y suele, decir misa. Después de los bulos de ayer sobre lo que de verdad había dicho Forcadell, al final parece que cabe considerar una victoria  su compromiso de no actuar en contra de la Constitución. Ya no se habla de acatamiento, lo cual es extraño en el país de la tradición colonial según la cual la ley "se acata pero no se cumple". Es lo que llevan cuarenta años haciendo con gran parte de esa Constitución que ahora hay que acatar para que el inquisidor te devuelva tu libertad.

Queda clara la naturaleza política e inquisitorial de los procesos, corroborada al prohibirse a la presidenta del Parlament asistir a la manifestación de hoy contra el 155. Hablen ustedes de derechos de ciudadanía. En todo caso, haya dicho lo que haya dicho Forcadell se acoge al beneficio universalmente reconocido del Eppur' si muove  galileano. Llamar a eso una "victoria" también mueve, pero a risa. La que suscita este gobierno, acostumbrado al ordeno y mando o la componenda de la corrupción, metido de hoz y (mucha) coz en un lío interno y externo que ya no controla. 

En fin, si el triunvirato nacional español y sus españoles jueces creen que han avanzado un milímetro en ese camino que no saben a dónde lleva es porque toman sus prejuicios por realidades. Llamar retorno a la normalidad constitucional a una situación con presos y exiliados políticos, un movimiento masivo de resistencia pacífica y democrática con una visibilidad pública enorme y un próximo resultado de unas elecciones que se augura desastroso para el nacionalismo unitario español, es estar en la luna. 

Los medios se suman al juego sucio de las imágenes trucadas y las campañas de todo jaez, y la prosa flamígera de fiscales y jueces califica de "turbas" o de acciones "tumultuarias" las manifestaciones independentistas de uno u otro tipo. Pero es inútil. Como inútiles son las continuas provocaciones de las bandas nacional-españolas en busca de episodios callejeros violentos. Darían algo porque hubiera un Carrer borroko. Pero la revolución catalana es masiva, transversal, democrática y pacífica.  Porque es una revolución. No va a detenerse porque los tribunales encarcelen unas docenas de independentistas. Es posible encarcelar un pueblo. Franco lo demostró durante cuarenta años; pero primero tuvo que masacrarlo. El requisitode la masacre falta aquí y no se puede encarcelar al pueblo. Y mucho menos disolverlo, según reza una conocida burla de Brecht.

La cuestión de la(s) candidatura(s). Palinuro fue uno de los primeros en proponer "lista de país", con algunas razones mejores o peores, pero invocando la primacía de la unidad. Luego ha resultado que no era ese parecer compartido y se ha formulado la cuestión de las listas por separado. Dada la naturaleza ambigua de la convocatoria, que es elección autonómica y referéndum al mismo tiempo (aparte de ilegítima, por supuesto) las dos posibilidades son razonables siempre que ambas mantengan el compromiso de la unidad, al coste que sea, incluso el de la venida del reino de los justos. 

Aparte de tener muy buena imagen, la lista de país presenta la ventaja para los que somos más perezosos de no obligarnos a elegir opciones en concreto. Pero, si hay que hacerlo, se hace. En el bien entendido de que la individuación en partidos surge de la imposibilidad de la lista de país. Si esta vuelve a ser posible, de esperar es un serio esfuerzo de todas. 

Leo que la CUP ha ido a visitar al presidente en el exilio. Deber de cortesía muy de agradecer y de alto voltaje político porque significa una manifestación de unidad y, se quiera o no, un reconocimiento del liderazgo del presidente. Hubieran hecho lo mismo con el vicepresidente de no estar este privado de libertad. Hay en estos actos un espíritu y una argamasa de unidad que blinda el movimiento. Esa unidad no puede romperse por intereses de partido y menos de personas. Una lista de país tiene que ser representativa del país.

Acatar lo inevitable

Los titulares de la prensa son interpretativos puesto que se basan en rumores y noticias orales. Habrá que esperar a conocer con más exactitud el contenido de la declaración de Forcadell. Habrá que ver si, en efecto, dijo que la declaración de independencia fue "simbólica" (como aseguran todos los periódicos) o "política", como he visto por ahí. Es un matiz que tiene su importancia, desde luego, pero es un matiz que viene acompañado de una especie de retirada táctica retórica. Hay un poco de lío sobre si se acata la Constitución o el 155. Pero, en definitiva, el mensaje que se difunde es el del repliegue del frente parlamentario del independentismo. La cuestión es saber qué valor tiene ese gesto, ese acatamiento, cuenta habida de que el Parlamento ha sido disuelto y su mesa destituida. Exactamente, ¿qué significa que se acata algo que no se puede evitar?

Es el error de mezclar las vías judiciales con las políticas y dar valor jurídico a cuestiones subjetivas, de convicciones y hasta creencias. En realidad, es el espíritu inquisitorial. El propio presidente del la sala del Supremo asume esa situación al advertir que el acatamiento pudiera ser "mendaz". Es el problema de los conversos, que son tales a la fuerza y su conversión solo tiene valor exterior, pero no interno, pues no vincula en conciencia. Para la línea jurídica lo externo es suficiente. Si Forcadell vuelve a las andadas, será perseguida. Pero para la línea política no se resuelve nada; al contrario, el problema se agrava. Forcadell seguirá siendo independentista y actuando como tal y allí donde ella no alcance habrá otra Forcadell para sustituirla. Las ideas no se encarcelan, aunque quepa encarcelar a las personas. Las revoluciones no se detienen con sentencias de los tribunales en sus problemáticas relaciones con el poder político.

No hay que perder el tiempo. Los procesos en marcha son procesos políticos en contra del independentismo. Se pretende reprimir, incluso extirpar, una opción ideológica sostenida por millones de personas. Los presos independentistas son presos políticos y hasta rehenes canjeables en alguna posible negociación política. La prueba más contundente la dan los distintos cargos públicos del PP que han dejado claro que, si en las elecciones de 21D ganara de nuevo el independentismo, seguiría aplicándose el artículo 155, algo equivalente a la perpetuación del estado de excepción no declarado.

Obviamente, eso no tiene nada que ver con la democracia ni con el Estado de derecho, sino con la dictadura. La dictadura que mana del art. 155 como manó la de Hitler del 48 de la Constitución de Weimar, su abuelo. Obviamente también, el poder judicial podrá seguir legitimando la situación, pero ya estará claro que lo hace en el marco de una dictadura, no del Estado de derecho que hoy esgrime de forma ya tan cuestionable.

Todo este conflicto se agita mezclado con un escándalo descomunal, el de la Gürtel, que es imposible ocultar aunque la batería de medios del gobierno lo ignore, las televisiones no lo transmitan, los periódicos no lo mencionen, las radios lo silencien. La fiscalía da por probado que el presidente del gobierno cobró unos 220.000 euros procedentes de la caja B de su partido. Fueron más los perceptores (incluida, al parecer, la vicepresidenta del gobierno) y muchos los años de los cobros, aunque no tantos como los de las campañas electorales que se ganaron fraudulentamente al estar financiadas de modo ilegal. "Corrupción en estado puro", declaró el otro día el jefe de la investigación policial sobre la caja B del PP. Y corrupción que afecta al Estado de derecho.

Cierto, pero lo más grave es que el presidente del gobierno esté pringado en esa basura con sus efectos concomitantes de viajes, trajes y empleo de fondos públicos para beneficio privado, sin contar el cobro de plus parlamentario por tener la residencia fuera de Madrid. Se ha dicho hasta la saciedad, pero fuerza es repetirlo: en ningún país europeo se toleraría una situación así. ¿Acaso no es esto obvio motivo de dimisión? ¿No es una prueba de que esa democracia y ese Estado de derecho que el de los sobresueldos dice querer imponer en Cataluña no valen nada? La democracia española no es lo que sus epígonos cacarean en el exterior sino este extraño adefesio de un gobierno irresponsable que los socios europeos comienzan a mirar con prevención.

Ya se verá cuando, además, caigan en la cuenta de que el episodio de los sobresueldos es público y notorio, cuando menos desde 2010 y que no ha pasado nada ni nadie ha dicho nada. La corrupción no figuraba entre las preocupaciones dominantes de los españoles y estos elegían al PP de la Gürtel en 2011 con mayoría absoluta y revalidaban la victoria (aunque por mayoría simple) en 2015 y 2016. Una democracia requiere sólidas instituciones democráticas. Pero estas siempre se pueden manipular e instrumentalizar con fines antidemocráticos, como viene haciendo este gobierno. Por eso, una democracia requiere también una ciudadanía consciente de sus derechos, crítica, fiscalizadora. Si, por el contrario, la ciudadanía tolera la merma y supresión de derechos, no ejerce la crítica ni fiscaliza nada y da por buenos los mayores, más corruptos y escandalosos desmanes del gobierno, hablar de democracia es como hacerlo de la piedra filosofal.

La autoridad del gobierno en este conflicto es magnitud negativa; la del Estado, inexistente; la de la Monarquía, aniquilada en dos comparecencias reales. Los partidos de la oposición, todos, están paralizados. Los medios, volcados en la lucha ideológica, han perdido el escaso crédito que les restaba y se prestan, incluso, a campañas propagandísticas de la parte nacional española. Cuando no de la guerra sucia.

En ese contexto, el llamado "reto independentista catalán" es una crisis constitucional, estructural, española que no va a resolverse poniendo a los tribunales a perseguir el independentismo. Es un problema profundo que afecta a esta cuestión del acatamiento y el consentimiento. Solo es democrático el gobierno que lo es por consentimiento. Pero el consentimiento ha de ser libre. 

¿Son presos políticos los presos políticos?

¿En dónde dice la Constitución (CE) que su acatamiento sea obligatorio al extremo de que, si no se produce, se va a la cárcel y, si se produce, se sale de la cárcel? Esa obligación estará en algún protocolo de toma de posesión regulado en alguna ley, pero no en la CE que ampara asimismo a quien no la acate. Porque estos presos lo están, en principio, dados los riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración del delito, según la jueza. Pero no por no acatar la CE.

Es puro derecho penal del enemigo, administrado con espíritu de inquisidor por el fiscal. La CE como artículo de fe, esa misma contra la que votaron en su día los fundadores del partido que la esgrime como la maza que el fiscal lleva en el apellido. Es tan absurda, tan rancia e inverosímil esta propuesta que uno se malicia si, además de presos políticos, los independentistas catalanes, son rehenes en una campaña de intimidación ideológica. 

Es curiosa la tremolina armada con la cuestión del nombre, como si hubiera un criterio universal definitorio de preso político. No lo hay. No lo tiene Amnistía Internacional que se niega a reconocer a estas personas la condición de presas políticas o de conciencia. Tampoco la tienen otros presos políticos que se arrogauna especie de inexistente derecho "profesional" por así decirlo.

La condición de preso político no depende de la calificación del juez que encarcela. Jamás, y es lógico. Ningún Estado con presos políticos reconoce tenerlos. Esa condición depende de una valoración distinta de las motivaciones y efectos de los delitos supuestos y del impacto que ello tenga en la opinión pública.

El gobierno no ocultó su cálculo desde el primer momento: al aplicar el 155 en Cataluña y dar barra libre a la judicatura estimulando el ya encendido celo perseguidor del fiscal Maza, habría cierta reacción "en la calle" breve, por lo demás y, en una semana o diez días, todo habría vuelto a normalidad, como había pasado en el País Vasco cuando se encarceló a Otegi.

Bastaba coger el AVE, mirar y ver que era un cálculo erróneo. Pero cualquiera dice a estos genios del gobierno que cada vez que hacen algo, meten la pata. La brutalidad policial del 1/10, el 155 y el disparatado encarcelamiento de medio govern así como la pintoresca euroorden contra Puigdemont, acusándolo de un delito en Bruselas del que no se le acusa en Madrid, han provocado dos efectos simultáneos que tienen al gobierno literalmente K.O.

Primero, la internacionalización. Obsérvese, internacionalización mediática. El gobierno y sus medios señalan la escasa repercusión institucional de la acción independentista en el extranjero. Obvio: en primer lugar, el medio govern en busca y captura acaba de llegar y, en segundo lugar, lo que importa hoy en la sociedad no son los debates parlamentarios, sino los mediáticos que luego condicionan aquellos. Y de presencia en los medios internacionales no andan los independentistas faltos. Con la atención de los medios internacionales enfocada a Cataluña, el margen de maniobra del gobierno, al menos de las maniobras tramposas, se reduce mucho. Añádase que esa Europa calvinista ve con el ceño fruncido que un presidente acusado de cobrar sobresueldos en B se arrogue competencias para imponer la legalidad en parte alguna.

Segundo, una fuerte, coordinada y muy bien ejecutada reacción de movilización permanente de la sociedad. Bastaba, en efecto, con coger el Ave, mirar un poco las redes. Bastaba con enterarse, vaya, en lugar de mandar matones a repartir leña por las calles, convocar manifas de autobús y bocadillo o reclamar de los intelectuales a toda pastilla un nuevo relato en defensa de la nación española. Bastaba con darse cuenta de que no era un problema de orden público sino una movilización colectiva, transversal, masiva, pacífica que abarca toda la sociedad. En fin, una revolución. Un movimiento horizontal, participativo, voluntario, de redes distribuidas que no hay modo de contrarrestar, capaz de organizar una huelga general en veinticuatro horas y paralizar el país.

¿Que si son presos políticos las personas por cuya liberación luchan cientos de miles de ciudadanos que los consideran sus líderes y representantes democráticamente elegidos? No solo lo son sino que la desatenta represión que los ha llevado a la cárcel junto al presunto maltrato que sufrieran en el traslado, los ha aureolado de símbolos.

Tan presos políticos son que el mismo gobierno filtraba hace un par de días que había mandado "mensajes" al fiscal para que moderara su rigor; si ese fiscal autónomo e independiente. Prueba, que ha pedido el encarcelamiento de todas y está dispuesto a pedir el de Forcadell para ayudar a la concordia y el entendimiento. Algo dirá la Unión Parlamentaria Internacional y especialmente su sector feminista. Y ya tenemos otro frente internacional abierto.

Todo son rumores en la corte de la III Restauración. En no sé qué cuchipanda real con besamanos y discursos, se rumoreaba que ya estaban dictadas las órdenes de prisión de los comparecientes antes de que comparecieran. En el siglo de oro eso se llamaba la justicia de Peralvillo; hoy, más refinados, derecho penal del enemigo. Pues unos de esos rumores cortesanos es que el gobierno hará saber a los independientes magistrados del Supremo la conveniencia de poner a los presos en la calle. Las interpretaciones vendrán luego.

Pero la metedura de pata es descomunal. Quedan los procesamientos y queda la busca y captura del presidente de la Generalitat en el exilio. Y, de aquí al 21D, la corte va a ser un verdadero guirigay. El PSOE ha llegado a la deslumbrante conclusión de que la vía judicial no resuelve los problemas políticos, cosa que sabían las piedras de los caminos. Pero tampoco tiene intención de hacer nada en las circunstancias. Iceta no anda lejos de apoyar la razón carcelaria. En Podemos les ha dado un ataque de fiebre española. Carolina Bescansa, como Juana de Arco en su día, levanta el pendón español, que sus compañeros tenían vergonzosamente escondido. Su apuro es tan grande y su desastre catalán tan patético que han tenido que firmar por cuatro puestos en la candidatura de los Comunes; para que vean el partido. Los de C's piensan como Aznar, a quien sobra media Cataluña. Es lo que se llama ir de sobrado. Y su antiguo partido, actualmente en medio del via crucis de la Gürtel. En serio, ¿no recuerdan los retratos de ese barbado presiente al paño de la Verónica? Doblemente afligido porque, sobre no saber cómo saldrá de la corrupción, si es que sale, tampoco sabe cómo salir de Cataluña.

Para los independentistas republicanos catalanes es la ocasión de sus vidas. Para los unionistas monárquicos españoles, también; pero al revés.

"La corrupción en estado puro"

Tremendo lo declarado por el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ante la comisión del Congreso sobre la financiación oculta del PP. La corrupción en estado puro, dice. Se recordará con qué denuedo se opuso el PP a la constitución de esta comisión. Incluso amenazó con abrir otra en el Senado -en donde cuenta con mayoría absoluta- para fisgar en la financiación de los demás partidos. El llamado truco del ventilador. La forma peculiar del PP de luchar contra la corrupción.

El país lleva más de seis años gobernado por un ciudadano que cobraba sobresueldos en B. Incluso es posible que siendo no solo secretario general sino también ministro o archipámpano de las Indias, porque el registrador de la propiedad ha sido de todo en esta vida excepto registrador de la propiedad. Seis años gobernado por alguien que no hubiera podido hacerlo ni seis minutos en cualquiera de esas democracias a la que, según los ideólogos de la española, tanto se parece esta. 

Y lo bueno es que lo de los sobresueldos ya se sabía desde los tiempos de Bárcenas. Esos papeles cruzados de amarillo chillón con el infamante "M. Rajoy", llevan años circulando. Por cierto, muy apropiado el color amarillo, que es el del escándalo. Por eso se habla de la "prensa amarilla". El amarillo de Los escándalos de Crome, de Aldous Huxley, que se podría convertir en Los escándalos de Gürtel.

Era algo insólito. Nadie decía nada. Y los propios sobresoldados reputaban legítima y legal la práctica y señalaban que sí, que cobraban sobresueldos, pero que los declaraban a Hacienda. Y jugaban a distinguir entre legalidad y moralidad. Es lo que reconoció Rajoy en la famosa comparecencia del 1 de agosto de 2014 (la del SMS a Bárcenas) al llamarlos "pluses de productividad, como en cualquier empresa". 

Parecían considerarlos "normales", pero no era así. En aquellos años de los sobresueldos, con ingresos de unos 20.000 euros al mes, Rajoy se negaba ante las cámaras a decir a un ciudadano cuál era su sueldo y respondía que iba justo y tenía que mirar su cuenta todos los meses porque tenía "los problemas de todos los españoles". Hace falta tener papo. De normales, nada. Y lo sabía. Por esos lo ocultaba. Por supuesto, gobernaba Zapatero; desde que gobierna él, los españoles no tienen problemas. No tienen nada. Ni problemas.

La sospecha de haber cobrado sobresueldos en B era suficiente motivo de dimisión en 2012. Sigue siéndolo. Y más, porque la sospecha ha cristalizado en una acusación formal sostenida por los peritos. 

Pero no haya cuidado. No pasará nada. La preocupación por Cataluña ha relegado a tercer lugar la preocupación por la corrupción. Y eso que la autoridad de este gobierno y su partido para imponer legalidad alguna en Cataluña que no sea la de la Gürtel es 0.

Se trata de ganar

Se trata de ganar. Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado: trampas de todos los colores.

Las elecciones del 21D son ilegales e ilegítimas, de acuerdo. Pero son. Fácticamente. Sin duda las ha impuesto la UE porque al partido de la Gürtel no le convienen. Y Europa apuesta por ellas,

Esto obliga a participar porque, en primer lugar, si objetamos, podemos perdernos en galimatías formales de normas vigentes, "suspendidas", "aplazadas", etc., mientras los otros hacen campaña; en segundo lugar porque, por muy puros que queramos ponernos, si se predica la abstención, recuérdese, "el que calla, otorga" y, si el bloque independentista, muy ofendido, se abstiene, calla y Catalunya será gobernada por la señora Arrimadas.

Además de participar, hay que decir cómo. Palinuro es partidario de la lista única de país por varias razones, todas ellas opinables y discutibles, por supuesto, excepto una, que es un hecho. El sistema de escrutinio será el D'Hondt, que perjudica las candidaturas pequeñas y divididas. Siempre. Cierto que se trata solo de cuatro resultados, uno en cada provincia y que, en definitiva, la cosa puede afectar a lo mejor a dos diputados en total. Pero, como están las cosas, dos diputadas pueden ser decisivas. 

En todo caso, se articulen como se articulen la(s) candidatura(s) independentista(s), el mensaje tiene que ser claro y rotundo: se elige el primer gobierno de la República Catalana. Todo lo que sea apartarse de ahí, será peligroso. Y si, durante las campaña, las candidaturas independentistas se pelean entre sí, el resultado se resentirá. Esto recuerda mucho la famosa "polémica del revisionismo" en la Socialdemocracia alemana de fines del XIX primeros del XX entre Bernstein y Luxemburg. Bernstein sostenía que el movimiento (el partido socialdemócrata) era todo y el  fin (el socialismo, la revolución), nada. Luxemburg, en cambio, defendía que, siendo el movimiento (en este caso, diríamos, el independentista)  muy importante, el fin (la independencia) es todo. 

En todo caso, repito, se trata de ganar. Es cosa de vida o muerte porque, o se gana el 21, o la represión del Estado será sin precedentes.

La versión castellana: 

Trampas de todos los colores

                                                                                              

De aquí a las elecciones del 21D que el gobierno, en uso de sus facultades dictatoriales del 155,  ha tenido a bien convocar de modo ilegítimo e ilegal, el camino estará lleno de trampas, minas de todo tipo, insidias, manipulaciones, amenazas, chantajes y engaños. Habrá un esfuerzo redoblado y unitario de los nacionalistas españoles para evitar que el resultado sea una victoria del independentismo.

Es legítimo dudar de la utilidad de las elecciones desde el momento en que el gobierno, por boca del inefable Hernando, ya ha dicho que, si gana de nuevo el  independentismo se volverá a aplicar el 155. O, dicho de otro modo, el propio convocante dice que las elecciones solo valen si las gana él. Si las gana otro, hay que repetirlas… supuesto que vaya a haber elecciones. El ánimo de la dictadura es patente.

No obstante, dadas las circunstancias, hay que ir a esas elecciones. Si luego, al perderlas, el gobierno quiere anularlas, tendrá que explicarlo en Europa en donde, por cierto, aun siendo de derechas, empiezan a estar hasta las narices de los fascistas españoles en el poder. Los demócratas deben prepararse para una intensificación de las políticas de provocación de la derecha, los nacionalcatólicos, los franquistas gobernantes y su sumisa oposición.

Habrá más vandalismo de las bandas de neonazis por las calles de Cataluña y de España entera. Se saben impunes gracias a la tolerancia del gobierno y la supuesta colaboración activa de los cuerpos de seguridad, empezando por los agentes de paisano que inciten a los tumultos y agredan a ciudadanos pacíficos, contribuyentes que les pagan el sueldo a estos sinvergüenzas con sus impuestos.

El gobierno del partido más corrupto de Europa incrementará las actividades de sus policías paralelas que organizarán actos de violencia para justificar la represión, seguirá haciendo guerra sucia, difundirá calumnias y tratará de impedir las elecciones. Igualmente seguirá atacando y provocando a las instituciones catalanas, siempre en busca de un estallido en la respuesta que les permita justificar una ocupación militar completa y no solo a medias como la que tienen ahora.

La judicatura, a las órdenes del gobierno, seguirá aplicando el derecho penal del enemigo a los independentistas, retorciendo los conceptos legales y persiguiendo judicialmente opciones ideológicas y políticas no gratas a los gobernantes. Como esa jueza Lamela, que pide a Bélgica la extradición de Puigdemont por un delito del que no le acusa en España (corrupción) pero que sí lo es en ese país en donde, sin embargo, no lo son como motivo de extradición los que cita la jueza. O ese fiscal Maza , que see arroga el derecho a meter ciudadanos en la cárcel por razones estrictamente ideológicas, de si acatan o no la Constitución, como cuando la Inquisición, obvio referente del fiscal hacía lo mismo con el dogma católico.

Los medios públicos y privados, en un solo frente españolista basado en la ocultación, la manipulación, la censura y el engaño. Los dos periódicos impresos catalanes están dispuestos a publicar mentiras, bulos o infundios si perjudican al independentismo. Lo mismo sucede con la prensa de Madrid, especialmente El País, que está dejando atrás La Razón en punto a su bajísima calidad de pasquín anticatalán.

Igualmente, los llamados “mercados”, esto es, los capitalistas, los banqueros, los grandes empresarios, fomentan un clima de miedo y maniobran tratando de descapitalizar Cataluña o financian las partidas fascistas de la porra para atemorizar a los ciudadanos independentistas o las falsas organizaciones sociales españolas, tipo SCC, Dolça Cataalunya o DENAES, todas ellas plagadas de fascistas estilo del viejo somatén.

Los partidos de la izquierda española –a los que la independencia de Cataluña ha dejado al descubierto como nacionalistas españoles-han mostrado una vez más que son antes españoles que de izquierdas. Y españoles de la única España que sus clases pensantes han sido capaces de imaginar: la del señorito, el oligarca, el militar, el cura y el intelectual a sueldo. El nacionalismo supuestamente progre trata de matizar este asfixiante predominio de la España nacionalcatólica con gimoteantes referencias a una miserable tradición liberal española alimentada con cuatro o cinco nombres como Institución Libre de Enseñanza, la II República, M. Azaña y poco más. En cuanto el nacionalismo imperial y cuartelario, sintiéndose amenazado, da unas voces de manddo, estas izquierdas sin pulso ni espíritu (PSOE, Podemos, etc) corren a refugiarse bajo el espadón de turno, abominan del odioso e “insolidario” nacionalismo catalán y apoyan la política represiva del Estado contra Cataluña: su ocupación militar, la dictadura, el estado de excepción, la prisión y el exilio para sus dirigentes.

El independentismo, que ha de estar preparado para todas estas trampas, solo cuenta consigo mismo, con su propio pueblo y el apoyo exterior. Este último dependerá de la fortaleza interna del movimiento, su consistencia, su voluntad. Y todo esto, fortaleza, consistencia, voluntad del movimiento solo está garantizado por un factor: la unidad. La unidad, la transversalidad, es la clave de la victoria. Si el frente anticatalán consigue romperla, no solo caerá el independentismo; caerá Cataluña. Preservar la unidad es el imperativo categórico para estas elecciones.

La forma más evidente y clara es una única lista electoral de país, pero el asunto no es dogma de fe y menos en un movimiento democrático. También esto puede debatirse. La unidad puede tener una u otra forma práctica, sin duda. Pero, sea cual sea esta, el espíritu, el ánimo, el fondo de la cuestión, el programa, la acción, debe ser la unidad. Porque el objetivo es único.

Lo de la ultraderecha

No es preciso perder mucho tiempo con esto, ¿verdad? Cuando el personal se escandaliza al oír que en España no hay partido de extrema derecha (de verdad, no partidillos) porque ya está en el PP y en el gobierno, basta con echar mano a la hemeroteca gráfica. Son muchos los ejemplos de  concejales, alcaldes, nngg y cuadros del partido de la Gürtel  fotografiados brazo en alto o dando vivas a Franco o luciendo parafernalia fascista. Y no solo ellos: curas, empresarios y famosos mediáticos. Hay donde elegir, así que, para no fatigarnos, la foto de ilustración de ahora mismo, de ayer, ya cuenta otra vez la historia.

Un portavoz sindical de la policía de Madrid entre neonazis. Y menos mal que el periódico no llama a estos "personas con banderas o letreros españoles". Neonazis. De inmediato saldrá alguien hablando del "caso aislado" de este señor. Un señor que es portavoz sindical de un cuerpo armado. Es decir, habrá sido elegido por sus compañeros. ¿Saben estos que su portavoz se manifiesta en público con neonazis? ¿Saben que, además de manifestarse, insulta a personas pacíficas y desarmadas en unas actitudes que bordean la agresión física? El portavoz ha dimitido. Muy bien, es lo mínimo que puede hacer. Pero el problema permanece.

¿Hasta qué punto impera la extrema derecha en las fuerzas y cuerpos de seguridad que están para defender a todos los ciudadanos y no para atacarlos? ¿Hasta que punto en todos los niveles de la administración pública, incluida la judicatura? Por supuesto, ya se sabe que en los sectores más altos de la administración la extrema derecha no se manifiesta vociferando oé, oé, oé. Se manifiesta de otra forma, menos escandalosa pero mucho más dañina y destructiva del Estado de derecho: con leyes injustas y arbitrarias (la ley de Wert, la "ley Mordaza", la reforma laboral, etc) con medidas de expolio de las arcas públicas (que dejan sin fondo de pensiones a los jubilados y sin ayudas a los dependientes), con instrucciones judiciales motivadas políticamente. 

La extrema derecha, en efecto, en España está en todas partes, también en los medios, como todo el mundo sabe y hasta en algún partido de la oposición. Solo por su afinidad con la extrema derecha puedo concebir que algunos socialistas se manifiesten conjuntamente con franquistas y fascistas de diverso pelaje.

Las razones del nacionalismo español

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Otro gran vídeo del periodista Carlos de Urabá que deja clara prueba del estilo, los modales, las consignas, las razones del nacionalismo español. Y de las buenas relaciones de los manifestantes con la Policía Nacional. Una lástima que esta fuerza del orden no esté nunca cuando estos manifestantes (o otros de parecido talante) van agrediendo a personas indefensas por la calle por el horrible delito de no pensar como ellos o apalean y envían al hospital a alguien que no quiere gritar "¡viva España!".

En los actos públicos y manifestaciones independentistas, a veces con decenas, centenares de miles de participantes no solamente nunca se ataca a nadie sino que ni siquiera se toca el mobiliario urbano. Se quiera o no, el nacionalismo español es agresivo. La única violencia que está produciéndose en Cataluña la provocan el nacionalismo español y/o las actuaciones represivas de las autoridades centrales. No es ni puede ser Estado de derecho el que no garantiza la seguridad jurídica ni siquiera la integridad física de la población.

Violencia es asimismo la que, según denuncian los abogados defensores, pueden haber sufrido los consellers y el vicepresidente del govern, detenidos y trasladados a la prisión de Estremera, durante el trayecto. El abogado, Andreu van den Eynde, no aclarará más hasta saber los datos del examen médico a los detenidos y las explicaciones de la Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias sobre los extremos que están en duda: si los trasladados iban esposados o no; si por delante o a la espalda; si llevaban cinturón de seguridad; si los vehículos iban a velocidad excesiva; si los detenidos fueron o no objeto de mofas; por dónde pasaron; qué se hizo con ellos; qué trato recibieron al ingresar en prisión. Todos puntos sobre los que los funcionarios armados reponsables del traslado habrán de dar explicaciones, al igual que la Policía e Instituciones Penitenciarias. Lo que salga de aquí deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades europeas para que puedan pronunciarsse sobre la justicia española. No se olvide que los funcionarios en cuestión actuaban bajo órdenes de la jueza del caso. También habrá de darse por enterado el ministerio del Interior y el gobierno y actuar en consecuencia.

Más brutalidad policial el 1/10 en La Ràpita

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Son siempre las mismas escenas que se repiten y repiten. Policías nacionales y guardias civiles armados hasta los dientes, superprotegidos, literalmente acorazados, apaleando cruelmente gente pacífica que ni siquiera se defendía. Escenas de una brutalidad bestial que provocan auténtica indignación.

Todo este material, debidamente archivado, custodiado y tratado servirá para fundamentar dentro de bien poco la acusación al gobierno español de tratar a su población como esclavos a los que hay que reprimir a toda costa. Ya no es cosa de preguntarse qué calidad humana pueden tener una individuos que cumplen -incluso con entusiasmo- unas órdenes tan inhumanas, inicuas y, sobre todo, ilegales. Allá cada cual con su conciencia. Es de esperar que todos estos individuos comparezcan ante la justicia porque en España la obediencia debida no es un eximente y si el mando te ordena apalear a gente indefensa y pacífica y tú cumples, los responsables seréis los dos: el mando y tú. Y ese momento llegará.

En todo caso, este material debe ser visualizado siempre que se pueda, por muy duro que sea -que lo es- y mostrárselo al mundo entero, a los tribunales de justicia real en Europa (no a lo que hay aquí), a las instancias europeas e internacionales.

No podemos desfallecer. Hay diez personas rehenes de esta banda de desalmados del gobierno que, además, quiere encarcelar al presidente de Catalunya. Y su suerte dependerá del apoyo que la sociedad les prestemos.

El 1 de octubre pasado, España perdió para siempre a Catalunya (si es alguna vez la tuvo). Se trata ahora de que el mundo comprenda por qué. Por eso hay que difundir estos vídeos, que los vea la opinión pública internacional y los tribunales de justicia de otros países europeos, los únicos que ofrecen garantías. Muy necesarias.

El quid de la cuestión

La cuestión catalana ya no es un "asunto interno" español. En realidad no lo ha sido nunca. Ha sido una asunto español, sí, pero no "interno". Aunque Rajoy aspiraba a que así lo declararan los jueces belgas. 

La decisión de Puigdemont ha puesto patas arriba la estrategia del gobierno, la material, pues aquel no está en la cárcel en España, y la comunicativa, pues en cambio está en todas las televisiones europeas. Con el daño que ello hace, sobre todo porque las informaciones suelen ir acompañadas de las tremendas imágenes de la policía y la guardia civil apaleando a mansalva a la gente. 

El triunvirato nacional y sus animadores arremete contra Puigdemont a campo abierto: es un cobarde, un traidor a sus seguidores; lo suyo es un vodevil, un esperpento. Todo producto de la rabia incontenida, no ya por la cuestión en sí, sino por la necedad de la decisión en un primer momento. Nada de esto se hubiera producido si el triunvirato no hubiera decidido restablecer la legalidad Gürtel en Cataluña judicializando el proceso. Una vez dado el paso (propio de unas gentes que no ven más allá de sus autoritarias narices) nada tiene de extraño que los afectados por la judicialización tomen las medidas que estimen más convenientes procesalmente. Y uno de estas medidas es obligar a las instancias europeas y a una justicia europea a intervenir. Puigdemont es un ciudadano español y, como tal, aunque Rajoy lo ignore, ciudadano europeo y ha ido a Europa a hacer valer sus derechos. Si el gobierno no quiere que eso se dé, que trate de privar a Puigdemont de la nacionalidad española cosa que irónicamente este agradecería. No puede. En los países de "nuestro entorno" hay justicia.

Ese es el problema del bloque nacional español, al darse cuenta de que, por su mala cabeza, ha puesto la justicia española en comparación con la belga. Y salen las vergüenzas. Tantas que hasta el fiel aliado de Rajoy, Sánchez, ya empieza a murmurar por los rincones que esto de la judicialización no resuelve nada. Claro que no; es un dislate mayúsculo. Exactamente el que por falta de raciocinio han apoyado unos socialistas tan enajenados en su fiebre nacional que se manifiestan con fascistas y nazis.

Pero no importa. El núcleo ideológico del triunvirato, El País, sigue fabricando la ideología para justificar un golpe de Estado antidemocrático y el empleo de una forma de dictadura constitucional (art. 155), hablando de una democracia y un Estado de derecho que solo éxisten en los sueños de sus rotativas. Están tan idos que lo reconocen explícitamente. Dicen: Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se hallan todavía en Bélgica son para la justicia española prófugos y no un grupo de políticos en medio de una gira internacional. Muy bien. Para la justicia española. Pero solo para la justicia española. Para el resto del mundo es un grupo de políticos si en gira o no aún está por ver. Y que se van a presentar a las elecciones del 21D y tienen muchas probabilidades de ganarlas a la cabeza de una candidatura independentista que planteará al gobierno la angustia del eterno retorno.

Pero lo que el mundo está viendo es el comportamiento de una justicia española que, en punto a independencia judicial está a la cola de Europa y ocupa el lugar 72 de 148 casos en el planeta. Es poco probable que nadie dé un ardite por lo que esta justicia considere o deje de considerar. Lo que esta justicia y sus amigos del poder político (esos ministros que condecoran a jueces) y sus aliados mediáticos consideren carece de toda relevancia. En Europa comienzan a levantarse voces preguntándose si España está en condiciones de gestionar este conflicto. 

Fácil de responder: no sin destruir el sistema democrático, que es lo que está haciendo. Y no va a más porque, como era de prever, Europa está ya sobre aviso. Así que ese es el quid de la cuestión: habéis ido tomando decisiones erróneas una tras otra (no negociar, el referéndum, la represión, la DI) y la última, todos a la cárcel, es mortal.

Un país, amigos, no es un cuartel. 

Sumando

La teoría y la práctica de la revolución catalana por su altura, su dignidad, su complejidad, su humanidad acapara la atención en España y Europa. Es el único lugar del Estado en que se habla de autodeterminación, soberanía, legitimidad, desobediencia, resistencia. Se habla de lo que se está viviendo. De lo que está viviendo una generación entusiasmada en una experiencia colectiva única, que dejará honda huella. Por eso hay que hablar de Cataluña, lo más importante hoy en España y en Europa.

Pero hablar en los términos ajustados a la situación real, no en los del poder político de la Gürtel y sus adláteres parlamentarios y mediáticos. Estos siguen sosteniendo que el independentismo catalán es una cuestión de orden público que se resolverá con (más, y más, y más) policías y guardia civil y, quién sabe si con milicos. El triunvirato nacional español y sus mil altavoces no quieren entender que se enfrentan a una crisis constitucional sin parangón, planteada por millones de ciudadanos. Imposible saber cuántos porque el propio triunvirato es capaz de cargarse la Constitución con tal de que no se sepa mediando un sencillo referéndum. No entienden porque no quieren entender. No importa, mientras Europa siga tutelando el proceso e impidiendo el recurso a la brutalidad, todo irá bien. En España son habituales los gobiernos que no entienden lo que dicen gobernar.

Algo parecido sucede con la izquierda española, la que se encuentra (muy incómoda, por cierto, según manifestaciones de Bescansa) fuera del triunvirato nacional y enfrentada al independentismo sin tener ni idea de qué hacer. Fuera del triunvirato porque, en realidad, no lo considera verdaderamente español ni patriótico. Para español y patriótico, Podemos, dispuesto a dejar que los indepes catalanes decidan libremente cómo encajan en el Estado español. Lógicamente, esto los enfrenta a los indepes a causa de su españolismo tan (supongo) inconsciente como patente. Ignoro si, a estas alturas, con los representantes de la podrida burguesía neoliberal catalana en la cárcel o en busca y captura, se sigue manteniendo que el independentismo es una cortina de humo del 3%. Tampoco importa. La historia ha pasado y ya no hay modo de subirse al tren de la revolución ni en el furgón de cola. 

Es Cataluña en sí misma la merecedora de atención por las dimensiones, repito, humanas, a la par que políticas que está teniendo. Y, por descontado, también económicas y religiosas y de todo tipo. "Lo personal es político", dice el feminismo de la tercera ola. Tal cual. Como políticos están en prisión los dos Jordis y medio govern; como político en el exilio el otro medio. Y también como personas, con sus vidas, sus familias, sus proyectos cruelmente interrumpidos. Esos hombres y mujeres están en donde están por fidelidad a sus convicciones que han puesto en práctica por medios pacíficos y democráticos aunque, según interpreta el gobierno y la judicatura en sólita unidad de criterio ilegales. Y la fuerza movilizadora de estos símbolos políticos y humanos será sin duda imparable. 

El doble objetivo de alcanzar la independencia y la liberación de las personas presas tiene una faceta de derecho, ganar unas elecciones y otra de deber, rescatar a los rehenes que se lo han jugado todo por la idea. (Aparte: ¿Cómo va a entender esto alguien de la Gürtel?). Siendo así, los preparativos de las elecciones del 21D deben garantizar el triunfo. Para ello, la decisión de una lista transversal con PDeCat, ERC, la CUP y gente de Podem, es la mejor. 

JxS cumplió una etapa. Y con pleno éxito. Este se mide en relación proporcional a la desproporción de la respuesta del Estado (intervención previa del Rey), el gobierno y sus lebreles, PSOE y C's. Pero la etapa ha concluido y hay en el horizonte una meta nueva, interpuesta, unas elecciones ilegales e ilegítimas impuestas por las bravas pero en las que es de sentido común participar. 

Cumplida la etapa, se inicia otra. Nuevos objetivos, nuevas circunstancias, nuevas fuerzas e ideas. El odre viejo de JxS ya no sirve. Marcos, 2, 22, "nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompe el odre y se derrama el vino. Hay que echar el vino nuevo en odres nuevos". La candidatura transversal es un odre nuevo y muy prometedor. Acoge todos los elementos de JxS y suma otros de diversa procedencia, como la CUP (hasta ahora aliada parlamentaria) y los sectores de Podem sensibles a la demanda independentista. A su vez estos tienen fácil razonar su integración: los del odre viejo han demostrado ser gente de palabra. Mírese en dónde están. Además, el ataque del Estado es en todos los frentes. La respuesta solo puede ser una candidatura única de país.

El 21D manda.

Claro que la ultraderecha está en el gobierno

Aquí la breve entrevista que me hicieron el día 3 de noviembre en la 4 y en la que se extrañaron de que dijera lo obvio: que en España la ultraderecha está en el gobierno. Y no solo en el gobierno. También en la empresa (¿qué es Juan Rosell sino un franquista de afición?), en los tribunales (¿qué son Maza, De los Cobos, "nuestra Concha" sino ultraderechistas al servicio del PP?) y en la Iglesia (¿qué es Rouco Varela sino un pío fascista?). En todas partes.

Lo sabemos todos. ¿Por qué tanta hipocresía?

Por más que los medios (generalmente vendidos) afirmen que se trata del centro-derecha, es imposible ocultar:

1) Que el PP lo fundó un ministro falangista de Franco.

2) Que a él se sumaron seis ministros más del mismo dictador genocida.

3) Que Aznar dijo, siendo presidente, que "a mi derecha no hay nadie"

4) Que el PP no ha condenado el franquismo.

5) Que el gobierno del PP ha derogado de hecho la ley de la Memoria Histórica

5) Que el mismo gobierno se niega a colaborar con la justicia argentina para castigar el franquismo.

6) Que son innumerables los "casoss aislados" de concejales y alcaldes del PP haciendo saludos fascistas, justificando a Franco y rindiéndole honores.

7) Que el gobierno está repleto de franquistas.

8) Que el presidente es el hijo de un magistrado pontevedrés que hizo su fortuna favoreciendo a Franco de una forma que avergüenza a cualquiera que conozca el caso.

9) Que los ministros del gobierno que no son nacionalcatólicos o del Opus, son de proclividades falangistas y fascistas (como Ruiz Gallardón)

Así que el asunto es claro: la ultraderecha que sale a la calle es la que el gobierno pone en la calle.

¿Por qué sabían los nazis a qué hora llegaban los políticos catalanes para ir a insultarlos? Porque los que tenían la información se la filtraron. 

¿Cuántos de estos energúmenos son agentes de paisano?

¿Cuántos de los fascistas que campan con impunidad por las calles son agentes de paisano?

¿Qué se va a hacer con la gentuza de uniforme que humilló, insultó, vejó y menospreció a los consellers catalanes que trasladaban a la prisión y por cuya seguridad estaban obligados a velar?

¿Que medidas se van a tomar contra esta canalla?

¿Es que alguien espera de esta gente -en el gobierno o en las comisarías- algún tipo de seguridad jurídica y respeto a los derechos de los ciudadanos?

Los publicistas à la page, los tertulianos, los plumillas y los periodistas "sobrecogedores" (que cogen sobres) seguirán mintiendo y hablando del "centro derecha" en el gobierno. Les pagan por ello.

Pero en el gobierno no hay nadie de centro derecha. Solo hay franquistas más o menos hipócritas y disimulados que, con el 155 se proponen restablecer la dictadura.

Mientras los medios vendidos aplauden.

De democracia, aquí, ya no queda nada.

La ilegal ocupación de Cataluña por los franquistas

Mi artículo del Diario16 sobre la deriva franquista de un Estado que no tiene nada de Estado de derecho y sí de dictadura de una mafia corrupta en su ilegal ocupación de Catalunya, publicado ayer.

Queda claro: no es un proceso judicial. Es un proceso político e ideológico, movido por instancias judiciales (un fiscal y una jueza afines al PP) por debajo de toda sospecha. Muy por debajo.

Es un proceso político sin garantías jurídicas algunas, una persecución ideológica al independentismo. Una causa general contra el independentismo montada según lo acrisolados cánones franquistas de responsabilizar a las víctimas de los delitos del poder. El 1/10 no fue un "levantamiento violento", como mendazmente sostiene el fiscal. La violencia -y una violencia vandálica- la llevaron la policía y la guardia civil a las órdenes de una gobierno corrupto.

Porque, además, toda esta farsa judicial que ocasiona víctimas inocentes entre personas dignas (como los presos políticos actuales rehenes de este gobierno sin escrúpulos) se hace en parte para tapar el saqueo sistemático a que esta banda de ladrones, presidida por un tipo cobrador de sobresueldos en B, tiene sometido al país.

Este escándalo tiene que terminar cuanto antes con los verdaderos responsables en la cárcel.

Guerra en todos los frentes

La nave capitana de la flota española abre fuego portada tras portada contra el navío fantasma del Puigdemont errante. La de hoy trae tres andanadas que apuntan a la línea de flotación del independentismo. Helas aquí:

Andanada propagandística El paro crece el doble en Cataluña que en toda España. Ya está aquí la ruina, propiciada por estos sediciosos que, desde la cárcel por fin no podrán (d.g.) embelesar a las buenas gentes catalanas, esas del seny que de las piedras sacan panes. Bien poco gusta a estos honrados ciudadanos verse abocados al doble de paro en su tierra que en "toda España". Tranquilas. Es una tasa de variación que, asegura ominoso el diario españolísimo, de consolidarse en el futuro, llevaría a Cataluña a..., quién sabe, quizá la situación de Andalucía. Porque, según la Encuesta de Población Activa de las CCAA,, las últimas tasas de paro en 2016 fueron de 28,3% en Andalucía y 14,9% en Cataluña, más o menos como en Madrid (14,6%). Y no nos pongamos tiquismiquis y preguntemos por el tipo de empleo de las respectivas poblaciones activas empleadas, esto es, el porcentaje de personal en la administracion y sector público en general en proporción al total de población activa empleada. Así que, por mucho que esa tendencia al alza de la coyuntura se consolide en el futuro, harán falta decenios para que se equilibre el abismo de los 14 puntos de diferencia entre Andalucía y Cataluña. Pero no importa, el diario independiente a quien tanto molesta la independencia podrá seguir bombeando miedo.

Andanada judicial. El nacionalismo español, ese que "ha reaccionado" sacando banderas a los balcones a toque de silbato y energúmenos por las calles agrediendo a la gente bajo sus colores, bate palmas de alegría con la velocidad de actuación de la jueza Lamela. El País está exultante. Sigue creyendo que el hiperactivismo político de la jueza es la voz majestuosa de la justicia ante la cual comparecen ¡por fin! los responsables de delitos gravísimos. Ese es el espíritu e, invadida por él, la jueza ha cursado la euroorden para que, doquiera se encuentre el presidente Puigdemont, se le dé preso hasta tanto sea entregado a España. El espíritu que transpiran estas actuaciones judiciales, de consuno con la febril actividad de la fiscalía, adornada de cierta capacidad fabuladora y que no oculta su finalidad de persecución ideológica, reflejan un deplorable cuadro de la independencia del poder judicial en España. No será difícil a la defensa de Puigdemont salvarlo de la entrega a España, según antiguos ejemplos de otros presidentes perseguidos. Otra cosa es el asilo político porque seguramente comportará algún tipo de restricción legal de su actividad política. Recuérdese cómo, tras conceder las autoridades belgas residencia a Marx en 1845, tres años después lo devolvieron a Francia, acusado de la tremolina del 48.

Andanada bufa. Para lo que ha quedado Felipe González. Ignoro qué entenderá el expresidente por vodevil, aunque lo que parece de vodevil es el hecho de invocarlo. Lo sublime es la acusación de cobardía a un hombre que está jugándose prácticamente una cadena perpetua por una convicción y un ideal, si bien al sevillano, lo de las convicciones e ideales le parecen gatos. Y si yo me hubiera tirado al suelo, según se me ordenó un 23 de febrero de 1981 y refugiado debajo del pupitre, esperaría comprensión y empatía de mis coetáneos y yo la mostraría a mi vez en otros casos en lugar de acusar a nadie de cobarde. Por eso digo que lo del vodevil no encaja.

Porque la conducta de Puigdemont podrá ser estrafalaria, idealista, delirante, audaz, desmesurada, lo que se quiera. Pero no es cobarde. Al contrario, con pleno acuerdo de sus colegas del govern y (supongo) la presidencia del Parlament y los movimientos sociales, ninguno de los cuales es o ha sido sospechoso de cobardía alguna, le ha correspondido la función de representar la República Catalana, la máxima responsabilidad política que llevará aparejada, si su proyecto no se realiza, la máxima responsabilidad penal.

Fuera de guión. Las elecciones. Puigdemont declara estar dispuesto a encabezar una candidatutara indepe unitaria. Aquí hay cuestión previa: si los indepes irán en bloque o en candidaturas separadas. Merece la pena considerarlo. Leo en El Plural que Junqueras rechaza ir en bloque. Doy mi opinión con toda modestia. La unidad es el activo mayor del independentismo. El mayor. Un sentido de la estrategia recomendaría aumentarla -invitando a la CUP a incorporarse- en lugar de fracturarla. En las elecciones catalanas, el sistema de reparto es d'Hondt, que penaliza a los pequeños. Es poco, pero es cuatro pocos, uno en cada provincia en una situación que se prevé ajustada. Además, si la idea de ir por libres es aquilatar el apoyo electoral de cada cual, no despreciaría la fuerza de atracción simbólica de los dirigentes encarcelados y del presidente en el exilio. Por último, una campaña electoral con opciones distintas que inevitablemente chocarán porque compiten, debilitará esa unidad y hasta puede hacer difícil la convivencia de los presos.

Si no he entendido mal, el gobierno ha afirmado que a las elecciones podrán presentarse todos los partidos y que todos pueden ser candidatos mientras no estén judicialmente inhabilitados para el ejercicio del sufragio. El censo está cerrado. La atención de Europa disimuladamente concentrada en las elecciones catalanas y aunque el gobierno que las organiza es ducho en todo tipo de trampas e ilegalidades, no parece que pueda recurrir a ellas. Otra cosa será si la oposición no consigue impedir que se encargue del recuento a Indra, esa empresa que aparece en los papeles de la Gürtel.

Estas elecciones, convocadas en contra del parecer del unionismo español más acendrado, serán el episodio del nudo Gordiano en el proceso. Desde el momento en que escuché a Puigdemont lo de la transición de la ley a la ley, supe que estaba repitiendo la ficción jurídica que posibilitó la transición española: de la legalidad a la legalidad y, de paso, cambio la legitimidad. Este es el momento en que la ficción jurídica, convertida en un verdadero galimatías, se resolverá al gordiano modo: zanjando la cuestión con una consulta democrática. Da igual cómo quiera llamarla La Moncloa, si elecciones autonómicas o regionales. Es un referéndum, una decisión dicotómica: independencia sí o no. 

Es la solución que todo el mundo pedía pero el triunvirato español negaba hasta que ha sido preciso llevarlo a ella tirando del ronzal. Y, como digo, con ella se aclarará el guirigay jurídico. Pongo un minúsculo ejemplo: ¿cuál es el estatus de la República Catalana? ¿Y el de su presidente? Las destituciones que anunció Rajoy eran de cargos que ya estaban vacantes. El presidente de la Comunidad Autónoma catalana había dejado de existir, trasmutándose en el de la neonata (y según muchos, nonata) República Catalana. Con algo de guasa diríamos que en Bruselas habitan dos Puigdemonts, según a qué legalidad de las dos en pugna nos refiramos: el Puigdemont presidente  autonómico destituido y puesto en busca y captura o el Puigdemont presidente de la República Catalana en el exilio. Puede parecer extraño, pero no lo es tanto. Si, como previsible, las elecciones dan una mayoría absoluta indepe, algunos dirán que la República ha sido confirmada y, por lo tanto, las decisiones adoptadas en el vecino reino de España no son de aplicación en Catalunya. Por ejemplo, un estiramiento del 155. 

Todo está hoy en función del 21D.

La revolución catalana IV: las mazmorras

Más a propósito que nunca: Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison.(Con un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el verdadero lugar para una persona justa también es la prisión). Henry David Thoreau, Sobre la desobediencia civil, en un pasaje en el que explica que si la insumisión se generaliza, no hay gobierno que pueda con ella.

Estos no saben en dónde se han metido. Su engreída y autoritaria incompetencia los ha llevado a propiciar el peor escenario posible para sus intereses. Desconocen por entero el terreno que pisan; pero lo pisan y con botas que parece ser con lo que piensan.

Su cálculo es tan simple como desvergonzado y, por supuesto, erróneo. "Sí", dicen, "vamos a la terapia de choque. Entramos a saco, desmantelamos las instituciones, destituimos a los responsables. los encarcelamos y endurecemos el orden público. Aguantaremos una campaña de una semana o diez días con protestas callejeras. Luego, volverá la normalidad. Como pasó en el País Vasco, con el encarcelamiento de Otegi. Normalidad y todos a preparar las elecciones del 21D".

Literalmente en la inopia. Cataluña y el País Vasco, nada que ver. En el uno hubo violencia; en el otro ni una brizna. Fin de la comparación. Ahora, calíbrese la respuesta social a la agresión al autogobierno catalán en todos los niveles e instancias.

El problema es que estos estrategas del triunvirato nacional creen que todo el mundo es como ellos, que están en política por razones inconfesables en unos casos y perfectamente inútiles en otros. Son incapaces de entender que alguien esté en política por ideales, no por sobadas ideologías. Son incapaces de entender que alguien vaya voluntariamente a la cárcel, como Thoreau, por esos ideales cuando ellos, si lo hacen, es por dinero.

Por eso también están convencidos de que el independentismo es cosa de un grupo de fanáticos e iluminados que se valen de la mentira y la demagogia para sus protervos fines, aprovechando la generosidad garantista del Estado democrático de derecho. Lo ven como una conjura. La jueza del caso lo describe como "una estrategia secesionista perfectamente organizada" , como el compló de la pólvora, vamos. Un descubrimiento el de su señoría que celebra alborozado El País: al aire la conspiración. Una conspiración explicada al detalle en el programa electoral de JxS en 2015 y que se ha pregonado a toda la rosa de los vientos (estos catalanes no se conforman con los cuatro de siempre porque recuerdan els quatre gats) durante dieciocho meses de hoja de ruta.

Delitos gravísimos se escandaliza, horrorizado con mohínes de cortesano el que fuera un periódico. Una pieza en la que habla de la justicia en España ante la cual deben comparecer los responsables independentistas (ya no el independentismo) y se le olvida decir que esa justicia no es independiente, según los datos internacionales fehacientes. Fin del debate.

No entienden absolutamente nada. Ya están bajo vigilancia de la UE. A la próxima barrabasada, los intervienen. Lo gracioso es que a ese no entender se les suma la izquierda. Toda. La sumisa del PSOE ya está a las órdenes del capitán de cuartel. La verdadera no sabe para donde virar a fin e hacerse notar sin suscitar la hilaridad. Les está pasando una revolución por delante de las narices y no la ven.

Una revolución. Una ciudadanía movilizada, muy motivada, con unas experiencias recientes que la reafirman, estructurada, coordinada, en comunicación con sus dirigentes, todo ellos en posiciones de combate no violento, pacífico, con gran impacto simbólico. El exilio bruselense de Puigdemont ha internacionalizado el conflicto a extremos insoportables para el gobierno, sometido a estrecho escrutinio por diversas partes. La organización interna y externa de este movimiento funciona perfectamente a través de las redes y el bucle redes-medios-redes. No es de extrañar que la jueza se maraville de tan buena organización. Lo entendería mejor si considerara que se trata de una revolución, de un movimiento independentista muy poderoso, apoyado probablemente por más de la mitad de la población y al que ahora se ha dado la oportunidad de personificar simbólicamente la liberación de Cataluña en la de los presos políticos.

¿Qué justicia?

Es evidente. La justicia del enemigo que, creyéndose vencedor, la convierte en cualquier cosa menos en justicia; en venganza ("más dura será la caída", dice el reprobado fiscal), en revancha, en escarmiento.

El titular de El País es un prodigio de manipulación y estulticia por igual. Al escribir que el independentismo responderá ante la justicia está dando la razón al govern en el exilio cuando afirma que se trata de un juicio político y que se pretende perseguir ideas políticas, en concreto la independentista. Porque, obviamente, quienes responderán (o no) ante la justicia, serán personas físicas, con nombres y apellidos, como exige el derecho penal... salvo que se trate de eso, del derecho penal y la "justicia" del enemigo. En tal caso, el titular es un estremecedor acierto: está incoándose una causa general contra una idea. Con este espíritu, el hecho de manifestarse independentista pasará a ser delito. Y así estaremos de nuevo criminalizando la libertad de expresión, un descenso que no tiene fin porque si ser independentista es un delito, ¿por qué no cualquier otra idea que disguste al poder político o a sus brazos ejecutores?

Lo confiesan ellos mismos pues, al fin y al cabo, El País es uno de los periódicos del triunvirato nacional, del lado del gobierno. Se trata de un juicio político abierto. Y sin garantías.

Aquí viene la parte de manipulación del titular en la afirmación de que el independentismo comparecerá ahora ante la justicia. ¿Qué justicia? Recuérdese: la de un país que, en materia de independencia judicial ocupa el lugar vigésimo segundo de los veintiocho de la UE  y el septuagésimo segundo de los ciento cuarenta y ocho que ha estudiado el Foro Económico Mundial. ¿Cómo puede aportar garantías judiciales un país con esta ejecutoria? No, el independentismo no comparece ante la justicia sino ante la Audiencia Nacional española, una jurisdicción especial, heredera del TOP de Franco, y ante un fiscal reprobado por el Parlamento y una jueza cuyas actuaciones suscitan un creciente cuestionamiento jurídico por su evidente politización. 

Siendo la justicia española no independiente, como dictaminan los órganos pertinentes, en realidad, el independentismo no comparece ante la justicia sino ante el gobierno por intermedio de los jueces.

¿Garantías en la aplicación del derecho penal del enemigo? Ninguna, obviamente. Y no solo garantías judiciales. Ni seguridad personal tienen los acusados. Ayer grupos organizados de patriotas españoles esperaron, acosaron e insultaron a los consellers que llegaron a El Prat, como a los miembros de la mesa del Parlament a la llegada a la estación de Mediodía en Madrid, o a otros cargos en Sants camino del AVE. En todo caso, los acosadores tenían previa noticia de los movimientos de sus víctimas. Hay quien está filtrando estas informaciones a las bandas de fascistas para que vayan a provocar altercados. 

Garantías, ninguna. Seguridad, menos. Hay una evidencia creciente de que las bandas de matones campan por sus respetos por Cataluña y Barcelona en concreto, con impunidad y con la benevolencia de las autoridades, si es que el grado de implicación de estas no es superior.

Medio govern, seguramente, irá a la cárcel y quizá también la mesa del Parlament con Forcadell a la cabeza. El otro medio govern en el exilio. Una situación que probablemente satisfará a los halcones del partido de la Gürtel pero que no es sostenible internacionalmente y que sin duda pesará mucho en las negociaciones a tres (España, Cataluña y la UE) que se estarán llevando en las dos "embajadas" de la Generalitat que han quedado abiertas, la de Madrid y la de Bruselas. Ahí se está intentando encauzar el proceso hasta las elecciones del 21D, que serán determinantes. 

No lo tiene nada fácil el triunvirato nacional. El mensaje que la otra parte ha emitido es el de una eficacia y unidad a prueba de bomba. El medio gobierno que va a ir voluntariamente a la cárcel, conjuntamente con la mesa del Parlament harán compañía a los dos Jordis, se constituirán igualmente en presos políticos y reafirmarán la unidad de acción de las instituciones y los movimientos sociales. Nadie escabulle el bulto, nadie retrocede ni se esconde. La distribución de roles es pragmática. Puigdemont es más eficaz en el extranjero; Junqueras, Forn, en la cárcel. El relato adquiere dramatismo e interpela con fuerza el ánimo de resistencia y desobediencia pacíficas que embarga a muchos  niveles de la administración y muy diversos sectores sociales.

La vigilancia y mediación de hecho de la UE no permite al gobierno interferir en el proceso electoral, prohibir los partidos independentistas o hacer las habituales trampas. Así las cosas es de prever que el bloque independentista se presente en una sola lista acicateado por el probable hecho de que eso mismo intentará hacer el unionismo. Las elecciones del 21D han acabado siendo el referéndum que se quiso evitar, pero con el régimen de unas elecciones autonómicas, o sea, con el sistema d'Hondt, en donde a los pequeños suele irles mal. De darse los dos bloques, solo quedaría por averiguar qué haría el de los Comunes, cosa en la que también influirá el resultado de la actual trifulca en Podemos entre el centro y la sucursal catalana en torno a la figura de Albano Dante. 

La cuestión viene de inmediato: si, como parece probable, vuelve a salir una mayoría independentista, ¿qué propone hacer el triunvirato nacional? ¿Ignorarlo? ¿Convertir el 155 en el nuevo Estatuto de Cataluña? ¿Repetir las elecciones hasta que los catalanes voten en contra de sus convicciones?

El resultado de esas elecciones deberá ser vinculante.